lunes, 11 de agosto de 2008

Las guerras de Bush y Calderón

Carlos Fazio

Bajo la apariencia de un estado de excepción no declarado, pero efectivo, desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 la administración de George W. Bush ha procedido a la demolición sistemática del orden constitucional estadunidense. En nombre de los imperativos de seguridad, arrogándose poderes extrajudiciales, mediante decretos secretos y decisiones presidenciales arbitrarias devenidas en prácticas normales del Estado, el jefe de la Casa Blanca ha instituido operaciones ilegales de espionaje interior y, envuelto en guerras preventivas en el exterior, ha recurrido a la tortura “legalizada” y al secuestro-desaparición de presuntos terroristas, manteniendo bajo arresto indefinido a millares de “enemigos no combatientes” que están recluidos en un archipiélago de cárceles clandestinas y “prisiones flotantes” bajo control del Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Desde un comienzo, en lo que después se supo que formaba parte de un plan secreto prestablecido –que aprovechó su “oportunidad” tras los atentados del 11/S, presuntamente provocados por un “enemigo asimétrico” y “desterritorializado”, pero siempre oportuno, Al Qaeda–, la deconstrucción del orden constitucional se desplegó en un contexto de guerra indefinida, omnipresente, sin fronteras espaciales ni temporales. En 2002, al presentar la estrategia de seguridad nacional en la Casa Blanca, Bush asimiló la “vulnerabilidad” de Estados Unidos ante el “terrorismo” a una “nueva condición de vida”. Así, desde comienzos del siglo XXI la “guerra contra el terrorismo” fue concebida para ser librada de manera simultánea en varios países por muchos años. En 2006, la nueva versión de la estrategia de seguridad nacional planteaba: “Estados Unidos vive los primeros años de una larga lucha, una situación parecida a la que enfrentó nuestro país al principio de la guerra fría”.

En un estado de emergencia permanente, la excepción se convierte en regla. En el caso de Estados Unidos, la guerra se convirtió en el fundamento ontológico del Estado. Todos estos años Bush ha gobernado mediante el miedo, estimulando el nacionalismo y explotando los prejuicios raciales y étnico-religiosos de sus connacionales. El inflamiento del poder de Al Qaeda y otras amenazas terroríficas podrían parecer caricaturescos si no se tratara de un método de gobierno que sirve para ocultar las intenciones autoritarias del Estado y los fines de dominio imperial y neocolonial. Es un juego peligroso que alimenta los odios esencialistas de quienes son considerados el Otro, el enemigo, el bárbaro. En el caso de Medio Oriente, el “choque de civilizaciones” del propagandista Samuel Huntington se ha ido convirtiendo poco a poco en una profecía autocumplida.

Por distintas consideraciones –entre ellas la existencia de petróleo, gas natural, agua y biodiversidad, y la emergencia en la coyuntura de una resistencia civil pacífica que, aunque atomizada, está en la búsqueda de alternativas al actual sistema de dominación por distintos canales legales, parlamentarios o antisistémicos–, uno de los escenarios privilegiados de la guerra perpetua de Bush en América Latina es México. Aquí, igual que en Colombia, la modalidad de la intervención estadunidense adoptó la forma de guerra al narcoterrorismo, mediante la inclusión de facto de México en el “perímetro de seguridad” de Estados Unidos, vía la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, símil del Plan Colombia.

En el reparto del papel, la representación nativa con fines propagandísticos y autolegitimadores corresponde a Felipe Calderón, con sus dramatizaciones convenencieras, sus ínfulas de artillero letal (“Vamos goleando al narco”, Calderón dixit), sus purgas y sus irritados “Ya basta”. Igual que las confrontaciones bélicas de su tutor Bush, la “guerra” de Calderón contra el “crimen organizado” y la “impunidad” está envuelta en chantajes, despropósitos de tintes goebbelianos y afanes de control hegemónico. Pero no hay que confundirse: el modelo de Bush para México es el de la “colombianización” del país. En el marco de un sistema que protege la corrupción-impunidad de las cadenas criminales incrustadas en las instituciones del Estado, la banca y las grandes empresas, la receta es más narcoparapolítica, mano dura, tortura, detenciones-desapariciones, guerra sucia, mercenarismo, criminalización de la protesta social, militarización de la sociedad. El objetivo de Estados Unidos es sumir al país en el caos y la desestabilización para poder penetrar los organismos de seguridad del Estado, diluir aún más la soberanía nacional y acentuar la dependencia.

