lunes, 11 de agosto de 2008

Las guerras de Bush y Calderón

Carlos Fazio

Bajo la apariencia de un estado de excepción no declarado, pero efectivo, desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 la administración de George W. Bush ha procedido a la demolición sistemática del orden constitucional estadunidense. En nombre de los imperativos de seguridad, arrogándose poderes extrajudiciales, mediante decretos secretos y decisiones presidenciales arbitrarias devenidas en prácticas normales del Estado, el jefe de la Casa Blanca ha instituido operaciones ilegales de espionaje interior y, envuelto en guerras preventivas en el exterior, ha recurrido a la tortura “legalizada” y al secuestro-desaparición de presuntos terroristas, manteniendo bajo arresto indefinido a millares de “enemigos no combatientes” que están recluidos en un archipiélago de cárceles clandestinas y “prisiones flotantes” bajo control del Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Desde un comienzo, en lo que después se supo que formaba parte de un plan secreto prestablecido –que aprovechó su “oportunidad” tras los atentados del 11/S, presuntamente provocados por un “enemigo asimétrico” y “desterritorializado”, pero siempre oportuno, Al Qaeda–, la deconstrucción del orden constitucional se desplegó en un contexto de guerra indefinida, omnipresente, sin fronteras espaciales ni temporales. En 2002, al presentar la estrategia de seguridad nacional en la Casa Blanca, Bush asimiló la “vulnerabilidad” de Estados Unidos ante el “terrorismo” a una “nueva condición de vida”. Así, desde comienzos del siglo XXI la “guerra contra el terrorismo” fue concebida para ser librada de manera simultánea en varios países por muchos años. En 2006, la nueva versión de la estrategia de seguridad nacional planteaba: “Estados Unidos vive los primeros años de una larga lucha, una situación parecida a la que enfrentó nuestro país al principio de la guerra fría”.

En un estado de emergencia permanente, la excepción se convierte en regla. En el caso de Estados Unidos, la guerra se convirtió en el fundamento ontológico del Estado. Todos estos años Bush ha gobernado mediante el miedo, estimulando el nacionalismo y explotando los prejuicios raciales y étnico-religiosos de sus connacionales. El inflamiento del poder de Al Qaeda y otras amenazas terroríficas podrían parecer caricaturescos si no se tratara de un método de gobierno que sirve para ocultar las intenciones autoritarias del Estado y los fines de dominio imperial y neocolonial. Es un juego peligroso que alimenta los odios esencialistas de quienes son considerados el Otro, el enemigo, el bárbaro. En el caso de Medio Oriente, el “choque de civilizaciones” del propagandista Samuel Huntington se ha ido convirtiendo poco a poco en una profecía autocumplida.

Por distintas consideraciones –entre ellas la existencia de petróleo, gas natural, agua y biodiversidad, y la emergencia en la coyuntura de una resistencia civil pacífica que, aunque atomizada, está en la búsqueda de alternativas al actual sistema de dominación por distintos canales legales, parlamentarios o antisistémicos–, uno de los escenarios privilegiados de la guerra perpetua de Bush en América Latina es México. Aquí, igual que en Colombia, la modalidad de la intervención estadunidense adoptó la forma de guerra al narcoterrorismo, mediante la inclusión de facto de México en el “perímetro de seguridad” de Estados Unidos, vía la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, símil del Plan Colombia.

En el reparto del papel, la representación nativa con fines propagandísticos y autolegitimadores corresponde a Felipe Calderón, con sus dramatizaciones convenencieras, sus ínfulas de artillero letal (“Vamos goleando al narco”, Calderón dixit), sus purgas y sus irritados “Ya basta”. Igual que las confrontaciones bélicas de su tutor Bush, la “guerra” de Calderón contra el “crimen organizado” y la “impunidad” está envuelta en chantajes, despropósitos de tintes goebbelianos y afanes de control hegemónico. Pero no hay que confundirse: el modelo de Bush para México es el de la “colombianización” del país. En el marco de un sistema que protege la corrupción-impunidad de las cadenas criminales incrustadas en las instituciones del Estado, la banca y las grandes empresas, la receta es más narcoparapolítica, mano dura, tortura, detenciones-desapariciones, guerra sucia, mercenarismo, criminalización de la protesta social, militarización de la sociedad. El objetivo de Estados Unidos es sumir al país en el caos y la desestabilización para poder penetrar los organismos de seguridad del Estado, diluir aún más la soberanía nacional y acentuar la dependencia.

