Carlos Fazio
Uno. El asesinato selectivo de Raúl Reyes, principal negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue una acción planificada al detalle por los gobiernos de George W. Bush y Álvaro Uribe, en el contexto de una vasta operación de guerra sicológica inscrita en el Plan Colombia y desarrollada en dos tiempos y varios escenarios.
No fue una “persecución en caliente” ni una acción militar de legítima defensa. Las ejecuciones de Reyes y sus compañeros, incluidos cuatro estudiantes mexicanos, no se produjeron en combate. Cuando la aviación del eje Washington-Bogotá bombardeó el campamento, Reyes y sus acompañentes dormían. Se trató de un golpe quirúrgico, de un asesinato selectivo como los que suelen realizar la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y el Mossad israelí al margen del derecho internacional. Varios malheridos recibieron tiros de gracia. Fue, pues, una masacre, un acto genocida.
Más allá del necrofílico show mediático con fines diversionistas montado por Uribe y el Pentágono, Colombia violó el espacio aéreo y el territorio de Ecuador de manera deliberada. A través del cipayo Uribe, la administración de Bush ha decidido dar visibilidad a su doctrina de guerra preventiva en el hemisferio. Washington ha convertido a Colombia en su portaviones terrestre en el corazón de América del Sur, en su nuevo enclave político-militar en la subregión. Junto con Israel y Egipto, Colombia es el país que recibe más ayuda militar estadunidense.
En los últimos siete años, a un costo de más de 6 mil millones de dólares, Washington ha venido militarizando Colombia, brindado entrenamiento especializado a sus fuerzas armadas (200 mil hombres) y policiales (30 mil), y dotándola de un sofisticado equipo bélico (armamento, helicópteros Black Hawk, una red de siete radares), lo que ha sido complementado con la presencia in situ de mil 500 asesores y fuerzas de elite de la CIA y el Pentágono; docenas de comandos e instructores israelíes, y la subcontratación de corporaciones privadas de seguridad, como DynCorp y TRW, que, entre otras labores, se encargan de producir información de inteligencia. Lo que ha llevado a una mercenarización o tercerización del conflicto interno colombiano. A lo que se suma el uso del paramilitarismo, bajo control del Ejército gubernamental.
Dos. En forma paralela y, como parte de la misma estrategia, el eje Washington-Bogotá montó un verdadero circo mediático, recurriendo a los clásicos trucos sucios de las acciones encubiertas y la propaganda de guerra, para presentar al país agresor como víctima e intentar involucrar a diferentes actores regionales con las FARC.
Escudados en la “seguridad nacional”, durante los conflictos bélicos los gobiernos mienten, tergiversan los datos y calumnian al enemigo, queriendo hacer pasar por información objetiva lo que en realidad es propaganda y/o acciones de guerra sicológica. Para construir la “verdad oficial” se utilizan genéricamente tres tipos de propaganda: blanca, gris o negra.
La propaganda negra es aquella que aduce otra fuente y no la verdadera. Afirma algo que no es posible corroborar con certeza y de esa manera la “información” (propaganda) queda plantada como si fuera una “noticia”. Para encubrir su origen y sus intenciones se la rodea de ambigüedades, secretos y misterios. Verbigracia, la laptop de Reyes.
La guerra sicológica utiliza una caracterización simplista y maniquea (negro/blanco, terrorismo/democracia) para estereotipar al enemigo y aislarlo, recurso efectivo en una “opinión pública” que ha sido religiosamente adoctrinada sobre el bien y el mal desde la cuna. Al utilizar el mito de la guerra, el propagandista busca satanizar al adversario, arrancarle todo viso de humanidad y cosificarlo, de tal modo que eliminarlo no equivalga a cometer un asesinato.
Tres. En la segunda fase de la agresión militar extraterritorial quedó exhibido, una vez más, el papel colaboracionista de los grandes medios electrónicos e impresos de la región, con las operaciones subversivas de Estados Unidos. En la coyuntura, destaca el papel jugado por los diarios afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), primer eslabón creado y financiado por la CIA a finales de la Segunda Guerra Mundial para homogeneizar a la opinión pública de las Américas.
De origen panamericanista y permeada por el espíritu de Coolidge –el presidente de Estados Unidos que en los años 20 del siglo pasado envió los marines a Nicaragua para aplastar a Sandino y a Sacco y Vanzetti a la silla eléctrica–, durante la guerra fría la SIP fue utilizada por Washington para convertir a la “prensa libre” en ecos metálicos de la voz del norte; en mera repetidora de información tergiversada o inventada por la CIA y distribuida por la Agencia de Información al Público de Estados Unidos (USIA). Washington proporcionaba los argumentos y los medios, y los grandes diarios, como ocurre hoy, prestaban sus nombres.
En nuestros días ha sido vergonzoso el papel colaboracionista de varios diarios y comentaristas mexicanos que han seguido al pie de la letra el guión del eje Washington-Bogotá. Con el linchamiento mediático y la criminalización de Lucía Morett y sus compañeros asesinados –bajo el silencio cómplice de Felipe Calderón, socio político e ideológico de Bush y Uribe–, y mediante la fabricación de los presuntos nexos estudiantes de la UNAM-FARC-Círculos Bolivarianos-EPR-narcoguerrilla, la prensa clasista abona el aterrizaje del Plan México, funcional a Estados Unidos para consolidar un bloque militarizado de Canadá hasta Colombia. Con un agregado: la militarización del país y la privatización de Pemex son las dos caras de una misma moneda. Las armas para la represión permitirán al clan Bush y sus compinches apropiarse del “tesoro escondido” en las aguas del Golfo y en todo México.
martes, 25 de marzo de 2008
martes, 11 de marzo de 2008
El conflicto colombiano, a un paso de la vietnamización
MARTES 29 DE AGOSTO DE 2000
* Estados Unidos refuerza la ayuda antiguerrillera
* Por la vía de los hechos se intensifica la lucha contra la insurgencia
Carlos Fazio *
Apenas arrancaba 1998, cuando el diario The Washington Post dijo que la Casa Blanca creía que el ejército colombiano podía perder la guerra contra la insurgencia. Analistas estadunidenses aseguraron entonces que la guerrilla controlaba 40 por ciento del territorio colombiano.
Durante un seminario organizado por la embajada estadunidense en Colombia, el coronel austriaco Edwin Micewsky, experto en liderazgo militar, expresó que ante la diversificación de grupos armados ese país podría quedar dividido en tres. La visión sobre el peligro de una fragmentación del Estado colombiano, en caso de que las autoridades no pudieran recuperar el monopolio de la fuerza, fue compartida por el general Paul Valleley, ex subcomandante del ejército de Estados Unidos en el Pacífico.
Un funcionario de la Casa Blanca declaró que Colombia representaba "una amenaza mayor que Bosnia, pero recibe menos atención. Luego, la política (hacia Colombia) se define por residuo". Según el diagnóstico que entregó entonces al Congreso el jefe del Comando Sur, general Charles Wilhem, los militares colombianos care- cían de estrategia y liderazgo, no tenían moral, afrontaban problemas de indisciplina en sus filas y contaban con una inteligencia "terrible". Esa ev aluación estaba en la base del memorando de cooperación militar suscrito en diciembre de 1998 por el secretario de Defensa, William Cohen, y su homólogo colombiano, Rodrigo Lloreda.
En este contexto se inscribe el viaje que este miércoles comenzará en Colombia el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien desde 1997 comenzó a diseñar su propia agenda para esa nación sudamericana. Quizá el componente más significativo de la gira fue que el mandatario incluyó en su delegación a nueve congresistas, algo que rara vez suele hacer.
En la lista aparece el presidente del Congreso, Dennis Hastert, el tercer hombre más poderoso de Estados Unidos, a quien se le sumarán los republicanos Porter Goss, Bob Graham, Mike de Wine, Doug Bereutr y los demócratas Bill Delahunt, Jim Moran, Ruben Hinojosa y Joseph Biden. Ellos expresan el sello de la continuidad del proyecto intervencionista.
Desde 1997 Washington echó mano de la socorrida estrategia imperial del garrote y la zanahoria. En el plano diplomático apoyó las negociaciones de paz gobierno-guerrilla en Colombia y al presidente Andrés Pastrana. Pero en forma paralela el Pentágono fue alistando las condiciones para la guerra y colocando al conflicto interno colombiano al borde de una vietnamización.
Halcones y palomas
En diciembre de ese año, la "reunión secreta" entre emisarios del Departamento de Estado y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Costa Rica, exhibió esa doble vía que en Estados Unidos enfrenta a halcones y palomas. Peter Romero, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, dijo entonces que Washington no permitiría una Farclandia en los 42 mil kilómetros cuadrados de la zona desmilitarizada por el gobierno y la guerrilla, y condicionó la ayuda para el programa de erradicación de drogas la parte formal del Plan Colombia, que intenta encubrir sus fines contrainsurgentes a una "reinserción" de las FARC a la vida civil.
Romero encarna a los partidarios de la "zanahoria", que insisten en darle una oportunidad a la vía negociada. Allí alinean funcionarios del Departamento de Estado y la Casa Blanca que están a favor de mantener contacto directo con los diversos actores del conflicto armado y de participar de modo activo en las negociaciones, con algunas condiciones como la continuidad de la lucha antinarcóticos, resolver la situación de los ciudadanos estadunidenses secuestrados en Colombia y la obtención de garantías para las empresas e inversiones de aquéllos en ese país.
El grupo "guerrerista" lo integran republicanos de ultraderecha y la Secretaría de Defensa, y promueven la derrota militar de la guerrilla. A comienzos 1998, cuando Washington decidió convertir a Colombia en el tercer receptor mundial de ayuda militar, detrás de Israel y China, con 420 millones de dólares ese año, los estrategas del Pentágono avanzaron un paso más en su plan de recuperar la capacidad operativa del ejército colombiano.
Adam Isaacson, especialista en política de seguridad de la Universidad de Yale, afirmó que entre 1995 y 1999 la ayuda del Pentágono al ejército colombiano se había multiplicado por ocho. Dijo que 95 por ciento de la ayuda se destinó a ese cuerpo y a la Policía. Sólo 5 por ciento se aportó a desarrollo y otros rubros. Washington "está financiando la guerra en Colombia. Se optó por las armas en vez del desarrollo", concluyó. Pero James Zackrison, analista del Pentágono, argumentó que si no hay fuerzas armadas fuertes o "garrote en mano", se le está regalando el país a la guerrilla. Para él, la guerra o el "garrote" es el último instrumento de la diplomacia o la "zanahoria". Zackrison avala la teoría de la narcoguerrilla, que sirve para justificar el desvío de la ayuda antinarcóticos a la guerra contrainsurgente, lo que está prohibido por el Congreso.