En ese esquema de dominación, tendiente a la conformación de una república bananera de nuevo tipo en México, la narcoviolencia –con sus carros bombas fallidos, sus minisubmarinos sicotrópicos de ocasión y sus pintorescas conexiones iraníes–, puede asumir la forma del “enemigo asimétrico” y “desterritorializado”, necesario para colocar al país en el contexto de una guerra infinita que derive en un estado de excepción permanente. Para ello, como en Colombia, Washington y sus cómplices locales vienen desplegando una guerra sicológica de largo alcance y recurren al terrorismo mediático. Es decir, a la propaganda desestabilizadora de las cadenas de radio y televisión bajo control monopólico, legitimadoras del régimen, y funcionales a la hora de manufacturar hechos y consensos. Para allá vamos. Sólo que, como en el caso del “choque de civilizaciones” huntingtoniano, el comandante en jefe Calderón también podría ver su profecía autocumplida.

lunes, 28 de julio de 2008

Chertoff y el terrorismo a la carta

Carlos Fazio

El 18 de julio, por segunda ocasión en lo que va de la gestión de Felipe Calderón, el gabinete de seguridad nacional se reunió a puerta cerrada con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Michael Chertoff. Responsable de la “militarización tecnológica” de la frontera norte para impedir el paso de migrantes indocumentados asimilados a “terroristas”, el halcón Chertoff, quien asesoró a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la aplicación de la tortura cuando era director de asuntos criminales en el Departamento de Justicia, vino a México a reforzar la “necesidad” de la cooperación bilateral en el contexto de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y de la recién promulgada Iniciativa Mérida, la ley que asigna 400 millones de dólares de “ayuda” militar a México y cuya aplicación aquí contempla la imposición de varios mecanismos coercitivos contenidos en la Ley Patriótica de Bush.

Allá, la legislación “antiterrorista” amplió las facultades de la CIA y de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) para espiar a los estadunidenses mediante la intercepción de líneas telefónicas y correos electrónicos, y el cateo secreto de casas, sindicatos, organismos no gubernamentales, así como de periodistas e intelectuales. Eso ahora se aplicará en México bajo el monitoreo de Washington. Sin embargo, para fabricar un consenso favorable a la instauración de un Estado policial en México es necesario generar un “ambiente propicio” y algunos “hechos” que justifiquen el recorte de las libertades públicas.

Pocos recuerdan que, la víspera de la anterior visita de Chertoff a México (febrero 2007), los medios difundieron una supuesta amenaza terrorista de Al Qaeda contra Petróleos Mexicanos (Pemex). El montaje desinformativo llevaba implícita la necesidad de reforzar la “vigilancia” sobre las instalaciones estratégicas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para lo que Chertoff tenía una respuesta utilizada por Washington en otros países: la llegada de “contratistas privados”.

Es decir, de mercenarios subcontratados por el Pentágono. No fue casual que en septiembre del año pasado la empresa SY Coleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, lanzara la convocatoria para reclutar mercenarios que ocuparían puestos de vigilancia aérea en el estado de Veracruz. Los aspirantes debían contar con antecedentes militares mínimos de tres años y tener experiencia en tripulación de aviones y helicópteros. En fecha reciente se reveló la presencia de la empresa Risk Incorporated, con sede en Miami, Florida, que entrenó en tortura sicológica al Grupo Especial Táctico del gobierno de León, Guanajuato, que pertenece al Partido Acción Nacional, autodefinido como “humanista cristiano”.

Con esos antecedentes, no puede llamar a sorpresa que en víspera de la nueva visita de Chertoff se haya registrado una nueva maniobra de propaganda negra con fines subversivos, que involucra a servicios de inteligencia de Estados Unidos, México y algunos periódicos proclives al terrorismo mediático. El objetivo explícito: intentar crear en el inconsciente colectivo la idea de que en México los cárteles de la droga se han configurado ya como narcoterrorismo.

El montaje tuvo como detonante el “hallazgo” de cuatro presuntos “carros bombas” en Culiacán, Sinaloa, lo que dio pie a funcionarios no identificados de los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos para “confirmar el paso de las organizaciones del crimen organizado al narcoterrorismo”. Los cárteles mexicanos, fue el mensaje sembrado, han cambiado de estrategia, adoptando el “estilo Al Qaeda”.

Un día después, fuentes anónimas del Departamento de Estado y de la DEA “informaron” que gatilleros de los cárteles de Sinaloa y del Golfo “aprendían narcoterror en Irán”, lo que ponía en grave riesgo la “seguridad binacional” (sic). ¿Sus instructores? “Las Guardias Revolucionarias Islámicas.”

El supuesto adiestramiento incluiría “lanzacohetes, bazucas, armas automáticas, rifles para francotiradores y explosivos, tácticas, liderazgo y operaciones de comando”. Para completar la trama, tres datos más: 1) El Departamento de Estado “reveló” que los sicarios mexicanos “son enviados a Irán vía Venezuela (…) de donde parten vuelos cada semana (…) y en algunos casos viajan con pasaportes venezolanos”. 2) El cártel de Juárez “envía sus sicarios a Colombia para ser entrenados por las FARC o solicita a ese grupo entrenamiento en México”. 3) “Miembros de grupos extremistas han contraído matrimonio con mexicanas” y los varones “se han cambiado los nombres árabes a hispanos”, lo que les ha permitido “ingresar” a Estados Unidos, además de “financiar los campos de entrenamiento en la frontera”. ¡Vaya notición!

