lunes, 28 de julio de 2008

Chertoff y el terrorismo a la carta

Carlos Fazio

El 18 de julio, por segunda ocasión en lo que va de la gestión de Felipe Calderón, el gabinete de seguridad nacional se reunió a puerta cerrada con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Michael Chertoff. Responsable de la “militarización tecnológica” de la frontera norte para impedir el paso de migrantes indocumentados asimilados a “terroristas”, el halcón Chertoff, quien asesoró a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la aplicación de la tortura cuando era director de asuntos criminales en el Departamento de Justicia, vino a México a reforzar la “necesidad” de la cooperación bilateral en el contexto de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y de la recién promulgada Iniciativa Mérida, la ley que asigna 400 millones de dólares de “ayuda” militar a México y cuya aplicación aquí contempla la imposición de varios mecanismos coercitivos contenidos en la Ley Patriótica de Bush.

Allá, la legislación “antiterrorista” amplió las facultades de la CIA y de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) para espiar a los estadunidenses mediante la intercepción de líneas telefónicas y correos electrónicos, y el cateo secreto de casas, sindicatos, organismos no gubernamentales, así como de periodistas e intelectuales. Eso ahora se aplicará en México bajo el monitoreo de Washington. Sin embargo, para fabricar un consenso favorable a la instauración de un Estado policial en México es necesario generar un “ambiente propicio” y algunos “hechos” que justifiquen el recorte de las libertades públicas.

Pocos recuerdan que, la víspera de la anterior visita de Chertoff a México (febrero 2007), los medios difundieron una supuesta amenaza terrorista de Al Qaeda contra Petróleos Mexicanos (Pemex). El montaje desinformativo llevaba implícita la necesidad de reforzar la “vigilancia” sobre las instalaciones estratégicas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para lo que Chertoff tenía una respuesta utilizada por Washington en otros países: la llegada de “contratistas privados”.

Es decir, de mercenarios subcontratados por el Pentágono. No fue casual que en septiembre del año pasado la empresa SY Coleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, lanzara la convocatoria para reclutar mercenarios que ocuparían puestos de vigilancia aérea en el estado de Veracruz. Los aspirantes debían contar con antecedentes militares mínimos de tres años y tener experiencia en tripulación de aviones y helicópteros. En fecha reciente se reveló la presencia de la empresa Risk Incorporated, con sede en Miami, Florida, que entrenó en tortura sicológica al Grupo Especial Táctico del gobierno de León, Guanajuato, que pertenece al Partido Acción Nacional, autodefinido como “humanista cristiano”.

Con esos antecedentes, no puede llamar a sorpresa que en víspera de la nueva visita de Chertoff se haya registrado una nueva maniobra de propaganda negra con fines subversivos, que involucra a servicios de inteligencia de Estados Unidos, México y algunos periódicos proclives al terrorismo mediático. El objetivo explícito: intentar crear en el inconsciente colectivo la idea de que en México los cárteles de la droga se han configurado ya como narcoterrorismo.

El montaje tuvo como detonante el “hallazgo” de cuatro presuntos “carros bombas” en Culiacán, Sinaloa, lo que dio pie a funcionarios no identificados de los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos para “confirmar el paso de las organizaciones del crimen organizado al narcoterrorismo”. Los cárteles mexicanos, fue el mensaje sembrado, han cambiado de estrategia, adoptando el “estilo Al Qaeda”.

Un día después, fuentes anónimas del Departamento de Estado y de la DEA “informaron” que gatilleros de los cárteles de Sinaloa y del Golfo “aprendían narcoterror en Irán”, lo que ponía en grave riesgo la “seguridad binacional” (sic). ¿Sus instructores? “Las Guardias Revolucionarias Islámicas.”

El supuesto adiestramiento incluiría “lanzacohetes, bazucas, armas automáticas, rifles para francotiradores y explosivos, tácticas, liderazgo y operaciones de comando”. Para completar la trama, tres datos más: 1) El Departamento de Estado “reveló” que los sicarios mexicanos “son enviados a Irán vía Venezuela (…) de donde parten vuelos cada semana (…) y en algunos casos viajan con pasaportes venezolanos”. 2) El cártel de Juárez “envía sus sicarios a Colombia para ser entrenados por las FARC o solicita a ese grupo entrenamiento en México”. 3) “Miembros de grupos extremistas han contraído matrimonio con mexicanas” y los varones “se han cambiado los nombres árabes a hispanos”, lo que les ha permitido “ingresar” a Estados Unidos, además de “financiar los campos de entrenamiento en la frontera”. ¡Vaya notición!

La implantación en un medio de circulación nacional de “información” sobre la presunta existencia de narcoterrorismo en México –aderezada con la pesca conjunta (tecnología de EU-marines mexicanos) de un narcosubmarino frente a las costas de Oaxaca–, abonaron de manera conveniente la llegada de Chertoff al país. Cabe recordar que el montaje dio inicio con los autos bombas, ninguno de los cuales explotó ni mató civiles y que fueron “hallados” por casualidad, no se sabe bien por quién (¿El Ejército? ¿La PGR? ¿La AFI?). Se trata de las mismas tácticas de guerra sicológica utilizadas para invadir Irak con base en maquinaciones como “las armas de destrucción masiva”.