En ese esquema de dominación, tendiente a la conformación de una república bananera de nuevo tipo en México, la narcoviolencia –con sus carros bombas fallidos, sus minisubmarinos sicotrópicos de ocasión y sus pintorescas conexiones iraníes–, puede asumir la forma del “enemigo asimétrico” y “desterritorializado”, necesario para colocar al país en el contexto de una guerra infinita que derive en un estado de excepción permanente. Para ello, como en Colombia, Washington y sus cómplices locales vienen desplegando una guerra sicológica de largo alcance y recurren al terrorismo mediático. Es decir, a la propaganda desestabilizadora de las cadenas de radio y televisión bajo control monopólico, legitimadoras del régimen, y funcionales a la hora de manufacturar hechos y consensos. Para allá vamos. Sólo que, como en el caso del “choque de civilizaciones” huntingtoniano, el comandante en jefe Calderón también podría ver su profecía autocumplida.

lunes, 28 de julio de 2008

Chertoff y el terrorismo a la carta

Carlos Fazio

El 18 de julio, por segunda ocasión en lo que va de la gestión de Felipe Calderón, el gabinete de seguridad nacional se reunió a puerta cerrada con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Michael Chertoff. Responsable de la “militarización tecnológica” de la frontera norte para impedir el paso de migrantes indocumentados asimilados a “terroristas”, el halcón Chertoff, quien asesoró a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la aplicación de la tortura cuando era director de asuntos criminales en el Departamento de Justicia, vino a México a reforzar la “necesidad” de la cooperación bilateral en el contexto de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y de la recién promulgada Iniciativa Mérida, la ley que asigna 400 millones de dólares de “ayuda” militar a México y cuya aplicación aquí contempla la imposición de varios mecanismos coercitivos contenidos en la Ley Patriótica de Bush.

Allá, la legislación “antiterrorista” amplió las facultades de la CIA y de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) para espiar a los estadunidenses mediante la intercepción de líneas telefónicas y correos electrónicos, y el cateo secreto de casas, sindicatos, organismos no gubernamentales, así como de periodistas e intelectuales. Eso ahora se aplicará en México bajo el monitoreo de Washington. Sin embargo, para fabricar un consenso favorable a la instauración de un Estado policial en México es necesario generar un “ambiente propicio” y algunos “hechos” que justifiquen el recorte de las libertades públicas.

Pocos recuerdan que, la víspera de la anterior visita de Chertoff a México (febrero 2007), los medios difundieron una supuesta amenaza terrorista de Al Qaeda contra Petróleos Mexicanos (Pemex). El montaje desinformativo llevaba implícita la necesidad de reforzar la “vigilancia” sobre las instalaciones estratégicas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para lo que Chertoff tenía una respuesta utilizada por Washington en otros países: la llegada de “contratistas privados”.

Es decir, de mercenarios subcontratados por el Pentágono. No fue casual que en septiembre del año pasado la empresa SY Coleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, lanzara la convocatoria para reclutar mercenarios que ocuparían puestos de vigilancia aérea en el estado de Veracruz. Los aspirantes debían contar con antecedentes militares mínimos de tres años y tener experiencia en tripulación de aviones y helicópteros. En fecha reciente se reveló la presencia de la empresa Risk Incorporated, con sede en Miami, Florida, que entrenó en tortura sicológica al Grupo Especial Táctico del gobierno de León, Guanajuato, que pertenece al Partido Acción Nacional, autodefinido como “humanista cristiano”.

Con esos antecedentes, no puede llamar a sorpresa que en víspera de la nueva visita de Chertoff se haya registrado una nueva maniobra de propaganda negra con fines subversivos, que involucra a servicios de inteligencia de Estados Unidos, México y algunos periódicos proclives al terrorismo mediático. El objetivo explícito: intentar crear en el inconsciente colectivo la idea de que en México los cárteles de la droga se han configurado ya como narcoterrorismo.

El montaje tuvo como detonante el “hallazgo” de cuatro presuntos “carros bombas” en Culiacán, Sinaloa, lo que dio pie a funcionarios no identificados de los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos para “confirmar el paso de las organizaciones del crimen organizado al narcoterrorismo”. Los cárteles mexicanos, fue el mensaje sembrado, han cambiado de estrategia, adoptando el “estilo Al Qaeda”.

Un día después, fuentes anónimas del Departamento de Estado y de la DEA “informaron” que gatilleros de los cárteles de Sinaloa y del Golfo “aprendían narcoterror en Irán”, lo que ponía en grave riesgo la “seguridad binacional” (sic). ¿Sus instructores? “Las Guardias Revolucionarias Islámicas.”