La implantación en un medio de circulación nacional de “información” sobre la presunta existencia de narcoterrorismo en México –aderezada con la pesca conjunta (tecnología de EU-marines mexicanos) de un narcosubmarino frente a las costas de Oaxaca–, abonaron de manera conveniente la llegada de Chertoff al país. Cabe recordar que el montaje dio inicio con los autos bombas, ninguno de los cuales explotó ni mató civiles y que fueron “hallados” por casualidad, no se sabe bien por quién (¿El Ejército? ¿La PGR? ¿La AFI?). Se trata de las mismas tácticas de guerra sicológica utilizadas para invadir Irak con base en maquinaciones como “las armas de destrucción masiva”.

En la coyuntura, en vísperas de movilizaciones masivas en defensa del petróleo, del entrampamiento gubernamental en torno a los desaparecidos del EPR y el estrechamiento del cerco militar contra el EZLN en Chiapas, es posible que sectores del régimen, coludidos con la comunidad de inteligencia de EU, recurran al narcoterrorismo para colombianizar al país. Después seguirá la entrega de los recursos geoestratégicos al capital trasnacional.

lunes, 14 de julio de 2008

La mafiocracia colombiana

Carlos Fazio

Uno. Colombia, hoy, es un para-Estado de tipo delincuencial y mafioso. Álvaro Uribe es el primer presidente de los narcotraficantes y los paramilitares. La simbiosis entre paramilitarismo, narcotráfico y una ideología neofascista para combatir a las guerrillas de las FARC y el ELN y a otras expresiones del pueblo organizado se apoderó de las ramas del poder público y las instituciones. Durante sus dos mandatos, Uribe ha legalizado e institucionalizado el paramilitarismo y sus estructuras económicas y armadas, que han sido incorporadas a la maquinaria de guerra oficial. Además de favorecer los negocios criminales y brindar protección estatal a las mafias de la narcoparapolítica, Uribe practica el terrorismo de Estado y la lucha contrainsurgente en beneficio de una oligarquía genocida y clasista y grandes compañías multinacionales.

El Plan Colombia de Estados Unidos y la política de “seguridad democrática” de Uribe son un mismo plan de guerra. A la oligarquía, Uribe y la familia Santos (a la que pertenecen el vicepresidente y el ministro de Defensa) no les interesa acabar con el conflicto armado porque se benefician con el actual modelo de dominación y acumulación capitalista. A George W. Bush tampoco, porque su administración y la anterior militarizaron Colombia y la convirtieron en un portaviones terrestre del Pentágono para la desestabilización y recolonización de Sudamérica. El principal paradigma del régimen militarista de Uribe es el jefe del Ejército, general Mario Montoya, héroe de la Operación Jaque, al que abrazó y besó Ingrid Betancourt tras su liberación.

Connotado carnicero, hombre de Washington, Montoya fue creador de una unidad terrorista clandestina (la Alianza Anticomunista Americana) y como jefe castrense ha participado en matanzas de civiles en los departamentos de Putumayo y Chocó, y en la ciudad de Medellín. Más de 15 mil desaparecidos, 3 mil 500 fosas comunes, 4 millones de desplazados de guerra y el asesinato de mil 700 indígenas, 2 mil 550 sindicalistas y más de 5 mil miembros de la Unión Patriótica develan la “democracia” colombiana.

Dos. Aunque queda mucho por aclarar después de la ópera bufa protagonizada por las autoridades colombianas, la participación directa de militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos e Israel, y probablemente de Francia, en la operación clandestina que “rescató” a 15 prisioneros de guerra de las FARC –entre ellos Ingrid Betancourt y tres agentes encubiertos de Washington–, puso en evidencia que en Colombia se está jugando algo más que un conflicto interno. Lo novedoso es que por primera vez, de manera pública y notoria, la administración de Bush admitió que está metida directamente en el conflicto.

El Pentágono y su peón Uribe libran en Colombia una guerra sicológica. Nada en la llamada Operación Jaque estuvo librado a la improvisación. El manejo de la información-desinformación por sus planificadores siguió pautas y tiempos predeterminados en el contexto de una propaganda de guerra. Como dice Luis Britto, hoy, incluso las guerras de liberación “no se pelean ya en los campos de batalla, sino en las pantallas”. También es cierto que ningún conflicto, incluido el colombiano, se resolverá con decretos mediáticos y puestas en escena hollywoodescas.

El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, declaró que el resultado de la operación fue producto de una “intensa cooperación militar” entre el Pentágono y el alto mando militar colombiano, equiparando incluso esa alianza con la que Washington mantiene con los militares europeos de la OTAN. “Los satélites espías (estadunidenses) ayudaron a ubicar a los rehenes (los militares colombianos), instalaron equipos de vigilancia de video proporcionados por Estados Unidos, que pueden hacer acercamientos y tomas panorámicas operadas a control remoto a lo largo de ríos, única ruta de transporte a través de densas zonas selváticas (…) aviones de reconocimiento (de Estados Unidos) interceptaron conversaciones por radio y teléfono satelital de los rebeldes y emplearon imágenes que pueden penetrar el follaje de la selva”, admitieron fuentes gubernamentales en Washington. Es obvio que Brownfield no sufrió un ataque de espontaneidad. Tampoco el portavoz del Consejo de Seguridad estadunidense Gordon Johndroe, ni el jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, quienes reconocieron que el gobierno de Bush proporcionó “ayuda específica” para la operación.