En la coyuntura, en vísperas de movilizaciones masivas en defensa del petróleo, del entrampamiento gubernamental en torno a los desaparecidos del EPR y el estrechamiento del cerco militar contra el EZLN en Chiapas, es posible que sectores del régimen, coludidos con la comunidad de inteligencia de EU, recurran al narcoterrorismo para colombianizar al país. Después seguirá la entrega de los recursos geoestratégicos al capital trasnacional.

lunes, 14 de julio de 2008

La mafiocracia colombiana

Carlos Fazio

Uno. Colombia, hoy, es un para-Estado de tipo delincuencial y mafioso. Álvaro Uribe es el primer presidente de los narcotraficantes y los paramilitares. La simbiosis entre paramilitarismo, narcotráfico y una ideología neofascista para combatir a las guerrillas de las FARC y el ELN y a otras expresiones del pueblo organizado se apoderó de las ramas del poder público y las instituciones. Durante sus dos mandatos, Uribe ha legalizado e institucionalizado el paramilitarismo y sus estructuras económicas y armadas, que han sido incorporadas a la maquinaria de guerra oficial. Además de favorecer los negocios criminales y brindar protección estatal a las mafias de la narcoparapolítica, Uribe practica el terrorismo de Estado y la lucha contrainsurgente en beneficio de una oligarquía genocida y clasista y grandes compañías multinacionales.

El Plan Colombia de Estados Unidos y la política de “seguridad democrática” de Uribe son un mismo plan de guerra. A la oligarquía, Uribe y la familia Santos (a la que pertenecen el vicepresidente y el ministro de Defensa) no les interesa acabar con el conflicto armado porque se benefician con el actual modelo de dominación y acumulación capitalista. A George W. Bush tampoco, porque su administración y la anterior militarizaron Colombia y la convirtieron en un portaviones terrestre del Pentágono para la desestabilización y recolonización de Sudamérica. El principal paradigma del régimen militarista de Uribe es el jefe del Ejército, general Mario Montoya, héroe de la Operación Jaque, al que abrazó y besó Ingrid Betancourt tras su liberación.

Connotado carnicero, hombre de Washington, Montoya fue creador de una unidad terrorista clandestina (la Alianza Anticomunista Americana) y como jefe castrense ha participado en matanzas de civiles en los departamentos de Putumayo y Chocó, y en la ciudad de Medellín. Más de 15 mil desaparecidos, 3 mil 500 fosas comunes, 4 millones de desplazados de guerra y el asesinato de mil 700 indígenas, 2 mil 550 sindicalistas y más de 5 mil miembros de la Unión Patriótica develan la “democracia” colombiana.

Dos. Aunque queda mucho por aclarar después de la ópera bufa protagonizada por las autoridades colombianas, la participación directa de militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos e Israel, y probablemente de Francia, en la operación clandestina que “rescató” a 15 prisioneros de guerra de las FARC –entre ellos Ingrid Betancourt y tres agentes encubiertos de Washington–, puso en evidencia que en Colombia se está jugando algo más que un conflicto interno. Lo novedoso es que por primera vez, de manera pública y notoria, la administración de Bush admitió que está metida directamente en el conflicto.

El Pentágono y su peón Uribe libran en Colombia una guerra sicológica. Nada en la llamada Operación Jaque estuvo librado a la improvisación. El manejo de la información-desinformación por sus planificadores siguió pautas y tiempos predeterminados en el contexto de una propaganda de guerra. Como dice Luis Britto, hoy, incluso las guerras de liberación “no se pelean ya en los campos de batalla, sino en las pantallas”. También es cierto que ningún conflicto, incluido el colombiano, se resolverá con decretos mediáticos y puestas en escena hollywoodescas.

El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, declaró que el resultado de la operación fue producto de una “intensa cooperación militar” entre el Pentágono y el alto mando militar colombiano, equiparando incluso esa alianza con la que Washington mantiene con los militares europeos de la OTAN. “Los satélites espías (estadunidenses) ayudaron a ubicar a los rehenes (los militares colombianos), instalaron equipos de vigilancia de video proporcionados por Estados Unidos, que pueden hacer acercamientos y tomas panorámicas operadas a control remoto a lo largo de ríos, única ruta de transporte a través de densas zonas selváticas (…) aviones de reconocimiento (de Estados Unidos) interceptaron conversaciones por radio y teléfono satelital de los rebeldes y emplearon imágenes que pueden penetrar el follaje de la selva”, admitieron fuentes gubernamentales en Washington. Es obvio que Brownfield no sufrió un ataque de espontaneidad. Tampoco el portavoz del Consejo de Seguridad estadunidense Gordon Johndroe, ni el jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, quienes reconocieron que el gobierno de Bush proporcionó “ayuda específica” para la operación.

La participación del Mossad y del Shin Beht (los servicios secretos israelíes) también cobró mayor visibilidad. En particular, la confirmación de la presencia en Colombia del general retirado Israel Ziv, ex miembro del Estado Mayor del ejército israelí y ex jefe de la Brigada Givati que invadió el campo de refugiados de Al Amal, en Gaza, y que figura hoy en la nómina de la fuerza de tarea contra el terrorismo, adscrita al Consejo de Seguridad bajo las órdenes del secretario Michael Chertoff, en Washington. Otras dos cartas “quemadas” son Gal Hirsh, ex alto oficial en la zona norte de Israel durante la última guerra en Líbano, y Yossi Kuperwasser, ex director del servicio de investigación de la inteligencia militar israelí.

Tres. El 26 de junio, la Corte Suprema de Justicia sentenció que la relección de Uribe fue resultado del delito de cohecho, por lo que su actual periodo de gobierno carece de legitimación constitucional. Ahora, la mafiocracia colombiana podría derivar en una dictadura civil plebiscitaria sostenida por el poder de las armas. A su vez, es prematuro entonar un réquiem por las FARC, a pesar de los golpes recibidos. Cuando los polvos se asienten, las FARC seguirán siendo un referente de la realidad colombiana. En cambio, Uribe, quien carga con un amplio dossier por sus nexos con elnarcoparamilitarismo, es desechable para Washington. Igual que Somoza y tantos otros antes en la historia.