El punto nodal del Plan Colombia como parte de la cooperación militar estadunidense que incluye armas, infraestructura de inteligencia y entrenamiento contrainsurgente fue la creación de una fuerza de tarea aerotransportada para combatir a la guerrilla. Analistas de asuntos de inteligencia señalaron que las FARC no intervenían en el narcotráfico, pero permitían los cultivos ilícitos y el transporte de la mercancía. Por eso, congresistas y oficiales del Pentágono propusieron dejar de disfrazar la ayuda militar a Colombia bajo el rubro de "antinarcóticos" y declararla como ayuda contrainsurgente, por ser la guerrilla un "enemigo" para la seguridad nacional estadunidense. Esa posición no obtuvo un consenso inicial, pero se fue instrumentando por la vía de los hechos.
En enero de 1998, el diario colombiano El Espectador reveló que en breve llegarían al país 300 instructores de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, un número indeterminado de expertos en sofisticados aparatos de "inteligencia electrónica" de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y centenares de toneladas de equipo de artillería, transporte y guerra tecnológica.
Los diagnósticos sobre la guerra en Colombia coincidían en determinar que el ejército local no tenía capacidad para localizar al enemigo ni prevenir sus ataques debido a su poca movilidad y a la falta de equipo de "inteligencia electrónica" que le permitieran advertir la movilización de guerrilleros. Por eso, el paquete de ayuda militar incluye la utilización de aviones espías y vigilancia por satélite a las selvas de la Orinoquia y la Amazonia, que podrán proveer imágenes de calor e infrarrojas en las cuales se podrán identificar las concentraciones de combatientes de las FARC en la jungla y monitorear sus comunicaciones, incluyendo su localización.
Los integrantes del primero de los tres batallones de elite fueron seleccionados entre miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta con sede en la recuperada base militar de Tres Esquinas, en Caquetá, donde fueron instalados los receptores de señales que envíen los satélites, los aviones y las tropas de tierra, para constituir un comando de inteligencia que proporcionará información inmediata para y sobre el desarrollo de las operaciones.
Los asesores, "objetivo militar"
El entrenamiento de esa fuerza estuvo destinado a formar una unidad que tuviera capacidad para proteger desde tierra las operaciones aéreas de fumigación de cultivos ilícitos . Eso implicó consolidar posiciones en lo más profundo de la selva y fortalecer el control del ejército sobre el tránsito en los ríos amazónicos, actualmente en poder de las FARC. Tras dos años de preparativos, la tropa tiene una localización exacta de los guerrilleros en la selva, pero tendrá que enfrentarse en combate de tierra con ellos cuando busquen reagruparse o huir por los ríos, previo el ataque aéreo de aviones OV-10 Bronco o de helicópteros artillados Blackhawk, y serán recibidos en el río por lanchas de combate artilladas.
Hace dos años, un vocero de las FARC declaró al noticiero Caracol que los asesores norteamericanos eran considerados "objetivos militares". El 23 de julio de 1999, la caída del avión militar de espionaje estadunidense, Havilland RC-7, en la zona de Putumayo, en el sur colombiano, demostró que el Pentágono estaba interviniendo directamente en el conflicto. Desde marzo de ese año existían informes del Government Accounting Office (GAO, brazo investigativo del Congreso de Estados Unidos) sobre el suministro de inteligencia militar de Washington, vinculada con las actividades guerrilleras, a las fuerzas armadas colombianas.
Analistas de la Universidad Nacional dijeron que el involucramiento de Estados Unidos llevará a una vietnamización del conflicto interno colombiano. Según Adam Isaacson, el Pentágono quiere repetir el modelo de El Salvador. "Estados Unidos empezó a dar ayuda militar a ese país en 1979 (un millón de dólares diarios durante 1984) y la guerra terminó 13 años después. El gobierno no recuperó el área guerrillera, murieron 80 mil personas y hubo un millón de refugiados. Fue un empate en desangre. El Salvador es un mal ejemplo a seguir".
La Casa Blanca utilizó en El Salvador la política del garrote y la zanahoria. La doble vía política y militar. Tras el derrumbe del Muro de Berlín se han reducido de modo sustancial los conflictos de interés estratégico para Estados Unidos. A medida que otras guerras se solucionan, el conflicto colombiano adquiere importancia para el Pentágono, que justifica su enorme presupuesto en función de las guerras en que pueda participar. Sobre todo si se toma en cuenta que el Pentágono tiene la obligación de decirle al Congreso cuánto gasta, pero no en qué emplea el dinero.
* Estados Unidos refuerza la ayuda antiguerrillera
* Por la vía de los hechos se intensifica la lucha contra la insurgencia
Carlos Fazio *
Apenas arrancaba 1998, cuando el diario The Washington Post dijo que la Casa Blanca creía que el ejército colombiano podía perder la guerra contra la insurgencia. Analistas estadunidenses aseguraron entonces que la guerrilla controlaba 40 por ciento del territorio colombiano.
Durante un seminario organizado por la embajada estadunidense en Colombia, el coronel austriaco Edwin Micewsky, experto en liderazgo militar, expresó que ante la diversificación de grupos armados ese país podría quedar dividido en tres. La visión sobre el peligro de una fragmentación del Estado colombiano, en caso de que las autoridades no pudieran recuperar el monopolio de la fuerza, fue compartida por el general Paul Valleley, ex subcomandante del ejército de Estados Unidos en el Pacífico.
Un funcionario de la Casa Blanca declaró que Colombia representaba "una amenaza mayor que Bosnia, pero recibe menos atención. Luego, la política (hacia Colombia) se define por residuo". Según el diagnóstico que entregó entonces al Congreso el jefe del Comando Sur, general Charles Wilhem, los militares colombianos care- cían de estrategia y liderazgo, no tenían moral, afrontaban problemas de indisciplina en sus filas y contaban con una inteligencia "terrible". Esa ev aluación estaba en la base del memorando de cooperación militar suscrito en diciembre de 1998 por el secretario de Defensa, William Cohen, y su homólogo colombiano, Rodrigo Lloreda.
En este contexto se inscribe el viaje que este miércoles comenzará en Colombia el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien desde 1997 comenzó a diseñar su propia agenda para esa nación sudamericana. Quizá el componente más significativo de la gira fue que el mandatario incluyó en su delegación a nueve congresistas, algo que rara vez suele hacer.
En la lista aparece el presidente del Congreso, Dennis Hastert, el tercer hombre más poderoso de Estados Unidos, a quien se le sumarán los republicanos Porter Goss, Bob Graham, Mike de Wine, Doug Bereutr y los demócratas Bill Delahunt, Jim Moran, Ruben Hinojosa y Joseph Biden. Ellos expresan el sello de la continuidad del proyecto intervencionista.
Desde 1997 Washington echó mano de la socorrida estrategia imperial del garrote y la zanahoria. En el plano diplomático apoyó las negociaciones de paz gobierno-guerrilla en Colombia y al presidente Andrés Pastrana. Pero en forma paralela el Pentágono fue alistando las condiciones para la guerra y colocando al conflicto interno colombiano al borde de una vietnamización.
Halcones y palomas
En diciembre de ese año, la "reunión secreta" entre emisarios del Departamento de Estado y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Costa Rica, exhibió esa doble vía que en Estados Unidos enfrenta a halcones y palomas. Peter Romero, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, dijo entonces que Washington no permitiría una Farclandia en los 42 mil kilómetros cuadrados de la zona desmilitarizada por el gobierno y la guerrilla, y condicionó la ayuda para el programa de erradicación de drogas la parte formal del Plan Colombia, que intenta encubrir sus fines contrainsurgentes a una "reinserción" de las FARC a la vida civil.
Romero encarna a los partidarios de la "zanahoria", que insisten en darle una oportunidad a la vía negociada. Allí alinean funcionarios del Departamento de Estado y la Casa Blanca que están a favor de mantener contacto directo con los diversos actores del conflicto armado y de participar de modo activo en las negociaciones, con algunas condiciones como la continuidad de la lucha antinarcóticos, resolver la situación de los ciudadanos estadunidenses secuestrados en Colombia y la obtención de garantías para las empresas e inversiones de aquéllos en ese país.
El grupo "guerrerista" lo integran republicanos de ultraderecha y la Secretaría de Defensa, y promueven la derrota militar de la guerrilla. A comienzos 1998, cuando Washington decidió convertir a Colombia en el tercer receptor mundial de ayuda militar, detrás de Israel y China, con 420 millones de dólares ese año, los estrategas del Pentágono avanzaron un paso más en su plan de recuperar la capacidad operativa del ejército colombiano.
Adam Isaacson, especialista en política de seguridad de la Universidad de Yale, afirmó que entre 1995 y 1999 la ayuda del Pentágono al ejército colombiano se había multiplicado por ocho. Dijo que 95 por ciento de la ayuda se destinó a ese cuerpo y a la Policía. Sólo 5 por ciento se aportó a desarrollo y otros rubros. Washington "está financiando la guerra en Colombia. Se optó por las armas en vez del desarrollo", concluyó. Pero James Zackrison, analista del Pentágono, argumentó que si no hay fuerzas armadas fuertes o "garrote en mano", se le está regalando el país a la guerrilla. Para él, la guerra o el "garrote" es el último instrumento de la diplomacia o la "zanahoria". Zackrison avala la teoría de la narcoguerrilla, que sirve para justificar el desvío de la ayuda antinarcóticos a la guerra contrainsurgente, lo que está prohibido por el Congreso.
El punto nodal del Plan Colombia como parte de la cooperación militar estadunidense que incluye armas, infraestructura de inteligencia y entrenamiento contrainsurgente fue la creación de una fuerza de tarea aerotransportada para combatir a la guerrilla. Analistas de asuntos de inteligencia señalaron que las FARC no intervenían en el narcotráfico, pero permitían los cultivos ilícitos y el transporte de la mercancía. Por eso, congresistas y oficiales del Pentágono propusieron dejar de disfrazar la ayuda militar a Colombia bajo el rubro de "antinarcóticos" y declararla como ayuda contrainsurgente, por ser la guerrilla un "enemigo" para la seguridad nacional estadunidense. Esa posición no obtuvo un consenso inicial, pero se fue instrumentando por la vía de los hechos.
En enero de 1998, el diario colombiano El Espectador reveló que en breve llegarían al país 300 instructores de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, un número indeterminado de expertos en sofisticados aparatos de "inteligencia electrónica" de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y centenares de toneladas de equipo de artillería, transporte y guerra tecnológica.
Los diagnósticos sobre la guerra en Colombia coincidían en determinar que el ejército local no tenía capacidad para localizar al enemigo ni prevenir sus ataques debido a su poca movilidad y a la falta de equipo de "inteligencia electrónica" que le permitieran advertir la movilización de guerrilleros. Por eso, el paquete de ayuda militar incluye la utilización de aviones espías y vigilancia por satélite a las selvas de la Orinoquia y la Amazonia, que podrán proveer imágenes de calor e infrarrojas en las cuales se podrán identificar las concentraciones de combatientes de las FARC en la jungla y monitorear sus comunicaciones, incluyendo su localización.