La participación del Mossad y del Shin Beht (los servicios secretos israelíes) también cobró mayor visibilidad. En particular, la confirmación de la presencia en Colombia del general retirado Israel Ziv, ex miembro del Estado Mayor del ejército israelí y ex jefe de la Brigada Givati que invadió el campo de refugiados de Al Amal, en Gaza, y que figura hoy en la nómina de la fuerza de tarea contra el terrorismo, adscrita al Consejo de Seguridad bajo las órdenes del secretario Michael Chertoff, en Washington. Otras dos cartas “quemadas” son Gal Hirsh, ex alto oficial en la zona norte de Israel durante la última guerra en Líbano, y Yossi Kuperwasser, ex director del servicio de investigación de la inteligencia militar israelí.

Tres. El 26 de junio, la Corte Suprema de Justicia sentenció que la relección de Uribe fue resultado del delito de cohecho, por lo que su actual periodo de gobierno carece de legitimación constitucional. Ahora, la mafiocracia colombiana podría derivar en una dictadura civil plebiscitaria sostenida por el poder de las armas. A su vez, es prematuro entonar un réquiem por las FARC, a pesar de los golpes recibidos. Cuando los polvos se asienten, las FARC seguirán siendo un referente de la realidad colombiana. En cambio, Uribe, quien carga con un amplio dossier por sus nexos con elnarcoparamilitarismo, es desechable para Washington. Igual que Somoza y tantos otros antes en la historia.

lunes, 30 de junio de 2008

El que paga manda

Carlos Fazio

Como era previsible, el Plan México va. Dólares más, dólares menos, su aprobación nunca estuvo en duda porque se trata de una pieza clave de la estrategia geopolítica de Estados Unidos para el hemisferio. Con la coartada de la guerra al terrorismo y el crimen organizado –como enemigos míticos sustitutos del fantasma comunista–, la administración de George W. Bush militariza las Américas.

No hubo marcha atrás en el Capitolio. Estados Unidos no da cheques en blanco. La naturaleza policiaco-militar del Plan México y su enfoque contrainsurgente se mantienen. La seguridad invade la relación bilateral, con México en un plano subordinado. El régimen de Felipe Calderón sigue la agenda de la Casa Blanca. El “diferendo” entre el Congreso de EU y Calderón era sólo de forma. En los papeles, México no podía quedar como achichincle de Estados Unidos (Carlos Fuentes dixit). Ergo, había que distorsionar la imagen entreguista de Calderón. Se trataba de un mero problema de lenguaje, semántico, pues. Y se solucionó. La Cámara baja y el Senado estadunidense se pusieron de acuerdo para “suavizar” los candados y salvarle la cara a Calderón. La famosa “corresponsabilidad compartida” entre Estados Unidos y México, países asimétricos, es un engañabobos; forma parte de la matriz publicitaria del régimen, amplificada por la prensa patriotera cipaya.

El presidente Bush promulgará la ley HR6028 y Washington evaluará la marcha de los programas de seguridad diseñados para México por el Pentágono y la comunidad de inteligencia. Se acelerará la militarización de la sociedad mexicana. Según el documento legislativo devuelto a Bush para su aprobación, las fuerzas armadas y los distintos cuerpos policiales de México serán sometidos a vigilancia externa. No le hagan al cuento. Los círculos militares, de inteligencia y de seguridad estadunidenses penetrarán aún más a sus contrapartes en México, igual que hicieron antes en Colombia. Pero hay otros ganadores: grandes corporaciones del complejo militar industrial harán pingües negocios con sus aviones, sus helicópteros y sus programas de espionaje, control computarizado y entrenamiento.

Las estrategias militares, de interdicción y fumigación en materia de narcotráfico han fracasado. Allí está el espejo colombiano: desde 2000 Washington ha “invertido” en Colombia 6 mil millones de dólares, y el informe 2007 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen indica que la superficie de cultivo se incrementó 27 por ciento y el país andino se mantiene como principal proveedor de cocaína al mercado de Estados Unidos. Igual ocurre con el opio en Afganistán, bajo la ocupación del Pentágono y sus aliados. De la “guerra al terrorismo” ni se diga. Son programas fallidos, pero permiten a Washington fortalecer su influencia militar, a la vez que son útiles para imponer una “paz social” que dé seguridad a las políticas económicas en favor de las compañías multinacionales con casa matriz en el país vecino.

El Plan México se vendió como un plan de “asistencia” militar para tres años (2008-2010). Pero adquirirá carácter permanente. Igual ocurrió en Colombia. El asunto es más grave porque aquí ha sido incorporado de facto a “Norteamérica” como nueva dimensión geográfica, con su reminiscencia nazi de “espacio vital”. México forma parte del “perímetro de seguridad” de EU y su territorio está monitoreado por el Comando Norte. Poco a poco el Pentágono ha ido cerrando el “tercer vínculo” de la relación bilateral: el militar. Este aspecto, que tiene que ver con la “integración profunda” de México a Estados Unidos, los “corredores del TLCAN”, la militarización de la frontera y la migración indocumentada como sinónimo de terrorismo.