El supuesto adiestramiento incluiría “lanzacohetes, bazucas, armas automáticas, rifles para francotiradores y explosivos, tácticas, liderazgo y operaciones de comando”. Para completar la trama, tres datos más: 1) El Departamento de Estado “reveló” que los sicarios mexicanos “son enviados a Irán vía Venezuela (…) de donde parten vuelos cada semana (…) y en algunos casos viajan con pasaportes venezolanos”. 2) El cártel de Juárez “envía sus sicarios a Colombia para ser entrenados por las FARC o solicita a ese grupo entrenamiento en México”. 3) “Miembros de grupos extremistas han contraído matrimonio con mexicanas” y los varones “se han cambiado los nombres árabes a hispanos”, lo que les ha permitido “ingresar” a Estados Unidos, además de “financiar los campos de entrenamiento en la frontera”. ¡Vaya notición!

La implantación en un medio de circulación nacional de “información” sobre la presunta existencia de narcoterrorismo en México –aderezada con la pesca conjunta (tecnología de EU-marines mexicanos) de un narcosubmarino frente a las costas de Oaxaca–, abonaron de manera conveniente la llegada de Chertoff al país. Cabe recordar que el montaje dio inicio con los autos bombas, ninguno de los cuales explotó ni mató civiles y que fueron “hallados” por casualidad, no se sabe bien por quién (¿El Ejército? ¿La PGR? ¿La AFI?). Se trata de las mismas tácticas de guerra sicológica utilizadas para invadir Irak con base en maquinaciones como “las armas de destrucción masiva”.

En la coyuntura, en vísperas de movilizaciones masivas en defensa del petróleo, del entrampamiento gubernamental en torno a los desaparecidos del EPR y el estrechamiento del cerco militar contra el EZLN en Chiapas, es posible que sectores del régimen, coludidos con la comunidad de inteligencia de EU, recurran al narcoterrorismo para colombianizar al país. Después seguirá la entrega de los recursos geoestratégicos al capital trasnacional.

lunes, 14 de julio de 2008

La mafiocracia colombiana

Carlos Fazio

Uno. Colombia, hoy, es un para-Estado de tipo delincuencial y mafioso. Álvaro Uribe es el primer presidente de los narcotraficantes y los paramilitares. La simbiosis entre paramilitarismo, narcotráfico y una ideología neofascista para combatir a las guerrillas de las FARC y el ELN y a otras expresiones del pueblo organizado se apoderó de las ramas del poder público y las instituciones. Durante sus dos mandatos, Uribe ha legalizado e institucionalizado el paramilitarismo y sus estructuras económicas y armadas, que han sido incorporadas a la maquinaria de guerra oficial. Además de favorecer los negocios criminales y brindar protección estatal a las mafias de la narcoparapolítica, Uribe practica el terrorismo de Estado y la lucha contrainsurgente en beneficio de una oligarquía genocida y clasista y grandes compañías multinacionales.

El Plan Colombia de Estados Unidos y la política de “seguridad democrática” de Uribe son un mismo plan de guerra. A la oligarquía, Uribe y la familia Santos (a la que pertenecen el vicepresidente y el ministro de Defensa) no les interesa acabar con el conflicto armado porque se benefician con el actual modelo de dominación y acumulación capitalista. A George W. Bush tampoco, porque su administración y la anterior militarizaron Colombia y la convirtieron en un portaviones terrestre del Pentágono para la desestabilización y recolonización de Sudamérica. El principal paradigma del régimen militarista de Uribe es el jefe del Ejército, general Mario Montoya, héroe de la Operación Jaque, al que abrazó y besó Ingrid Betancourt tras su liberación.

Connotado carnicero, hombre de Washington, Montoya fue creador de una unidad terrorista clandestina (la Alianza Anticomunista Americana) y como jefe castrense ha participado en matanzas de civiles en los departamentos de Putumayo y Chocó, y en la ciudad de Medellín. Más de 15 mil desaparecidos, 3 mil 500 fosas comunes, 4 millones de desplazados de guerra y el asesinato de mil 700 indígenas, 2 mil 550 sindicalistas y más de 5 mil miembros de la Unión Patriótica develan la “democracia” colombiana.