Los integrantes del primero de los tres batallones de elite fueron seleccionados entre miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta con sede en la recuperada base militar de Tres Esquinas, en Caquetá, donde fueron instalados los receptores de señales que envíen los satélites, los aviones y las tropas de tierra, para constituir un comando de inteligencia que proporcionará información inmediata para y sobre el desarrollo de las operaciones.
Los asesores, "objetivo militar"
El entrenamiento de esa fuerza estuvo destinado a formar una unidad que tuviera capacidad para proteger desde tierra las operaciones aéreas de fumigación de cultivos ilícitos . Eso implicó consolidar posiciones en lo más profundo de la selva y fortalecer el control del ejército sobre el tránsito en los ríos amazónicos, actualmente en poder de las FARC. Tras dos años de preparativos, la tropa tiene una localización exacta de los guerrilleros en la selva, pero tendrá que enfrentarse en combate de tierra con ellos cuando busquen reagruparse o huir por los ríos, previo el ataque aéreo de aviones OV-10 Bronco o de helicópteros artillados Blackhawk, y serán recibidos en el río por lanchas de combate artilladas.
Hace dos años, un vocero de las FARC declaró al noticiero Caracol que los asesores norteamericanos eran considerados "objetivos militares". El 23 de julio de 1999, la caída del avión militar de espionaje estadunidense, Havilland RC-7, en la zona de Putumayo, en el sur colombiano, demostró que el Pentágono estaba interviniendo directamente en el conflicto. Desde marzo de ese año existían informes del Government Accounting Office (GAO, brazo investigativo del Congreso de Estados Unidos) sobre el suministro de inteligencia militar de Washington, vinculada con las actividades guerrilleras, a las fuerzas armadas colombianas.
Analistas de la Universidad Nacional dijeron que el involucramiento de Estados Unidos llevará a una vietnamización del conflicto interno colombiano. Según Adam Isaacson, el Pentágono quiere repetir el modelo de El Salvador. "Estados Unidos empezó a dar ayuda militar a ese país en 1979 (un millón de dólares diarios durante 1984) y la guerra terminó 13 años después. El gobierno no recuperó el área guerrillera, murieron 80 mil personas y hubo un millón de refugiados. Fue un empate en desangre. El Salvador es un mal ejemplo a seguir".
La Casa Blanca utilizó en El Salvador la política del garrote y la zanahoria. La doble vía política y militar. Tras el derrumbe del Muro de Berlín se han reducido de modo sustancial los conflictos de interés estratégico para Estados Unidos. A medida que otras guerras se solucionan, el conflicto colombiano adquiere importancia para el Pentágono, que justifica su enorme presupuesto en función de las guerras en que pueda participar. Sobre todo si se toma en cuenta que el Pentágono tiene la obligación de decirle al Congreso cuánto gasta, pero no en qué emplea el dinero.
Paramilitar y con rasgos neofascistas, el gobierno de Uribe: Comisión Intereclesial
México D.F. Martes 5 de agosto de 2003
Medios e Iglesia católica avalan la "mano dura" del mandatario colombiano
El Poder Ejecutivo y las fuerzas militares, fuertes; Legislativo y Judicial, debilitados
CARLOS FAZIO ENVIADO
Santafe de Bogota. La violencia y el terror no cesan y lo impregnan todo. La mención de los "violentos" y su contraparte "salvadora", las fuerzas armadas, es cotidiana en los medios masivos con un sentido uniforme y unidireccional en su manejo maniqueo: gobierno "víctima", guerrilla "culpable". Unanimidad peligrosa, de mercadeo de imagen y guerra sicológica, de culto al jefe del Ejecutivo, concentrada, sin disonancias, manipuladora. Que cuestiona al que protesta y lo estigmatiza como "izquierdista" o "subversivo", para luego aislarlo, anularlo o silenciarlo.
Sacrificados en el altar de la seguridad nacional, el desmonte de los derechos humanos es ostensible. Pero de eso no se habla y mucho menos se informa. Como tampoco tiene rango de noticia la destrucción cotidiana del tejido social. Una realidad con un alto saldo sonante y contable en víctimas de carne y hueso; de asesinados, desaparecidos, torturados y desplazados de manera forzosa. De pérdidas, despojos y rupturas. De cifras escalofriantes que dibujan el escenario de una catástrofe humanitaria: 68 por ciento de la población (30 millones) vive en condiciones de pobreza absoluta y más de 11 millones bajo la línea de indigencia, es decir, no dispone del ingreso de un dólar diario. A ello se suma el desplazamiento forzoso de 2 millones 900 mil personas, no sólo como producto de la guerra, sino también de una estrategia oficial inscrita en una dinámica de control de población y territorial, como forma de concentración violenta de la tierra en manos de un puñado de terratenientes (1.3 por ciento de propietarios posee 48 por ciento de la tierra) y corporaciones multinacionales.
Todo eso forma parte de la otra guerra detrás de la guerra. La de la propaganda. Una guerra oculta que ha permitido al bloque de poder en Colombia, el Grupo Santo Domingo, emporio cervecero con ramificaciones en Perú y Panamá; el Grupo Sudamericana, propietario de los principales bancos con fuertes intereses en las industrias alimenticia, textilera y cementera, y al Grupo Aval, cuyo propietario, Luis Carlos Sarmiento, posee 25 por ciento del capital financiero del país, ir desarrollando una opinión pública contrainsurgente. Y, finalmente, poner en el puesto de mando al hombre que está concentrando todos sus esfuerzos en la promoción de la guerra y su ejercicio, y que prometió acabar con la insurgencia armada en 18 meses: Alvaro Uribe Vélez, el "aliado de Washington", a quien muchos definen ya como "presidente de los paramilitares".
Fujimorismo desembozado
Portadora de un pasado con aroma a narcotráfico, la gestión presidencial de Uribe (Medellín, 1952) nació en agosto del año pasado bajo el signo de un autoritarismo de nuevo tipo que él no tiene empacho en exhibir. En tan corto lapso ha sido, el suyo, un gobierno de "mano dura" que no permite presagiar nada bueno para los colombianos y que podría derivar en lo que algunas voces de la llamada sociedad civil no dudan en tipificar como un "Estado fascista" en ciernes.
Partidario de la "guerra total" contra los alzados de izquierda, Uribe persigue el exterminio o la derrota militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del debilitado Ejército de Liberación Nacional (ELN), o su rendición incondicional en una mesa de negociaciones. En forma paralela, y con el aval de la jerarquía de la Iglesia católica local, hace unas semanas firmó un acuerdo para la presunta desmovilización y regularización de los grupos armados derechistas integrados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que incluye a sus principales jefes militares, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, prototipos del narcoparamilitarismo, cuya extradición ha sido pedida por Estados Unidos.
El gobierno de "manos libres" de Uribe, que no puede disimular cierto tufillo fujimorista, ha venido dando pasos firmes y constantes hacia un objetivo bien definido: la centralización del poder en el Ejecutivo, la potenciación de la fuerza militar, el debilitamiento progresivo de los poderes Legislativo y Judicial y la creación de un clima de miedo y terror permanentes. Apoyado en el estado de conmoción interna, una medida constitucional de carácter excepcional que recorta las garantías civiles y políticas y a cuyo amparo se ha venido legislando, Uribe busca trascender ahora hacia un régimen de seguridad permanente, el estatuto antiterrorista, que lo provea de las herramientas jurídicas y operativas para la guerra contrainsurgente y que a la vez salvaguarde la impunidad de las fuerzas armadas. Como botón de muestra, la iniciativa, que busca el fortalecimiento del fuero militar, convierte en actos de servicio cualquier delito cometido por integrantes del estamento castrense.
La lógica que permea la nueva política de "seguridad democrática" gubernamental, con eje en el "enemigo interno", tiene sustento en la vieja doctrina contrainsurgente de la seguridad nacional y empata ciento por ciento con la "guerra al terrorismo" de la administración Bush. Hace unas semanas el Senado aprobó una iniciativa de reforma constitucional que permite a las fuerzas militares hacer arrestos y allanamientos, así como interceptar comunicaciones y correspondencia, sin orden judicial. A su vez, remedo de la ley patriótica estadunidense a la colombiana, el estatuto antiterrorista está dirigido a la construcción de una superestructura estatal de neto corte autoritario que busca consolidar la militarización de la sociedad.
Mano dura con agua bendita
Pero Alvaro Uribe no es un improvisado. Heredero de una de las familias de terratenientes más acaudaladas de Antioquia, fue alcalde de Medellín cuando el capo Pablo Escobar era el rey de la región y también gobernador de su estado natal, periodo en el cual organizó una red de cooperativas de seguridad y vigilancia privada, conocidas como Convivir, identificada por los observadores locales como una forma encubierta de las autodefensas o grupos paramilitares de extrema derecha, adscritas a la lucha contrainsurgente bajo el patrocinio y control del ejército.
Para Danilo Rueda, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, el gobierno de Alvaro Uribe está abocado a "la construcción de un Estado militar neofascista", en el marco de "un proyecto de guerra contrainsurgente" que abarca a toda la sociedad. En ese escenario, dice, el acuerdo firmado entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia forma parte de un plan para "normalizar" la estrategia irregular del "Estado paramilitar" que el mismo Uribe ayudó a crear hace varios años.
Por eso, a su juicio, "no se trata de una negociación. Negociación supone un diálogo entre dos partes. Pero esto es un monólogo. El Ejecutivo colombiano actual y las AUC son parte de un mismo cuerpo". Añade que el paramilitarismo constituye hoy un "poder político" con representación en el Congreso nacional (35 por ciento de los legisladores) y que tiene en el propio mandatario a su máximo exponente. Pero también constituye un "poder social", ya que con base en una dinámica de matanzas y violencia terrorista, seguida de políticas de "participación comunitaria" en los territorios "conquistados" bajo cobertura oficial, los paramilitares lograron "cooptar" sindicatos obreros y organizaciones campesinas, imponiendo finalmente "su ley y orden".
"Un poder paramilitar que también abarca la espiritualidad", dice Rueda, ya que con el aval de la jerarquía de la Iglesia católica local se viene impulsando desde el gobierno una política "de reconciliación con fórmulas de reparación del daño sui generis: el genocida pide perdón, estrecha la mano de su víctima y le pide trabajar juntos por el progreso. Esa es la reconciliación". De esa forma, "el alma, con sus anhelos y utopías, de quienes luchan por un proyecto de vida frente al proyecto de muerte gubernamental, es apropiada por una estrategia macabra dirigida contra toda la sociedad".