El Plan México será el brazo militar de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, en su porción subdesarrollada. Como dijo el subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Thomas Shannon, con el ASPAN “estamos blindando el TLCAN”. El ASPAN es el TLC militarizado. Y ahora, el Plan México será también el gendarme del Proyecto Mesoamérica (el ex Plan Puebla Panamá). Bajo el paraguas de la “ley Gestapo” y otras contrarreformas legales se militarizará la vida pública, y se incrementarán el espionaje interno y la criminalización de la protesta social y de “los jóvenes”. Desaparecerán las líneas divisorias entre la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y los opositores políticos del régimen. La disidencia será estigmatizada como el “enemigo interno”. Persistirán las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la tortura.

Esa tendencia llevará a la constitución de un Estado policial y paramilitar en México, de tipo contrainsurgente y subordinado a las directivas del Pentágono. Es posible, como dice la canciller Patricia Espinosa, que en un comienzo no vengan militares de Estados Unidos ni se construyan bases yanquis en territorio mexicano. Pero llegarán disfrazados los ejércitos mercenarios de compañías privadas como Blackwater, Dyncorp, SyColeman y Triple Canopo, subcontratados por el Departamento de Estado para la guerra sucia y acciones encubiertas de desestabilización. Después, en 2009, oficiales de alto rango del Ejército y la Armada de México participarán en los juegos de guerra contra el terrorismo (Topoff 5), en Vancouver, junto a efectivos de Estados Unidos y Canadá. Y se cerrará el círculo.

Bush heredará un México totalmente alineado con las políticas imperiales, proclive a ser utilizado como cabeza de playa en la batalla ideológica contra Cuba, Venezuela y los países progresistas del área. Se trata de una estrategia peligrosa que pondrá en riesgo las relaciones de México con los países de América Latina. Además, de gratis, México se convertirá en “blanco” de los enemigos de Washington. ¿Qué hacer? La patria está en peligro. México no es Colombia.