Dos. Aunque queda mucho por aclarar después de la ópera bufa protagonizada por las autoridades colombianas, la participación directa de militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos e Israel, y probablemente de Francia, en la operación clandestina que “rescató” a 15 prisioneros de guerra de las FARC –entre ellos Ingrid Betancourt y tres agentes encubiertos de Washington–, puso en evidencia que en Colombia se está jugando algo más que un conflicto interno. Lo novedoso es que por primera vez, de manera pública y notoria, la administración de Bush admitió que está metida directamente en el conflicto.

El Pentágono y su peón Uribe libran en Colombia una guerra sicológica. Nada en la llamada Operación Jaque estuvo librado a la improvisación. El manejo de la información-desinformación por sus planificadores siguió pautas y tiempos predeterminados en el contexto de una propaganda de guerra. Como dice Luis Britto, hoy, incluso las guerras de liberación “no se pelean ya en los campos de batalla, sino en las pantallas”. También es cierto que ningún conflicto, incluido el colombiano, se resolverá con decretos mediáticos y puestas en escena hollywoodescas.

El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, declaró que el resultado de la operación fue producto de una “intensa cooperación militar” entre el Pentágono y el alto mando militar colombiano, equiparando incluso esa alianza con la que Washington mantiene con los militares europeos de la OTAN. “Los satélites espías (estadunidenses) ayudaron a ubicar a los rehenes (los militares colombianos), instalaron equipos de vigilancia de video proporcionados por Estados Unidos, que pueden hacer acercamientos y tomas panorámicas operadas a control remoto a lo largo de ríos, única ruta de transporte a través de densas zonas selváticas (…) aviones de reconocimiento (de Estados Unidos) interceptaron conversaciones por radio y teléfono satelital de los rebeldes y emplearon imágenes que pueden penetrar el follaje de la selva”, admitieron fuentes gubernamentales en Washington. Es obvio que Brownfield no sufrió un ataque de espontaneidad. Tampoco el portavoz del Consejo de Seguridad estadunidense Gordon Johndroe, ni el jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, quienes reconocieron que el gobierno de Bush proporcionó “ayuda específica” para la operación.

La participación del Mossad y del Shin Beht (los servicios secretos israelíes) también cobró mayor visibilidad. En particular, la confirmación de la presencia en Colombia del general retirado Israel Ziv, ex miembro del Estado Mayor del ejército israelí y ex jefe de la Brigada Givati que invadió el campo de refugiados de Al Amal, en Gaza, y que figura hoy en la nómina de la fuerza de tarea contra el terrorismo, adscrita al Consejo de Seguridad bajo las órdenes del secretario Michael Chertoff, en Washington. Otras dos cartas “quemadas” son Gal Hirsh, ex alto oficial en la zona norte de Israel durante la última guerra en Líbano, y Yossi Kuperwasser, ex director del servicio de investigación de la inteligencia militar israelí.

Tres. El 26 de junio, la Corte Suprema de Justicia sentenció que la relección de Uribe fue resultado del delito de cohecho, por lo que su actual periodo de gobierno carece de legitimación constitucional. Ahora, la mafiocracia colombiana podría derivar en una dictadura civil plebiscitaria sostenida por el poder de las armas. A su vez, es prematuro entonar un réquiem por las FARC, a pesar de los golpes recibidos. Cuando los polvos se asienten, las FARC seguirán siendo un referente de la realidad colombiana. En cambio, Uribe, quien carga con un amplio dossier por sus nexos con elnarcoparamilitarismo, es desechable para Washington. Igual que Somoza y tantos otros antes en la historia.

lunes, 30 de junio de 2008

El que paga manda

Carlos Fazio

Como era previsible, el Plan México va. Dólares más, dólares menos, su aprobación nunca estuvo en duda porque se trata de una pieza clave de la estrategia geopolítica de Estados Unidos para el hemisferio. Con la coartada de la guerra al terrorismo y el crimen organizado –como enemigos míticos sustitutos del fantasma comunista–, la administración de George W. Bush militariza las Américas.

No hubo marcha atrás en el Capitolio. Estados Unidos no da cheques en blanco. La naturaleza policiaco-militar del Plan México y su enfoque contrainsurgente se mantienen. La seguridad invade la relación bilateral, con México en un plano subordinado. El régimen de Felipe Calderón sigue la agenda de la Casa Blanca. El “diferendo” entre el Congreso de EU y Calderón era sólo de forma. En los papeles, México no podía quedar como achichincle de Estados Unidos (Carlos Fuentes dixit). Ergo, había que distorsionar la imagen entreguista de Calderón. Se trataba de un mero problema de lenguaje, semántico, pues. Y se solucionó. La Cámara baja y el Senado estadunidense se pusieron de acuerdo para “suavizar” los candados y salvarle la cara a Calderón. La famosa “corresponsabilidad compartida” entre Estados Unidos y México, países asimétricos, es un engañabobos; forma parte de la matriz publicitaria del régimen, amplificada por la prensa patriotera cipaya.