Una estrategia de "seguridad democrática" que fue bendecida por el cardenal primado de Colombia, Pedro Rubiano, presidente de la Conferencia Episcopal, el 7 de agosto de 2002, cuando tras su visita protocolar al Palacio de Nariño en el periodo de la transmisión de mando sentenció: "El país necesita mano dura". Monseñor Rubiano no hacía sino ratificar la posición de Roma, simbolizada en la misa de acción de gracias que celebró el cardenal Darío Castrillón, prefecto de una congregación vaticana, con la familia de Alvaro Uribe en Medellín, tras la victoria electoral del antioqueño.
Medios e Iglesia católica avalan la "mano dura" del mandatario colombiano
El Poder Ejecutivo y las fuerzas militares, fuertes; Legislativo y Judicial, debilitados
CARLOS FAZIO ENVIADO
Santafe de Bogota. La violencia y el terror no cesan y lo impregnan todo. La mención de los "violentos" y su contraparte "salvadora", las fuerzas armadas, es cotidiana en los medios masivos con un sentido uniforme y unidireccional en su manejo maniqueo: gobierno "víctima", guerrilla "culpable". Unanimidad peligrosa, de mercadeo de imagen y guerra sicológica, de culto al jefe del Ejecutivo, concentrada, sin disonancias, manipuladora. Que cuestiona al que protesta y lo estigmatiza como "izquierdista" o "subversivo", para luego aislarlo, anularlo o silenciarlo.
Sacrificados en el altar de la seguridad nacional, el desmonte de los derechos humanos es ostensible. Pero de eso no se habla y mucho menos se informa. Como tampoco tiene rango de noticia la destrucción cotidiana del tejido social. Una realidad con un alto saldo sonante y contable en víctimas de carne y hueso; de asesinados, desaparecidos, torturados y desplazados de manera forzosa. De pérdidas, despojos y rupturas. De cifras escalofriantes que dibujan el escenario de una catástrofe humanitaria: 68 por ciento de la población (30 millones) vive en condiciones de pobreza absoluta y más de 11 millones bajo la línea de indigencia, es decir, no dispone del ingreso de un dólar diario. A ello se suma el desplazamiento forzoso de 2 millones 900 mil personas, no sólo como producto de la guerra, sino también de una estrategia oficial inscrita en una dinámica de control de población y territorial, como forma de concentración violenta de la tierra en manos de un puñado de terratenientes (1.3 por ciento de propietarios posee 48 por ciento de la tierra) y corporaciones multinacionales.
Todo eso forma parte de la otra guerra detrás de la guerra. La de la propaganda. Una guerra oculta que ha permitido al bloque de poder en Colombia, el Grupo Santo Domingo, emporio cervecero con ramificaciones en Perú y Panamá; el Grupo Sudamericana, propietario de los principales bancos con fuertes intereses en las industrias alimenticia, textilera y cementera, y al Grupo Aval, cuyo propietario, Luis Carlos Sarmiento, posee 25 por ciento del capital financiero del país, ir desarrollando una opinión pública contrainsurgente. Y, finalmente, poner en el puesto de mando al hombre que está concentrando todos sus esfuerzos en la promoción de la guerra y su ejercicio, y que prometió acabar con la insurgencia armada en 18 meses: Alvaro Uribe Vélez, el "aliado de Washington", a quien muchos definen ya como "presidente de los paramilitares".
Fujimorismo desembozado
Portadora de un pasado con aroma a narcotráfico, la gestión presidencial de Uribe (Medellín, 1952) nació en agosto del año pasado bajo el signo de un autoritarismo de nuevo tipo que él no tiene empacho en exhibir. En tan corto lapso ha sido, el suyo, un gobierno de "mano dura" que no permite presagiar nada bueno para los colombianos y que podría derivar en lo que algunas voces de la llamada sociedad civil no dudan en tipificar como un "Estado fascista" en ciernes.
Partidario de la "guerra total" contra los alzados de izquierda, Uribe persigue el exterminio o la derrota militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del debilitado Ejército de Liberación Nacional (ELN), o su rendición incondicional en una mesa de negociaciones. En forma paralela, y con el aval de la jerarquía de la Iglesia católica local, hace unas semanas firmó un acuerdo para la presunta desmovilización y regularización de los grupos armados derechistas integrados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que incluye a sus principales jefes militares, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, prototipos del narcoparamilitarismo, cuya extradición ha sido pedida por Estados Unidos.
El gobierno de "manos libres" de Uribe, que no puede disimular cierto tufillo fujimorista, ha venido dando pasos firmes y constantes hacia un objetivo bien definido: la centralización del poder en el Ejecutivo, la potenciación de la fuerza militar, el debilitamiento progresivo de los poderes Legislativo y Judicial y la creación de un clima de miedo y terror permanentes. Apoyado en el estado de conmoción interna, una medida constitucional de carácter excepcional que recorta las garantías civiles y políticas y a cuyo amparo se ha venido legislando, Uribe busca trascender ahora hacia un régimen de seguridad permanente, el estatuto antiterrorista, que lo provea de las herramientas jurídicas y operativas para la guerra contrainsurgente y que a la vez salvaguarde la impunidad de las fuerzas armadas. Como botón de muestra, la iniciativa, que busca el fortalecimiento del fuero militar, convierte en actos de servicio cualquier delito cometido por integrantes del estamento castrense.
La lógica que permea la nueva política de "seguridad democrática" gubernamental, con eje en el "enemigo interno", tiene sustento en la vieja doctrina contrainsurgente de la seguridad nacional y empata ciento por ciento con la "guerra al terrorismo" de la administración Bush. Hace unas semanas el Senado aprobó una iniciativa de reforma constitucional que permite a las fuerzas militares hacer arrestos y allanamientos, así como interceptar comunicaciones y correspondencia, sin orden judicial. A su vez, remedo de la ley patriótica estadunidense a la colombiana, el estatuto antiterrorista está dirigido a la construcción de una superestructura estatal de neto corte autoritario que busca consolidar la militarización de la sociedad.
Mano dura con agua bendita
Pero Alvaro Uribe no es un improvisado. Heredero de una de las familias de terratenientes más acaudaladas de Antioquia, fue alcalde de Medellín cuando el capo Pablo Escobar era el rey de la región y también gobernador de su estado natal, periodo en el cual organizó una red de cooperativas de seguridad y vigilancia privada, conocidas como Convivir, identificada por los observadores locales como una forma encubierta de las autodefensas o grupos paramilitares de extrema derecha, adscritas a la lucha contrainsurgente bajo el patrocinio y control del ejército.
Para Danilo Rueda, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, el gobierno de Alvaro Uribe está abocado a "la construcción de un Estado militar neofascista", en el marco de "un proyecto de guerra contrainsurgente" que abarca a toda la sociedad. En ese escenario, dice, el acuerdo firmado entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia forma parte de un plan para "normalizar" la estrategia irregular del "Estado paramilitar" que el mismo Uribe ayudó a crear hace varios años.
Por eso, a su juicio, "no se trata de una negociación. Negociación supone un diálogo entre dos partes. Pero esto es un monólogo. El Ejecutivo colombiano actual y las AUC son parte de un mismo cuerpo". Añade que el paramilitarismo constituye hoy un "poder político" con representación en el Congreso nacional (35 por ciento de los legisladores) y que tiene en el propio mandatario a su máximo exponente. Pero también constituye un "poder social", ya que con base en una dinámica de matanzas y violencia terrorista, seguida de políticas de "participación comunitaria" en los territorios "conquistados" bajo cobertura oficial, los paramilitares lograron "cooptar" sindicatos obreros y organizaciones campesinas, imponiendo finalmente "su ley y orden".
"Un poder paramilitar que también abarca la espiritualidad", dice Rueda, ya que con el aval de la jerarquía de la Iglesia católica local se viene impulsando desde el gobierno una política "de reconciliación con fórmulas de reparación del daño sui generis: el genocida pide perdón, estrecha la mano de su víctima y le pide trabajar juntos por el progreso. Esa es la reconciliación". De esa forma, "el alma, con sus anhelos y utopías, de quienes luchan por un proyecto de vida frente al proyecto de muerte gubernamental, es apropiada por una estrategia macabra dirigida contra toda la sociedad".
Una estrategia de "seguridad democrática" que fue bendecida por el cardenal primado de Colombia, Pedro Rubiano, presidente de la Conferencia Episcopal, el 7 de agosto de 2002, cuando tras su visita protocolar al Palacio de Nariño en el periodo de la transmisión de mando sentenció: "El país necesita mano dura". Monseñor Rubiano no hacía sino ratificar la posición de Roma, simbolizada en la misa de acción de gracias que celebró el cardenal Darío Castrillón, prefecto de una congregación vaticana, con la familia de Alvaro Uribe en Medellín, tras la victoria electoral del antioqueño.
Convertir a paramilitares en "soldados campesinos", la nueva fórmula de Uribe
México D.F. Miércoles 6 de agosto de 2003
Los acuerdos del presidente con las Autodefensas, otra fase del conflicto en Colombia
De escuadrones de la muerte, los paras pasaron a ser verdaderos ejércitos locales
CARLOS FAZIO ENVIADO
Bogota. Los oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que actúan en Colombia los llaman la "contra" en alusión a los grupos campesinos irregulares entrenados, armados y financiados por Washington que operaron en Nicaragua contra el gobierno sandinista en los años 80. Ellos se hacen llamar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Son los paramilitares, vieja arma eficaz del terrorismo de Estado, que en este país evolucionaron de escuadrones de la muerte a verdaderos ejércitos locales que controlan territorios, haciendas, vidas y conciencias.
Hace dos semanas, el gobierno de Alvaro Uribe anunció la concreción de un acuerdo con las AUC, como un primer paso para iniciar una negociación con miras a desmovilizar a cerca de 13 mil paramilitares antes de 2005. Los paras han sido acusados de crímenes de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos, y varios de sus jefes militares, entre ellos Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra, tienen pedido de extradición de Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, lo que, en principio, plantea un serio problema al plan "normalizador" de Uribe.
Sin embargo, existen elementos que indican que el presidente colombiano viene actuando con el consenso de Washington. No sólo porque desde un principio la embajadora saliente de Estados Unidos en Colombia, Anne Patterson, anunció que su país financiará durante los dos primeros años la desmovilización de los paramilitares, sino porque en el origen mismo de las negociaciones aparece la mano de la central de inteligencia estadunidense. Entre marzo y mayo pasados, en una misión clasificada bajo el rótulo de "ultrasecreta", tres emisarios realizaron contactos directos con los principales jefes de las AUC a nombre de la CIA. El objetivo de la operación encubierta fue lograr una fórmula de acuerdo para desmovilizar a los principales grupos irregulares; la entrega de información sobre el negocio del narcotráfico (rutas de la droga, lavado de activos y nuevos jefes de la organización delictiva), y datos sobre la guerrilla de las FARC. A cambio de ello ofrecieron trasladar a Estados Unidos a los principales jefes "contras" y a sus familias.