domingo, 22 de junio de 2008

La CIA, la ODCA y Calderón

Carlos Fazio


El pasado 13 de marzo, en La Habana, los cancilleres de México y Cuba abrieron una nueva fase en la relación bilateral signada, dijeron, por una “confianza renovada” y el apego a las normas del derecho internacional. Un día después, como parte de una “diplomacia paralela” a la del régimen de Felipe Calderón, el mexicano Manuel Espino, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), inauguraba en San José de Costa Rica el foro “Solidaridad latinoamericana al encuentro de Cuba”. Al término del mismo, los participantes –entre quienes figuraba el ex presidente Vicente Fox– emitieron una declaración en la que pedían permiso a las autoridades cubanas para que una delegación de la ODCA viajara a la isla a entrevistarse con el presidente Raúl Castro, la oposición y la disidencia interna, a fin de promover “una transición política y pacífica” que permita establecer “una economía social de mercado” en Cuba. En el documento de 26 puntos destacaban las habituales demandas vinculadas con los derechos humanos y el libre acceso a “los medios modernos de comunicación, información y nuevas tecnologías”.
Aunque el Directorio Democrático Cubano (DDC), miembro de la ODCA, se desmarcó parcialmente de la Declaración de San José, cabe recordar que sus principales dirigentes, Orlando Gutiérrez y Javier de Céspedes –con el copatrocinio de José María Aznar y la fundación alemana Konrad Adenauer–, abonaron el camino de Fox a la copresidencia de la Internacional Demócrata de Centro (IDC, la antigua Internacional Demócrata Cristiana) y el de Espino a la ODCA, su filial americana.
Creado por la Agencia Central de Inteligencia a comienzos de los años 90 como una organización pantalla para desarrollar actividades hostiles y subversivas contra Cuba, en los últimos años el DDC, uno de los principales grupos de la mafia de Miami, buscó y logró penetrar a la ODCA de Espino y Fox, logrando afianzar una base en México para tales fines.
Desde su surgimiento, el DDC ha sido subvencionado con fondos de los contribuyentes estadunidenses a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID, que depende del Departamento de Estado), la National Endowment for Democracy (NED) y el Instituto Republicano Internacional (IRI). Entre las actividades encomendadas por la CIA a esa organización figuran la fabricación y distribución de propaganda contra Cuba mediante artículos y publicaciones, y organizar seminarios y conferencias en diferentes universidades de Europa y América Latina.
En mayo, forzada por la Oficina de Auditoría del gobierno de Estados Unidos (GAO) a medio transparentar la distribución de los 45 millones de dólares asignados por la administración de Bush para los planes de desestabilización de Cuba durante 2008, la AID reunió a un grupo de organizaciones no gubernamentales afines y acordó promover el envío secreto de material electrónico a la isla a través de “intermediarios” latinoamericanos y europeos, para realizar el trabajo sucio que Washington no puede hacer legalmente.
El jefe para América Latina de la AID, José Cárdenas, ex directivo de la Fundación Nacional Cubano Americana, subrayó ahí la necesidad de introducir a Cuba, en “forma clandestina”, panfletos de propaganda, celulares y equipos de comunicación modernos, computadoras y softwares incluidos. Ante el carácter secreto de la misión, Elaine Grigsby, directora del llamado Proyecto Cuba de la AID, garantizó que si existieran solicitudes de desclasificación de documentos en virtud de la Ley de Libertad de Información, la AID “sólo emitiría un resumen general” y mantendría en secreto los detalles de los programas de cada ONG.
Clara Davis, de la agencia del Departamento de Estado que monitorea los intercambios con Cuba, propuso utilizar las llamadas “licencias humanitarias” para la infiltración de agentes a la isla bajo la cobertura de proyectos vinculados con salud pública, medio ambiente e iniciativas específicas.
La búsqueda de agentes encubiertos extranjeros se intensifica ante las crecientes dificultades que encuentran los diplomáticos de la Sección de Intereses Norteamericana en La Habana (SINA, por sus siglas en inglés) y su jefe, Michael Parmly, para la promoción del terrorismo y la subversión en Cuba.
El 18 y 19 de mayo, la seguridad del Estado exhibió en la televisión cubana videos que comprueban la complicidad de Parmly y otros funcionarios de la misión de Estados Unidos en Cuba, con el terrorista Santiago Álvarez, cuyo dossier fue difundido por la Interpol con alerta roja. Actualmente, Álvarez está preso en Miami, acusado por el FBI de la tenencia ilegal de un cuantioso arsenal (ametralladoras, rifles, explosivos C-4, dinamita, detonadores, munición y un lanzagranadas, según el Miami Herald).
Con un frondoso prontuario, Álvarez, quien condujo en el barco Santrina al terrorista confeso Luis Posada Carriles, autor del crimen de Barbados, en su fuga desde México a Estados Unidos hace un par de años, dirige desde la cárcel la fundación Rescate Jurídico, que por medio de la SINA canaliza fondos a mercenarios proanexionistas residentes en la isla. Parmly fue exhibido como una vulgar “mula” de Álvarez en el trasiego de fondos para la subversión en la isla, en contravención de los acuerdos bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, y del artículo 41 de la Convención de Viena para las Relaciones Diplomáticas.
El viernes 13, en Madrid, Felipe Calderón alentó una “nueva aurora” en términos de derechos humanos y democracia en Cuba. México, vía la ODCA de Fox y Espino, se ha convertido en una guarida de mercenarios y terroristas patrocinados por el Directorio Democrático Cubano. La agenda de la ODCA es la misma de la AID y la CIA. De allí la duda: ¿diplomacia paralela la de Fox-Espino o complementaria de la calderonista?

domingo, 1 de junio de 2008

La certificación militar

Carlos Fazio


Atrapada en medio de fuertes restricciones presupuestarias, y vulnerable al “fuego amigo” de la guerra en Irak y a las hostilidades entre demócratas y republicanos en un año electoral, la llamada Iniciativa Mérida recorre un tortuoso camino en Wa-shington, pero al final pasará, con certificaciones incluidas, porque se trata de una herramienta de penetración de la nación imperial que, entre otros objetivos, persigue la militarización de México y mayor dependencia de las instituciones armadas del país al Pentágono y a la “comunidad de inteligencia” de Estados Unidos.

El paquete de “ayuda” militar propuesto por la administración de Bush en octubre pasado –mejor conocido como Plan México, dado que es una réplica del Plan Colombia– fue aprobado por el Senado estadunidense el pasado 22 de mayo con una serie de condicionamientos y un sensible recorte en su monto. Inicialmente, la solicitud enviada al Congreso era por 500 millones de dólares para el año fiscal 2008, que termina el 30 de septiembre. Pero el Senado otorgó sólo 350 millones de dólares, y además la entrega a México en “especie” de equipo y tecnología de comunicaciones, control de droga y migratorio (hardware y software de inteligencia, escáneres de rayos gama y rayos equis, bases de datos para control biométrico, etcétera), aviones CASA-235, helicópteros Bell-412 (usados) y eventualmente S-70A (o 60L Black Hawk) artillados, barcos patrulleros y adiestramiento policial y militar, quedará sujeta a una serie de fiscalizaciones impuestas por el Capitolio.

Los condicionamientos incluyen una serie de reformas legales y judiciales en México y la elaboración por parte de Washington de una base de datos “para el escrutinio de las corporaciones policiales y militares mexicanas”, a fin de garantizar que quienes reciban la ayuda no estén involucrados en violaciones de derechos humanos o en actos de corrupción. La iniciativa prevé que el Departamento de Estado certifique que México está haciendo cumplir las prohibiciones contra el uso judicial de testimonios obtenidos mediante tortura.