El presidente Bush promulgará la ley HR6028 y Washington evaluará la marcha de los programas de seguridad diseñados para México por el Pentágono y la comunidad de inteligencia. Se acelerará la militarización de la sociedad mexicana. Según el documento legislativo devuelto a Bush para su aprobación, las fuerzas armadas y los distintos cuerpos policiales de México serán sometidos a vigilancia externa. No le hagan al cuento. Los círculos militares, de inteligencia y de seguridad estadunidenses penetrarán aún más a sus contrapartes en México, igual que hicieron antes en Colombia. Pero hay otros ganadores: grandes corporaciones del complejo militar industrial harán pingües negocios con sus aviones, sus helicópteros y sus programas de espionaje, control computarizado y entrenamiento.

Las estrategias militares, de interdicción y fumigación en materia de narcotráfico han fracasado. Allí está el espejo colombiano: desde 2000 Washington ha “invertido” en Colombia 6 mil millones de dólares, y el informe 2007 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen indica que la superficie de cultivo se incrementó 27 por ciento y el país andino se mantiene como principal proveedor de cocaína al mercado de Estados Unidos. Igual ocurre con el opio en Afganistán, bajo la ocupación del Pentágono y sus aliados. De la “guerra al terrorismo” ni se diga. Son programas fallidos, pero permiten a Washington fortalecer su influencia militar, a la vez que son útiles para imponer una “paz social” que dé seguridad a las políticas económicas en favor de las compañías multinacionales con casa matriz en el país vecino.

El Plan México se vendió como un plan de “asistencia” militar para tres años (2008-2010). Pero adquirirá carácter permanente. Igual ocurrió en Colombia. El asunto es más grave porque aquí ha sido incorporado de facto a “Norteamérica” como nueva dimensión geográfica, con su reminiscencia nazi de “espacio vital”. México forma parte del “perímetro de seguridad” de EU y su territorio está monitoreado por el Comando Norte. Poco a poco el Pentágono ha ido cerrando el “tercer vínculo” de la relación bilateral: el militar. Este aspecto, que tiene que ver con la “integración profunda” de México a Estados Unidos, los “corredores del TLCAN”, la militarización de la frontera y la migración indocumentada como sinónimo de terrorismo.

El Plan México será el brazo militar de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, en su porción subdesarrollada. Como dijo el subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Thomas Shannon, con el ASPAN “estamos blindando el TLCAN”. El ASPAN es el TLC militarizado. Y ahora, el Plan México será también el gendarme del Proyecto Mesoamérica (el ex Plan Puebla Panamá). Bajo el paraguas de la “ley Gestapo” y otras contrarreformas legales se militarizará la vida pública, y se incrementarán el espionaje interno y la criminalización de la protesta social y de “los jóvenes”. Desaparecerán las líneas divisorias entre la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y los opositores políticos del régimen. La disidencia será estigmatizada como el “enemigo interno”. Persistirán las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la tortura.

Esa tendencia llevará a la constitución de un Estado policial y paramilitar en México, de tipo contrainsurgente y subordinado a las directivas del Pentágono. Es posible, como dice la canciller Patricia Espinosa, que en un comienzo no vengan militares de Estados Unidos ni se construyan bases yanquis en territorio mexicano. Pero llegarán disfrazados los ejércitos mercenarios de compañías privadas como Blackwater, Dyncorp, SyColeman y Triple Canopo, subcontratados por el Departamento de Estado para la guerra sucia y acciones encubiertas de desestabilización. Después, en 2009, oficiales de alto rango del Ejército y la Armada de México participarán en los juegos de guerra contra el terrorismo (Topoff 5), en Vancouver, junto a efectivos de Estados Unidos y Canadá. Y se cerrará el círculo.