Otra clave del asunto tiene que ver con la función que han cumplido hasta ahora esos grupos de violencia privada, como herramienta eficaz en las tareas de contrarreforma agraria, control de población y territorios y de la guerra sucia contrainsurgente dirigida por las fuerzas armadas contra el "enemigo interno". En ese sentido, grupos humanitarios y de la sociedad civil consideran que los "acuerdos" de Uribe con las AUC apuntan a una "legalización" y reconfiguración de los paramilitares como "soldados campesinos", la nueva fórmula impulsada por el mandatario colombiano con claras reminiscencias fujimoristas. El proceso abarcaría además una "normalización" de la estrategia irregular del Estado paramilitar en tránsito hacia un Estado militar de rasgos fascistas.
Reingeniería castrense made in USA
Lo anterior embona a su vez con los avances registrados por el Pentágono en sus labores de reingeniería militar en las fuerzas armadas locales, bajo la cobertura del Plan Colombia y con fondos millonarios de la Defensa y del Congreso estadunidenses. Estas actividades comprenden la formación bajo asesoría estadunidense y de empresas de "contratistas" (mercenarios) de nuevos batallones contrainsurgentes de elite en zonas bajo control de la guerrilla o de importancia geoeconómica previstas para el desarrollo de megaproyectos de capital multinacional (explotación petrol era, hidroeléctricas, canal interoceánico, agroindustrias); la restructuración del estamento castrense en áreas de planeación, logística, entrenamiento, doctrina, estrategia, inteligencia, reclutamiento y técnicas de interrogatorio; el suministro de equipos militares, armamento, helicópteros, aparatos e infraestructura de aviación para apoyar vuelos de naves espías y de combate, provistas de radares aire a aire y de modernos equipos de comunicación y sistemas de imagen infrarroja (FLIR, por sus siglas en inglés) para operaciones nocturnas, así como el emplazamiento de una red de radares en tierra diseminados por todo el territorio colombiano.
El contexto se complementa con el presupuesto para la "guerra total" solicitado por Uribe al Congreso, como parte de un plan que comprende duplicar el número de soldados profesionales, el llamado a filas de reservistas y la vinculación de un millón de informantes pagos para actividades de inteligencia y lucha contra la "subversión"; los denominados "soldados campesinos", remedo de las "rondas campesinas" institucionalizadas por Alberto Fujimori en el Perú, con estatuto de "fuerzas complementarias" de las instituciones castrenses en la lucha contrainsurgente.
Es en ese contexto que se entiende la presunta desmovilización de parte de los paramilitares de las AUC, que habrán de disolverse en el millón de "amigos" de las fuerzas armadas, obteniendo impunidad por sus numerosos crímenes de lesa humanidad, con el agravante de que su actividad militar irregular estará legalizada.
Génesis del paramilitarismo
En la pasada coyuntura electoral colombiana, la red alternativa de comunicación Vientos del Sur formulaba una sugerente pregunta: "¿Cómo llegaron los escuadrones de la muerte al poder en Colombia?" La alusión implícita a Alvaro Uribe y a la adopción del paramilitarismo como programa de gobierno no dejaba lugar a dudas. ¿Pero cómo se dio ese fenómeno?
Existen varios estudios sobre el proceso de paramilitarización del actual Estado colombiano, pero muy pocos recogen un dato significativo: el origen de los paramilitares hay que buscarlo en 1962, dos años antes de la formación de las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Ese año, un análisis de inteligencia del Pentágono "identificó al Macizo Andino colombiano (eje del actual Plan Colombia) como un territorio clave. Y ya entonces, incluso antes de que surgiera la insurgencia armada en la región -dice el investigador Hernando Gómez-, el estudio recomendaba al ejército local la instalación allí de grupos de sabotaje y paramilitares".
Pero además, el surgimiento del paramilitarismo como una necesidad del Estado colombiano para el mantenimiento del statu quo en tiempos de guerra, está conectado con las políticas de seguridad diseñadas para América Latina por el presidente estadunidense John F. Kennedy, precisamente en 1962. En un discurso en la academia militar de Westpoint, Kennedy concluía: "Contrainsurgencia son aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, sicológicas y cívicas adoptadas por un gobierno con el fin de derrotar una insurrección subversiva".
La práctica posterior del paramilitarismo, vía los escuadrones de la muerte y otras formaciones irregulares armadas, vino a demostrar que es una modalidad de guerra sucia de la contrainsurgencia clásica o su variable de guerra de baja intensidad. En Malasia y Kenia los ingleses crearon los Homes Guards; en Vietnam los estadounidenses utilizaron a los Boinas Verdes en su estrategia de guerra irregular dirigida a "ganar la mente y los corazones" de la población local; la región latinoamericana conoció los escuadrones de la muerte tipo la Triple A de Argentina o el Comando Caza Tupamaros de Uruguay en los 60, que fueron reconvertidos más tarde en Patrullas de Autodefensa Civil en Guatemala y El Salvador, pasando por la autodefensa popular en el Perú de Fujimori, institucionalizadas luego como Rondas Campesinas y Urbanas, del que se nutren las Autodefensas Unidas de Colombia, hasta llegar a los grupos paramilitares de Chiapas (México), Máscara Roja, Paz y Justicia y Los Chinchulines.
Una definición más reciente de este accionar encubierto del Estado, indica que "paramilitar constituye una actividad anexa o auxiliar de lo militar pero que al mismo tiempo la deforma, desvía o desnaturaliza. En su raíz más honda, el paramilitarismo se sustenta en la difumación de las fronteras entre lo civil y lo militar, y asume dos manifestaciones complementarias: el uso de civiles en el accionar militar y el accionar de militares subespecie civil sustentadas en la necesidad de oscurecer, encubrir, esconder, ocultar, de eludir responsabilidades, fingir identidades, disfrazar acciones, falsificar realidades, poner murallas a las investigaciones, imposibilitar esclarecimientos, confundir, engañar y obstruir la búsqueda de la verdad y obstaculizar la justicia; en otros términos, es de su esencia como ocurrió en la Alemania nazi establecer un imperio de Noche y Niebla" (red alternativa Viento del Sur).
Un elemento que hermana a todas las expresiones del paramilitarismo latinoamericano es que surgieron en el contexto de una doctrina de seguridad nacional de cuño estadunidense, con eje en el "enemigo interno", lo que evidencia su conexión ideológica (ayer contra la "subversión comunista", hoy contra el "terrorismo") y operativa como miembros adscritos a las fuerzas armadas locales, ya sea que se proclamen paramilitares, autodefensas o grupos de justicia privadas. En todos los casos su función es confundir, ocultar o encubrir la responsabilidad del Estado y sus cuerpos de seguridad, de manera que su clandestinidad evite cualquier enjuiciamiento legal o ético del accionar gubernamental.
Atravesada por una guerra civil de 40 años, Colombia no es la excepción. Pero tal vez aquí, incluso con mayores grados de violencia y barbarie, es donde el paramilitarismo responde a una instrumentación intencional y planeada del Estado como modelo de desarrollo de carácter desintegrador de la sociedad. Un modelo que combina transformaciones de tipo económico fundamental en el agro, con una "reforma agraria" reaccionaria hecha desde el poder dominante y al servicio de sus intereses. Ahí deben incluirse los megaproyectos de las multinacionales amparados por el Plan Colombia, primos hermanos de los que están previstos en el Plan Puebla-Panamá para México y Centroamérica.
Los acuerdos del presidente con las Autodefensas, otra fase del conflicto en Colombia
De escuadrones de la muerte, los paras pasaron a ser verdaderos ejércitos locales
CARLOS FAZIO ENVIADO
Bogota. Los oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que actúan en Colombia los llaman la "contra" en alusión a los grupos campesinos irregulares entrenados, armados y financiados por Washington que operaron en Nicaragua contra el gobierno sandinista en los años 80. Ellos se hacen llamar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Son los paramilitares, vieja arma eficaz del terrorismo de Estado, que en este país evolucionaron de escuadrones de la muerte a verdaderos ejércitos locales que controlan territorios, haciendas, vidas y conciencias.
Hace dos semanas, el gobierno de Alvaro Uribe anunció la concreción de un acuerdo con las AUC, como un primer paso para iniciar una negociación con miras a desmovilizar a cerca de 13 mil paramilitares antes de 2005. Los paras han sido acusados de crímenes de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos, y varios de sus jefes militares, entre ellos Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra, tienen pedido de extradición de Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, lo que, en principio, plantea un serio problema al plan "normalizador" de Uribe.
Sin embargo, existen elementos que indican que el presidente colombiano viene actuando con el consenso de Washington. No sólo porque desde un principio la embajadora saliente de Estados Unidos en Colombia, Anne Patterson, anunció que su país financiará durante los dos primeros años la desmovilización de los paramilitares, sino porque en el origen mismo de las negociaciones aparece la mano de la central de inteligencia estadunidense. Entre marzo y mayo pasados, en una misión clasificada bajo el rótulo de "ultrasecreta", tres emisarios realizaron contactos directos con los principales jefes de las AUC a nombre de la CIA. El objetivo de la operación encubierta fue lograr una fórmula de acuerdo para desmovilizar a los principales grupos irregulares; la entrega de información sobre el negocio del narcotráfico (rutas de la droga, lavado de activos y nuevos jefes de la organización delictiva), y datos sobre la guerrilla de las FARC. A cambio de ello ofrecieron trasladar a Estados Unidos a los principales jefes "contras" y a sus familias.
Otra clave del asunto tiene que ver con la función que han cumplido hasta ahora esos grupos de violencia privada, como herramienta eficaz en las tareas de contrarreforma agraria, control de población y territorios y de la guerra sucia contrainsurgente dirigida por las fuerzas armadas contra el "enemigo interno". En ese sentido, grupos humanitarios y de la sociedad civil consideran que los "acuerdos" de Uribe con las AUC apuntan a una "legalización" y reconfiguración de los paramilitares como "soldados campesinos", la nueva fórmula impulsada por el mandatario colombiano con claras reminiscencias fujimoristas. El proceso abarcaría además una "normalización" de la estrategia irregular del Estado paramilitar en tránsito hacia un Estado militar de rasgos fascistas.