Asimismo, deberá asegurarse de que las fuerzas armadas de México transfieran a fiscales del fuero civil todos los casos de militares involucrados en acusaciones de violaciones a derechos humanitarios. No obstante, el proyecto de ley del Senado deberá ser consensuado ahora con la Cámara de Representantes antes de ser devuelto al presidente Bush, quien podrá promulgarlo o vetarlo. La coyuntura exhibe a un jefe de la Casa Blanca políticamente débil que deberá negociar el paquete con el liderazgo demócrata en la Cámara Baja, donde podrían surgir algunos cambios.

Tras conocerse la resolución, algunas voces señalaron aquí que la nueva fase de “certificaciones” implicaría una “renuncia” a la soberanía nacional. Se denunció también el descarado injerencismo y la rotunda hipocresía de la iniciativa estadunidense, que retrotrae la relación bilateral a los días en que el Departamento de Estado premiaba o castigaba a otros regímenes, no en función de su compromiso con las garantías individuales o por su lucha contra el crimen, sino a partir de afinidades o desencuentros políticos e ideológicos, o bien como forma de ejercer presiones intervencionistas.

Ahora, como antes, al viejo dicho de sentido común universal de “el que paga manda” se suma el déficit de legitimidad de la administración de Bush, campeona de la violación de derechos humanos en el mundo, como ha quedado probado con las atrocidades cometidas por su personal militar en la cárcel de Abu Ghraib (Irak) y en el campo de concentración de Guantánamo, amén de los vuelos secretos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), transportando prisioneros secuestrados, cuya suerte se desconoce.

Hasta ahora, Felipe Calderón no ha emitido ningún comentario sobre los monitoreos propuestos por el Senado estadunidense a la Iniciativa Mérida. La razón es sencilla: desde antes de ser declarado presidente electo, el Comando Norte del Pentágono le había impuesto a Calderón el plan militar con todo y sus condicionamientos, porque México es una pieza esencial del “perímetro de seguridad” de Estados Unidos, al que nuestro país fue “integrado” de facto. Es más: en parte, el Plan México ya viene operando en el contexto de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, marzo 2005), a través de los llamados operativos espejos y la existencia de un intercambio de información de inteligencia en tiempo real de los organismos de seguridad de ambos países.

A la doble moral de Estados Unidos se añade el hecho de que el régimen calderonista ha venido manejando el paquete que aumentará la dependencia militar de México, como un “acuerdo de voluntades”, “compromiso político” o “esquema de cooperación bilateral” de nivel ejecutivo, artilugio para ponerlo al margen del artículo 76, fracción I de la Constitución, que establece como facultad exclusiva del Senado mexicano analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal y aprobar tratados y convenios internacionales.

Así, el Plan México, definido por el embajador de Estados Unidos, Antonio Garza, como el “proyecto más agresivo” jamás impulsado por la Casa Blanca en el Hemisferio Occidental, carece aquí de control legislativo. El hecho es muy grave. México cede soberanía en áreas estratégicas que tienen que ver con la seguridad nacional. Calderón adoptó la agenda de Bush y su óptica militarista. Y no manchen: los cacareados principios de “confianza mutua”, “responsabilidad compartida” y “reciprocidad” entre dos países asimétricos como Estados Unidos y México es una humorada que intenta desafiar la ley que rige la relación entre el tiburón y la sardina.

 

lunes, 19 de mayo de 2008

Un enigma llamado EPR

Carlos Fazio


De manera sorpresiva, el 24 de abril, un par de días después de anunciar la reanudación de sus acciones militares, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) invitó a un grupo de reconocidos miembros de la sociedad civil a que interviniera como mediador en un “diálogo” con el gobierno de Felipe Calderón tendiente a la aparición con vida de dos de sus compañeros detenidos en mayo de 2007. El hecho desató especulaciones, porque el EPR, considerado por los servicios de inteligencia “la guerrilla activa más radical y peligrosa”, se había negado desde su aparición en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1996, a cualquier negociación con las autoridades.

El año pasado, tras la detención-desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el EPR protagonizó sendos sabotajes con bombas contra ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que generaron cuantiosos daños materiales, en lo que fue el inicio de una nueva fase de hostigamiento militar contra objetivos estratégicos en diferentes estados del país. Según sus propios documentos, la guerrilla eperrista es partidaria de todas las formas de lucha; combina las formas legales con las clandestinas, las parlamentarias y las extraparlamentarias, y la resistencia civil pacífica con las acciones militares y la autodefensa de masas. En la etapa actual, dominada por un gobierno que definen como ultraderechista, reaccionario y fraudulento, el EPR había calificado de prioritaria la modalidad de la autodefensa armada de las masas ante el cierre de los espacios legales por el régimen neoliberal de Felipe Calderón, la militarización y paramilitarización del país y el regreso de la tortura, las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales como prácticas de un Estado de tipo contrainsurgente, lo que según la organización armada derivó en un agotamiento de las vías pacíficas de transformación social.