Reingeniería castrense made in USA
Lo anterior embona a su vez con los avances registrados por el Pentágono en sus labores de reingeniería militar en las fuerzas armadas locales, bajo la cobertura del Plan Colombia y con fondos millonarios de la Defensa y del Congreso estadunidenses. Estas actividades comprenden la formación bajo asesoría estadunidense y de empresas de "contratistas" (mercenarios) de nuevos batallones contrainsurgentes de elite en zonas bajo control de la guerrilla o de importancia geoeconómica previstas para el desarrollo de megaproyectos de capital multinacional (explotación petrol era, hidroeléctricas, canal interoceánico, agroindustrias); la restructuración del estamento castrense en áreas de planeación, logística, entrenamiento, doctrina, estrategia, inteligencia, reclutamiento y técnicas de interrogatorio; el suministro de equipos militares, armamento, helicópteros, aparatos e infraestructura de aviación para apoyar vuelos de naves espías y de combate, provistas de radares aire a aire y de modernos equipos de comunicación y sistemas de imagen infrarroja (FLIR, por sus siglas en inglés) para operaciones nocturnas, así como el emplazamiento de una red de radares en tierra diseminados por todo el territorio colombiano.
El contexto se complementa con el presupuesto para la "guerra total" solicitado por Uribe al Congreso, como parte de un plan que comprende duplicar el número de soldados profesionales, el llamado a filas de reservistas y la vinculación de un millón de informantes pagos para actividades de inteligencia y lucha contra la "subversión"; los denominados "soldados campesinos", remedo de las "rondas campesinas" institucionalizadas por Alberto Fujimori en el Perú, con estatuto de "fuerzas complementarias" de las instituciones castrenses en la lucha contrainsurgente.
Es en ese contexto que se entiende la presunta desmovilización de parte de los paramilitares de las AUC, que habrán de disolverse en el millón de "amigos" de las fuerzas armadas, obteniendo impunidad por sus numerosos crímenes de lesa humanidad, con el agravante de que su actividad militar irregular estará legalizada.
Génesis del paramilitarismo
En la pasada coyuntura electoral colombiana, la red alternativa de comunicación Vientos del Sur formulaba una sugerente pregunta: "¿Cómo llegaron los escuadrones de la muerte al poder en Colombia?" La alusión implícita a Alvaro Uribe y a la adopción del paramilitarismo como programa de gobierno no dejaba lugar a dudas. ¿Pero cómo se dio ese fenómeno?
Existen varios estudios sobre el proceso de paramilitarización del actual Estado colombiano, pero muy pocos recogen un dato significativo: el origen de los paramilitares hay que buscarlo en 1962, dos años antes de la formación de las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Ese año, un análisis de inteligencia del Pentágono "identificó al Macizo Andino colombiano (eje del actual Plan Colombia) como un territorio clave. Y ya entonces, incluso antes de que surgiera la insurgencia armada en la región -dice el investigador Hernando Gómez-, el estudio recomendaba al ejército local la instalación allí de grupos de sabotaje y paramilitares".
Pero además, el surgimiento del paramilitarismo como una necesidad del Estado colombiano para el mantenimiento del statu quo en tiempos de guerra, está conectado con las políticas de seguridad diseñadas para América Latina por el presidente estadunidense John F. Kennedy, precisamente en 1962. En un discurso en la academia militar de Westpoint, Kennedy concluía: "Contrainsurgencia son aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, sicológicas y cívicas adoptadas por un gobierno con el fin de derrotar una insurrección subversiva".
La práctica posterior del paramilitarismo, vía los escuadrones de la muerte y otras formaciones irregulares armadas, vino a demostrar que es una modalidad de guerra sucia de la contrainsurgencia clásica o su variable de guerra de baja intensidad. En Malasia y Kenia los ingleses crearon los Homes Guards; en Vietnam los estadounidenses utilizaron a los Boinas Verdes en su estrategia de guerra irregular dirigida a "ganar la mente y los corazones" de la población local; la región latinoamericana conoció los escuadrones de la muerte tipo la Triple A de Argentina o el Comando Caza Tupamaros de Uruguay en los 60, que fueron reconvertidos más tarde en Patrullas de Autodefensa Civil en Guatemala y El Salvador, pasando por la autodefensa popular en el Perú de Fujimori, institucionalizadas luego como Rondas Campesinas y Urbanas, del que se nutren las Autodefensas Unidas de Colombia, hasta llegar a los grupos paramilitares de Chiapas (México), Máscara Roja, Paz y Justicia y Los Chinchulines.
Una definición más reciente de este accionar encubierto del Estado, indica que "paramilitar constituye una actividad anexa o auxiliar de lo militar pero que al mismo tiempo la deforma, desvía o desnaturaliza. En su raíz más honda, el paramilitarismo se sustenta en la difumación de las fronteras entre lo civil y lo militar, y asume dos manifestaciones complementarias: el uso de civiles en el accionar militar y el accionar de militares subespecie civil sustentadas en la necesidad de oscurecer, encubrir, esconder, ocultar, de eludir responsabilidades, fingir identidades, disfrazar acciones, falsificar realidades, poner murallas a las investigaciones, imposibilitar esclarecimientos, confundir, engañar y obstruir la búsqueda de la verdad y obstaculizar la justicia; en otros términos, es de su esencia como ocurrió en la Alemania nazi establecer un imperio de Noche y Niebla" (red alternativa Viento del Sur).
Un elemento que hermana a todas las expresiones del paramilitarismo latinoamericano es que surgieron en el contexto de una doctrina de seguridad nacional de cuño estadunidense, con eje en el "enemigo interno", lo que evidencia su conexión ideológica (ayer contra la "subversión comunista", hoy contra el "terrorismo") y operativa como miembros adscritos a las fuerzas armadas locales, ya sea que se proclamen paramilitares, autodefensas o grupos de justicia privadas. En todos los casos su función es confundir, ocultar o encubrir la responsabilidad del Estado y sus cuerpos de seguridad, de manera que su clandestinidad evite cualquier enjuiciamiento legal o ético del accionar gubernamental.
Atravesada por una guerra civil de 40 años, Colombia no es la excepción. Pero tal vez aquí, incluso con mayores grados de violencia y barbarie, es donde el paramilitarismo responde a una instrumentación intencional y planeada del Estado como modelo de desarrollo de carácter desintegrador de la sociedad. Un modelo que combina transformaciones de tipo económico fundamental en el agro, con una "reforma agraria" reaccionaria hecha desde el poder dominante y al servicio de sus intereses. Ahí deben incluirse los megaproyectos de las multinacionales amparados por el Plan Colombia, primos hermanos de los que están previstos en el Plan Puebla-Panamá para México y Centroamérica.
lunes, 10 de marzo de 2008
El IRI y la subversión en Cuba
Carlos Fazio
La revolución cubana ha comenzado una nueva fase. Se trata de un proceso vivo, dinámico, en constante evolución y construcción autóctonas, lleno de parámetros originales. Por eso, habrá muchos más cambios en la isla, pero no en el sentido que los enemigos de la revolución quisieran. Que no se ilusionen.
Una vez más, Fidel Castro y la dirigencia cubana se adelantaron a cualquier expectativa de la Casa Blanca. La renuncia de Fidel a la jefatura gubernamental ocurrió en el contexto del millonario circo prelectoral estadunidense y de los crecientes signos de debilidad del presidente George W. Bush. Al final ocurrió lo que muchos preveían: Fidel se retiró del gobierno. Pero el cómo, pocos lo imaginaban. Con su habitual maestría política, Fidel manejó los tiempos con gran precisión y exhibió que Washington no tenía una estrategia para un escenario que nunca esperó: una sucesión del poder en la isla sin sobresaltos.
Diez sucesivas administraciones en la Casa Blanca esperaron por décadas la salida del poder de Fidel, y cuando, el 19 de febrero pasado, después de un largo y maduro proceso de reflexión éste anunció su renuncia, no sucedió lo que siempre había pronosticado Estados Unidos: los cubanos no salieron a festejar a las calles, el país no se colapsó ni sobrevino el caos. La razón es sencilla: Fidel Castro es un líder excepcional, un gran estadista y estratega. Pero sin la voluntad política del pueblo cubano y su capacidad de participar, pensar, decidir y autogobernarse, esa revolución ética, humanista, internacionalista y solidaria, de impronta caribeña y latinoamericana, que colocó al hombre y la mujer concretos como centro del proceso, no habría sobrevivido.
Ahora, la asunción de Raúl Castro a la jefatura de Estado y de gobierno cubanos marca la continuidad de un proceso hondamente arraigado en el seno de la sociedad y construido por casi cuatro generaciones en el marco de una verdadera ciudadanización del poder. Raúl encabeza un firme liderazgo colectivo, ajeno a cualquier práctica de laboratorio. Por eso, los largos meses de ausencia temporal de Fidel no desembocaron en una situación “sin salida”. El pueblo cubano tomó la sucesión con calmada madurez política y el país funcionó con su ritmo habitual. En Cuba no empezó la “transición poscastrista”, como pregonan los epígonos y propagandistas del imperio. La delegación provisional de poderes y la elección de un nuevo gobierno ahora han garantizado la continuidad del proceso revolucionario. Y eso es así porque desde hace muchos años el Estado y la sociedad cubana cuentan con mecanismos jurídicos y organizativos que garantizan esa continuidad más allá de la supervivencia de su líder histórico. Se engaña, pues, quien crea que la renuncia de Fidel significa el comienzo del fin del socialismo en la isla. No hay ningún síntoma de que sectores significativos de la sociedad cubana aspiren a que regrese el capitalismo.
Pero, como dijo en agosto de 2006 Raúl Castro, “no se puede descartar el peligro de que alguien se vuelva loco, o más loco todavía, dentro del gobierno estadunidense”. Por eso Cuba no descuida su defensa. No es por paranoia belicista. Hace varios años que la “guerra preventiva” de la administración Bush dejó de ser simple teoría. Afganistán, Irak, Haití, Venezuela, Somalia y ahora la aventura belicista en la que embarcó a Álvaro Uribe en Sudamérica lo demuestran. Washington no tiene otra vía que la militar para cambiar la situación en la isla.
La Comisión de Ayuda a una Cuba Libre, presentada por el jefe de la Casa Blanca en 2004, persigue un “cambio de régimen” y regresar a la isla a su condición de colonia. Para ello, Washington ha recrudecido la guerra económica contra Cuba mediante la aplicación extraterritorial de leyes que afectan a terceros países y tienen como objetivo hostigar y boicotear los negocios y el desarrollo de las ramas fundamentales de la economía cubana.
Además sigue utilizando con fines subversivos al Instituto Republicano Internacional (IRI), que malgasta el dinero de los contribuyentes estadunidenses con proyectos diversionistas como la supuesta encuesta realizada en Cuba a finales del año pasado, de la que se hicieron eco el Diario de las Américas y los canales de televisión TV 51 (Telemundo) y TV 23 (Univisión) de Miami. El objetivo de la hipotética encuesta del IRI –en el contexto de las elecciones y la sucesión después de Fidel– era mostrar, de manera infructuosa, una imagen irreal y absurda del proceso cubano, en particular el “altísimo” grado de rechazo popular al gobierno, en abierta contradicción con los resultados que arrojaron los comicios del pasado 20 de enero y el ambiente de normalidad y tranquilidad ciudadana que prevalece en Cuba hasta nuestros días. Más allá de su cuestionada verosimilitud, la metodología expuesta y la formulación de preguntas con enfoques cerrados, aunadas a tergiversaciones y manipulaciones, exhibían que la función de la citada encuesta era alcanzar objetivos desestabilizadores en la isla.
Según un informe de 2006 de la comisión que encabeza Condoleezza Rice, el IRI –financiado por el Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), que responde al Departamento de Estado– es uno de los instrumentos que contribuyen a la “formación de partidos políticos y otros grupos de oposición en la isla”, con el objetivo de destruir a la revolución y propiciar la llamada “transición a la democracia”. A través del IRI, el gobierno de Bush ha dado apoyo sistemático a cabecillas contrarrevolucionarios y utiliza el otorgamiento de “premios”, como el concedido a Oscar Elías Biscet, para justificar el abastecimiento de fondos materiales y financieros con fines subversivos, en la isla y en el exterior. Sin embargo, la elección de enero, en la que sufragaron más de 7 millones 800 mil cubanos (96.89 por ciento del padrón), puso de manifiesto las motivaciones y la naturaleza participativa del pueblo cubano. Habrá cambios, sí, pero a la cubana.
La revolución cubana ha comenzado una nueva fase. Se trata de un proceso vivo, dinámico, en constante evolución y construcción autóctonas, lleno de parámetros originales. Por eso, habrá muchos más cambios en la isla, pero no en el sentido que los enemigos de la revolución quisieran. Que no se ilusionen.
Una vez más, Fidel Castro y la dirigencia cubana se adelantaron a cualquier expectativa de la Casa Blanca. La renuncia de Fidel a la jefatura gubernamental ocurrió en el contexto del millonario circo prelectoral estadunidense y de los crecientes signos de debilidad del presidente George W. Bush. Al final ocurrió lo que muchos preveían: Fidel se retiró del gobierno. Pero el cómo, pocos lo imaginaban. Con su habitual maestría política, Fidel manejó los tiempos con gran precisión y exhibió que Washington no tenía una estrategia para un escenario que nunca esperó: una sucesión del poder en la isla sin sobresaltos.
Diez sucesivas administraciones en la Casa Blanca esperaron por décadas la salida del poder de Fidel, y cuando, el 19 de febrero pasado, después de un largo y maduro proceso de reflexión éste anunció su renuncia, no sucedió lo que siempre había pronosticado Estados Unidos: los cubanos no salieron a festejar a las calles, el país no se colapsó ni sobrevino el caos. La razón es sencilla: Fidel Castro es un líder excepcional, un gran estadista y estratega. Pero sin la voluntad política del pueblo cubano y su capacidad de participar, pensar, decidir y autogobernarse, esa revolución ética, humanista, internacionalista y solidaria, de impronta caribeña y latinoamericana, que colocó al hombre y la mujer concretos como centro del proceso, no habría sobrevivido.
Ahora, la asunción de Raúl Castro a la jefatura de Estado y de gobierno cubanos marca la continuidad de un proceso hondamente arraigado en el seno de la sociedad y construido por casi cuatro generaciones en el marco de una verdadera ciudadanización del poder. Raúl encabeza un firme liderazgo colectivo, ajeno a cualquier práctica de laboratorio. Por eso, los largos meses de ausencia temporal de Fidel no desembocaron en una situación “sin salida”. El pueblo cubano tomó la sucesión con calmada madurez política y el país funcionó con su ritmo habitual. En Cuba no empezó la “transición poscastrista”, como pregonan los epígonos y propagandistas del imperio. La delegación provisional de poderes y la elección de un nuevo gobierno ahora han garantizado la continuidad del proceso revolucionario. Y eso es así porque desde hace muchos años el Estado y la sociedad cubana cuentan con mecanismos jurídicos y organizativos que garantizan esa continuidad más allá de la supervivencia de su líder histórico. Se engaña, pues, quien crea que la renuncia de Fidel significa el comienzo del fin del socialismo en la isla. No hay ningún síntoma de que sectores significativos de la sociedad cubana aspiren a que regrese el capitalismo.
Pero, como dijo en agosto de 2006 Raúl Castro, “no se puede descartar el peligro de que alguien se vuelva loco, o más loco todavía, dentro del gobierno estadunidense”. Por eso Cuba no descuida su defensa. No es por paranoia belicista. Hace varios años que la “guerra preventiva” de la administración Bush dejó de ser simple teoría. Afganistán, Irak, Haití, Venezuela, Somalia y ahora la aventura belicista en la que embarcó a Álvaro Uribe en Sudamérica lo demuestran. Washington no tiene otra vía que la militar para cambiar la situación en la isla.
La Comisión de Ayuda a una Cuba Libre, presentada por el jefe de la Casa Blanca en 2004, persigue un “cambio de régimen” y regresar a la isla a su condición de colonia. Para ello, Washington ha recrudecido la guerra económica contra Cuba mediante la aplicación extraterritorial de leyes que afectan a terceros países y tienen como objetivo hostigar y boicotear los negocios y el desarrollo de las ramas fundamentales de la economía cubana.
Además sigue utilizando con fines subversivos al Instituto Republicano Internacional (IRI), que malgasta el dinero de los contribuyentes estadunidenses con proyectos diversionistas como la supuesta encuesta realizada en Cuba a finales del año pasado, de la que se hicieron eco el Diario de las Américas y los canales de televisión TV 51 (Telemundo) y TV 23 (Univisión) de Miami. El objetivo de la hipotética encuesta del IRI –en el contexto de las elecciones y la sucesión después de Fidel– era mostrar, de manera infructuosa, una imagen irreal y absurda del proceso cubano, en particular el “altísimo” grado de rechazo popular al gobierno, en abierta contradicción con los resultados que arrojaron los comicios del pasado 20 de enero y el ambiente de normalidad y tranquilidad ciudadana que prevalece en Cuba hasta nuestros días. Más allá de su cuestionada verosimilitud, la metodología expuesta y la formulación de preguntas con enfoques cerrados, aunadas a tergiversaciones y manipulaciones, exhibían que la función de la citada encuesta era alcanzar objetivos desestabilizadores en la isla.
Según un informe de 2006 de la comisión que encabeza Condoleezza Rice, el IRI –financiado por el Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), que responde al Departamento de Estado– es uno de los instrumentos que contribuyen a la “formación de partidos políticos y otros grupos de oposición en la isla”, con el objetivo de destruir a la revolución y propiciar la llamada “transición a la democracia”. A través del IRI, el gobierno de Bush ha dado apoyo sistemático a cabecillas contrarrevolucionarios y utiliza el otorgamiento de “premios”, como el concedido a Oscar Elías Biscet, para justificar el abastecimiento de fondos materiales y financieros con fines subversivos, en la isla y en el exterior. Sin embargo, la elección de enero, en la que sufragaron más de 7 millones 800 mil cubanos (96.89 por ciento del padrón), puso de manifiesto las motivaciones y la naturaleza participativa del pueblo cubano. Habrá cambios, sí, pero a la cubana.
jueves, 6 de marzo de 2008
Acerca del paramilitarismo
México D.F. Lunes 28 de julio de 2003
Carlos Fazio
Bogotá. El proyecto paramilitar, expresión última de la erosión del estado de derecho y de la esquizofrenia pública, muestra la resignificación de los valores sociales en su distorsión. El paramilitarismo es una expresión violenta y bárbara del discurso orwelliano del poder. Cuando los paras hablan de paz, hacen la guerra.
No obstante sus mecanismos, que buscan confundir, ocultar y encubrir las responsabilidades del Estado en las masacres, delitos de lesa humanidad y asesinatos selectivos ejecutados por grupos de sicarios o de "justicia privada", auspiciados y controlados por el Ejército, el paramilitarismo ha logrado, debido a la fatiga que vive la población tras más de 40 años de una larvada guerra civil, que amplias capas sociales asuman que la verdad es la mentira.
El investigador Danilo Rueda, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, afirma que los paramilitares han logrado imponer una especie de pax romana en vastas extensiones del territorio colombiano, donde la justicia se encuentra en el silencio y el olvido. La fórmula, dice, es sencilla: "No denuncie o muere. No recuerde, perdone. Evite alimentar los odios y los resentimientos contra las instituciones". La víctima es el victimario. "El era 'guerrillero'; él era 'auxiliar de la guerrilla'; él era de las comunidades de paz. Ahora sí vive en santa paz." En el para-Estado, lo bello es la barbarie. Las víctimas siempre son "sucias", "impuras". Desechables.
Los mochacabezas -nombre de los paramilitares- imponen el sentido de la verdad, de lo que hay que pensar. Quitar la cabeza es acabar con el pensamiento, la mente, la razón. Quitar la lengua es suprimir la posibilidad de la palabra, de la denuncia, de la expresión frente a la barbarie. Quitar los ojos, extraer la mirada, romper la visión. Trastocar el horizonte. Violar mujeres es acallar la intimidad, la mismidad. Se impone un sentido de amor, la fuerza. Asesinar mujeres embarazadas es acabar las vidas. Significa el no futuro. Desplazar, desterrar, desalojar de manera violenta y forzosa a las comunidades supone el desarraigo. El terror interiorizado, las dudas sobre el otro, el silencio y el miedo son las matrices sobre las cuales descansa el poder paraestatal. En todos los casos se impone un sentido: el ocultamiento, como camino a la impunidad.
Pero el paramilitarismo no es, como se pretende, un actor independiente, a la manera de una "tercera fuerza" que actúa con autonomía propia. El paramilitarismo es una estrategia sistemática del Estado basada en la doctrina contrainsurgente clásica y en la nueva modalidad de guerra de baja intensidad, apoyado por los terratenientes y sectores del poder político, financiado por el narcotráfico y amplios sectores del empresariado colombiano y extranjero. Siendo creación del Estado, el paramilitarismo persigue los mismos objetivos políticos y de guerra que los militares, actúa como una brigada encubierta con impunidad garantizada para el genocidio social y político. Reconocer al paramilitarismo el carácter de "actor político independiente" implica dejar libre de responsabilidad al Estado y en la impunidad a quienes lo financian, apoyan, asesoran, justifican. También es dejar la puerta abierta para que sigan utilizando el terror.
El paramilitarismo asume en Colombia distintas modalidades. Existe un paramilitarismo institucional ejercido por las fuerzas armadas vía el uso de técnicas de conspiración, sabotaje y acción sicológica. En el caso de las Autodefensas Campesinas han cooperado con el narcotráfico, y de manera mancomunada han participado en actividades contrainsurgentes y "anticomunistas". El narco-paramilitarismo es la vertiente más desarrollada y extendida en el territorio colombiano, actuando en relación estrecha con el ejército. El poder corruptor del narcotráfico compró el silencio, la protección y la impunidad de los militares. Pero la relación cambió por la guerra contrainsurgente y se forjó una alianza casi estructural cuando los intereses económicos de las barones de la droga comenzaron a ser amenazados por la guerrilla.