Por eso ahora, la nueva acción política, no armada, del EPR –que no supone una negociación con el gobierno de Calderón ni un reconocimiento de su legitimidad– generó diversas interpretaciones. Entre ellas, que se trata de una “trampa” o “maniobra distractora”, o que propone negociaciones debido a su “debilidad” o “acorralamiento político”. Lo cierto es que han pasado ocho meses de los últimos sabotajes con explosivos en los estados de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, y en ese lapso el EPR se ha venido manifestando mediante comunicados vía Internet, donde exige al gobierno la aparición con vida de sus dos compañeros, bajo amenaza de reanudar las hostilidades.

La propuesta eperrista se dio después de que un conocido militante de la ultraderecha mexicana, José Antonio Sánchez Ortega, vinculado con los servicios de inteligencia, denunció públicamente que Calderón y el EPR estaban “negociando” una tregua militar en lo oscurito. Fue evidente que la “negociación” entre el gobierno y el grupo armado ocasionó cierto malestar en el interior de las fuerzas armadas. El ala “dura”, que considera a los eperristas simples “transgresores de la ley”, recomendó al “comandante supremo” Calderón que se abstenga de reconocer de facto a “otros ejércitos”; piensan que la aceptación tácita a negociar con los “delincuentes” del EPR les da en automático la estatura de ejército.

La denuncia exhibió contradicciones al interior del régimen entre “halcones” y “moderados”. Y si bien la respuesta inicial del gobierno fue condicionar cualquier negociación a una virtual rendición incondicional de la guerrilla (contrapropuesta considerada “alevosa, grosera y tramposa” por el EPR), la marcha atrás gubernamental hizo evidente que Calderón tiene muchos frentes abiertos en lo político y lo militar, por lo que un proceso de negociación con la guerrilla podría desactivar nuevos sabotajes y aminorar las tensiones y la violencia a escala nacional.

Vista así, la ofensiva política del EPR, lejos de expresar debilidad, podría estar obligando al régimen calderonista a definirse en torno al tema de la desaparición forzada de personas, considerado un crimen de lesa humanidad. En ese contexto, documentos de la octava Región Militar con sede en Oaxaca, atribuidos a su comandante, el general Juan Alfredo Oropeza, dieron cuenta de que dos oficiales de la Marina, los tenientes de navío y fragata (respectivamente), Manuel Moreno Rivas y José Manuel Vera Salinas, quienes dirigían las policías ministerial y preventiva de Oaxaca, habrían participado en la detención-desaparición de los dos eperristas. Un día después, la Procuraduría General de la República negó la participación de militares en los hechos.

A su vez, la PGR filtró información que señala como autores intelectuales de sendas desapariciones a gente del círculo íntimo del gobernador Ulises Ruiz, entre ellos un primo del mandatario, Romeo Ruiz. Las investigaciones de la procuraduría apuntan a la desaparecida Unidad Ministerial de Intervención Táctica (UMIT), “grupo de choque” a las órdenes Jorge Franco Vargas, que habría llevado a cabo una guerra sucia contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el EPR. Según un “testigo protegido” de la PGR, la UMIT, integrada por unos 40 agentes de elite de distintas corporaciones policiales, realizaba operaciones ilegales sin uniforme, en automóviles “no oficiales”, con armas largas no registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, y contaba además con equipo electrónico de inteligencia montado en una camioneta y cuatro casas de seguridad.

Lo curioso del caso es que, pese al desmentido de la PGR, en sus propias investigaciones aparece al menos uno de los dos marinos involucrados por la comandancia de la octava Región Militar: José Manuel Vera Salinas, actual jefe policial en Cancún, Quintana Roo. El sorpresivo pase a retiro del general Juan Alfredo Oropeza indica que, sin tirar tiros, el EPR exhibe al gobierno y está haciendo daño.

Convenciones contra el terrorismo

Información proporcionada por el equipo 8 de "terrorismo al por menor" de la generación 2008-2

Hasta la fecha se ha celebrado doce Convenciones que reprimen el terrorismo en campos específicos y limitados. Chile ha ratificado todas

ellas y se encuentran en vigencia. Son las siguientes:

1.- Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (La Haya 1970).

2.- Convención Internacional contra la toma de rehenes (Asamblea Gral.ONU, 1973).

3.- Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional. (Montreal, 1988).

4.- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (Roma, 1988).

5.- Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma 1988);

6.- Convenio sobre marcación de explosivos plásticos para los fines de detección (Montreal, 1991).

7.- Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos abordo de las aeronaves (Tokio, 1963).

8.- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (Montreal 1971).

9.- Convención sobre la prevención y el castigo de los delitos contra las personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (Asamblea General de la ONU, 1973).

10.- Convención sobre la protección física de los materiales nucleares (Viena 1980).

11.- Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo (Asamblea General de la ONU, 1999).

12.- Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas(Asamblea General de la ONU, 1997).


Fuente: Illanes F. Javier, Terrorismo y Derecho Internacional, Pharos (revista semestral de la Universidad de las Américas), Noviembre-Diciembre año 2001 Vol. 8 No. 2, p. 10, Santiago de Chile.