La modalidad "parainstitucional" es adelantada por las compañías multinacionales que se han comprometido en el conflicto armado, inicialmente para proteger sus instalaciones, su transporte y su personal, y que aportan grandes sumas de dinero para que los paramilitares hagan "limpieza de la zona" y obtener "protección". A su vez, el "mercenarismo" es utilizado por narcotraficantes y militares como una forma primaria de adiestrar paramilitares y a sus propias fuerzas. El "sicariato político" fue la modalidad paramilitar más extendida en el desarrollo de la guerra sucia, con objetivos selectivos, dirigidos principalmente por organismos de inteligencia de las fuerzas armadas.
El paramilitarismo combate toda base social progresista, así no sea revolucionaria. Y últimamente viene siendo utilizado como un mecanismo de contrarreforma agraria y limpieza social en las tierras que han sido destinadas a grandes proyectos de inversión; áreas de megaproyectos inscritos en el Plan Colombia en el marco de un diseño estratégico continental imperialista que abarca, con una misma lógica, en vastos territorios de México y Centroamérica, al Plan Puebla-Panamá.
Carlos Fazio
Bogotá. El proyecto paramilitar, expresión última de la erosión del estado de derecho y de la esquizofrenia pública, muestra la resignificación de los valores sociales en su distorsión. El paramilitarismo es una expresión violenta y bárbara del discurso orwelliano del poder. Cuando los paras hablan de paz, hacen la guerra.
No obstante sus mecanismos, que buscan confundir, ocultar y encubrir las responsabilidades del Estado en las masacres, delitos de lesa humanidad y asesinatos selectivos ejecutados por grupos de sicarios o de "justicia privada", auspiciados y controlados por el Ejército, el paramilitarismo ha logrado, debido a la fatiga que vive la población tras más de 40 años de una larvada guerra civil, que amplias capas sociales asuman que la verdad es la mentira.
El investigador Danilo Rueda, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, afirma que los paramilitares han logrado imponer una especie de pax romana en vastas extensiones del territorio colombiano, donde la justicia se encuentra en el silencio y el olvido. La fórmula, dice, es sencilla: "No denuncie o muere. No recuerde, perdone. Evite alimentar los odios y los resentimientos contra las instituciones". La víctima es el victimario. "El era 'guerrillero'; él era 'auxiliar de la guerrilla'; él era de las comunidades de paz. Ahora sí vive en santa paz." En el para-Estado, lo bello es la barbarie. Las víctimas siempre son "sucias", "impuras". Desechables.
Los mochacabezas -nombre de los paramilitares- imponen el sentido de la verdad, de lo que hay que pensar. Quitar la cabeza es acabar con el pensamiento, la mente, la razón. Quitar la lengua es suprimir la posibilidad de la palabra, de la denuncia, de la expresión frente a la barbarie. Quitar los ojos, extraer la mirada, romper la visión. Trastocar el horizonte. Violar mujeres es acallar la intimidad, la mismidad. Se impone un sentido de amor, la fuerza. Asesinar mujeres embarazadas es acabar las vidas. Significa el no futuro. Desplazar, desterrar, desalojar de manera violenta y forzosa a las comunidades supone el desarraigo. El terror interiorizado, las dudas sobre el otro, el silencio y el miedo son las matrices sobre las cuales descansa el poder paraestatal. En todos los casos se impone un sentido: el ocultamiento, como camino a la impunidad.
Pero el paramilitarismo no es, como se pretende, un actor independiente, a la manera de una "tercera fuerza" que actúa con autonomía propia. El paramilitarismo es una estrategia sistemática del Estado basada en la doctrina contrainsurgente clásica y en la nueva modalidad de guerra de baja intensidad, apoyado por los terratenientes y sectores del poder político, financiado por el narcotráfico y amplios sectores del empresariado colombiano y extranjero. Siendo creación del Estado, el paramilitarismo persigue los mismos objetivos políticos y de guerra que los militares, actúa como una brigada encubierta con impunidad garantizada para el genocidio social y político. Reconocer al paramilitarismo el carácter de "actor político independiente" implica dejar libre de responsabilidad al Estado y en la impunidad a quienes lo financian, apoyan, asesoran, justifican. También es dejar la puerta abierta para que sigan utilizando el terror.
El paramilitarismo asume en Colombia distintas modalidades. Existe un paramilitarismo institucional ejercido por las fuerzas armadas vía el uso de técnicas de conspiración, sabotaje y acción sicológica. En el caso de las Autodefensas Campesinas han cooperado con el narcotráfico, y de manera mancomunada han participado en actividades contrainsurgentes y "anticomunistas". El narco-paramilitarismo es la vertiente más desarrollada y extendida en el territorio colombiano, actuando en relación estrecha con el ejército. El poder corruptor del narcotráfico compró el silencio, la protección y la impunidad de los militares. Pero la relación cambió por la guerra contrainsurgente y se forjó una alianza casi estructural cuando los intereses económicos de las barones de la droga comenzaron a ser amenazados por la guerrilla.
La modalidad "parainstitucional" es adelantada por las compañías multinacionales que se han comprometido en el conflicto armado, inicialmente para proteger sus instalaciones, su transporte y su personal, y que aportan grandes sumas de dinero para que los paramilitares hagan "limpieza de la zona" y obtener "protección". A su vez, el "mercenarismo" es utilizado por narcotraficantes y militares como una forma primaria de adiestrar paramilitares y a sus propias fuerzas. El "sicariato político" fue la modalidad paramilitar más extendida en el desarrollo de la guerra sucia, con objetivos selectivos, dirigidos principalmente por organismos de inteligencia de las fuerzas armadas.
El paramilitarismo combate toda base social progresista, así no sea revolucionaria. Y últimamente viene siendo utilizado como un mecanismo de contrarreforma agraria y limpieza social en las tierras que han sido destinadas a grandes proyectos de inversión; áreas de megaproyectos inscritos en el Plan Colombia en el marco de un diseño estratégico continental imperialista que abarca, con una misma lógica, en vastos territorios de México y Centroamérica, al Plan Puebla-Panamá.
lunes, 3 de marzo de 2008
Abigail Cruz, compañera de la clase, propone esta invitación:
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y su sección mexicana
Seminario internacional
Procesos constituyentes
contemporáneos en América Latina:
tendencias y perspectivas
Miércoles 5 y jueves 6 de marzo de 2008, de 9:00 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 hrs
Entrada libre
PROGRAMA
Miércoles 5 de marzo
9:30 a 9:50
Inauguración
Jorge Carpizo
Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional
Héctor Fix-Fierro
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
10:00 a 12:00
El proceso constituyente en Venezuela
Ponentes
Graciela Soriano de García Pelayo
Carlos Ayala Corao
Comentarista
Jorge Silvero Salgueiro
Moderador
Salvador Valencia Carmona
12:30 a 14:30
El proceso constituyente en Bolivia
Ponentes
José Antonio Rivera Santiváñez
Jorge Asbun Rojas
Comentaristas
Francisco José Paoli Bolio
Jaime Cárdenas Gracia
Moderadora
María del Pilar Hernández
17:00 a 19:00
El proceso constituyente en Ecuador
Ponentes
Hernán Salgado Pesantes
Hernán Pérez Loose
Comentarista
Cesar Astudillo Reyes
Moderadora
Eduardo Ferrer Mac Gregor
Jueves 6 de marzo
9:30 a 11:45
La reforma del Estado en México
Ponentes
Miguel Carbonell
Pedro Salazar
Daniel Barceló
Lorenzo Córdoba
Edgar Corzo
José María Serna de la Garza
Moderadora
Mónica González Contró
11:45 a 13:45
Mesa de discusión
Tendencias y perspectivas del constitucionalismo
contemporáneo en América Latina
Participantes
Héctor Fix-Zamudio
Jorge Carpizo
Diego Valadés
Hernán Salgado Pesantes
José Antonio Rivera Santiváñez
Moderador
José María Serna de la Garza
13:45
Clausura
Coordinador: José María Serna de la Garza
Sede:
Aula de Seminarios "Dr. Guillermo Floris Margadant",
Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en Humanidades,
Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F.
INFORMES: Secretaría Académica del IIJ. Tels. 5665 2436 y 5622 7457, fax 5665 3344
actiij@servidor.unam.mx / www.juridicas.unam.mx
Visite nuestra página y vea nuestras actividades por TV-Jurídicas
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y su sección mexicana
Seminario internacional
Procesos constituyentes
contemporáneos en América Latina:
tendencias y perspectivas
Miércoles 5 y jueves 6 de marzo de 2008, de 9:00 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 hrs
Entrada libre
PROGRAMA
Miércoles 5 de marzo
9:30 a 9:50
Inauguración
Jorge Carpizo
Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional
Héctor Fix-Fierro
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
10:00 a 12:00
El proceso constituyente en Venezuela
Ponentes
Graciela Soriano de García Pelayo
Carlos Ayala Corao
Comentarista
Jorge Silvero Salgueiro
Moderador
Salvador Valencia Carmona
12:30 a 14:30
El proceso constituyente en Bolivia
Ponentes
José Antonio Rivera Santiváñez
Jorge Asbun Rojas
Comentaristas
Francisco José Paoli Bolio
Jaime Cárdenas Gracia
Moderadora
María del Pilar Hernández
17:00 a 19:00
El proceso constituyente en Ecuador
Ponentes
Hernán Salgado Pesantes
Hernán Pérez Loose
Comentarista
Cesar Astudillo Reyes
Moderadora
Eduardo Ferrer Mac Gregor
Jueves 6 de marzo
9:30 a 11:45
La reforma del Estado en México
Ponentes
Miguel Carbonell
Pedro Salazar
Daniel Barceló
Lorenzo Córdoba
Edgar Corzo
José María Serna de la Garza
Moderadora
Mónica González Contró
11:45 a 13:45
Mesa de discusión
Tendencias y perspectivas del constitucionalismo
contemporáneo en América Latina
Participantes
Héctor Fix-Zamudio
Jorge Carpizo
Diego Valadés
Hernán Salgado Pesantes
José Antonio Rivera Santiváñez
Moderador
José María Serna de la Garza
13:45
Clausura
Coordinador: José María Serna de la Garza
Sede:
Aula de Seminarios "Dr. Guillermo Floris Margadant",
Instituto de Investigaciones Jurídicas,
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en Humanidades,
Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F.
INFORMES: Secretaría Académica del IIJ. Tels. 5665 2436 y 5622 7457, fax 5665 3344
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Mauricio Patrón Rivera
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