Bush heredará un México totalmente alineado con las políticas imperiales, proclive a ser utilizado como cabeza de playa en la batalla ideológica contra Cuba, Venezuela y los países progresistas del área. Se trata de una estrategia peligrosa que pondrá en riesgo las relaciones de México con los países de América Latina. Además, de gratis, México se convertirá en “blanco” de los enemigos de Washington. ¿Qué hacer? La patria está en peligro. México no es Colombia.

domingo, 22 de junio de 2008

La CIA, la ODCA y Calderón

Carlos Fazio


El pasado 13 de marzo, en La Habana, los cancilleres de México y Cuba abrieron una nueva fase en la relación bilateral signada, dijeron, por una “confianza renovada” y el apego a las normas del derecho internacional. Un día después, como parte de una “diplomacia paralela” a la del régimen de Felipe Calderón, el mexicano Manuel Espino, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), inauguraba en San José de Costa Rica el foro “Solidaridad latinoamericana al encuentro de Cuba”. Al término del mismo, los participantes –entre quienes figuraba el ex presidente Vicente Fox– emitieron una declaración en la que pedían permiso a las autoridades cubanas para que una delegación de la ODCA viajara a la isla a entrevistarse con el presidente Raúl Castro, la oposición y la disidencia interna, a fin de promover “una transición política y pacífica” que permita establecer “una economía social de mercado” en Cuba. En el documento de 26 puntos destacaban las habituales demandas vinculadas con los derechos humanos y el libre acceso a “los medios modernos de comunicación, información y nuevas tecnologías”.
Aunque el Directorio Democrático Cubano (DDC), miembro de la ODCA, se desmarcó parcialmente de la Declaración de San José, cabe recordar que sus principales dirigentes, Orlando Gutiérrez y Javier de Céspedes –con el copatrocinio de José María Aznar y la fundación alemana Konrad Adenauer–, abonaron el camino de Fox a la copresidencia de la Internacional Demócrata de Centro (IDC, la antigua Internacional Demócrata Cristiana) y el de Espino a la ODCA, su filial americana.
Creado por la Agencia Central de Inteligencia a comienzos de los años 90 como una organización pantalla para desarrollar actividades hostiles y subversivas contra Cuba, en los últimos años el DDC, uno de los principales grupos de la mafia de Miami, buscó y logró penetrar a la ODCA de Espino y Fox, logrando afianzar una base en México para tales fines.
Desde su surgimiento, el DDC ha sido subvencionado con fondos de los contribuyentes estadunidenses a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID, que depende del Departamento de Estado), la National Endowment for Democracy (NED) y el Instituto Republicano Internacional (IRI). Entre las actividades encomendadas por la CIA a esa organización figuran la fabricación y distribución de propaganda contra Cuba mediante artículos y publicaciones, y organizar seminarios y conferencias en diferentes universidades de Europa y América Latina.
En mayo, forzada por la Oficina de Auditoría del gobierno de Estados Unidos (GAO) a medio transparentar la distribución de los 45 millones de dólares asignados por la administración de Bush para los planes de desestabilización de Cuba durante 2008, la AID reunió a un grupo de organizaciones no gubernamentales afines y acordó promover el envío secreto de material electrónico a la isla a través de “intermediarios” latinoamericanos y europeos, para realizar el trabajo sucio que Washington no puede hacer legalmente.
El jefe para América Latina de la AID, José Cárdenas, ex directivo de la Fundación Nacional Cubano Americana, subrayó ahí la necesidad de introducir a Cuba, en “forma clandestina”, panfletos de propaganda, celulares y equipos de comunicación modernos, computadoras y softwares incluidos. Ante el carácter secreto de la misión, Elaine Grigsby, directora del llamado Proyecto Cuba de la AID, garantizó que si existieran solicitudes de desclasificación de documentos en virtud de la Ley de Libertad de Información, la AID “sólo emitiría un resumen general” y mantendría en secreto los detalles de los programas de cada ONG.
Clara Davis, de la agencia del Departamento de Estado que monitorea los intercambios con Cuba, propuso utilizar las llamadas “licencias humanitarias” para la infiltración de agentes a la isla bajo la cobertura de proyectos vinculados con salud pública, medio ambiente e iniciativas específicas.
La búsqueda de agentes encubiertos extranjeros se intensifica ante las crecientes dificultades que encuentran los diplomáticos de la Sección de Intereses Norteamericana en La Habana (SINA, por sus siglas en inglés) y su jefe, Michael Parmly, para la promoción del terrorismo y la subversión en Cuba.
El 18 y 19 de mayo, la seguridad del Estado exhibió en la televisión cubana videos que comprueban la complicidad de Parmly y otros funcionarios de la misión de Estados Unidos en Cuba, con el terrorista Santiago Álvarez, cuyo dossier fue difundido por la Interpol con alerta roja. Actualmente, Álvarez está preso en Miami, acusado por el FBI de la tenencia ilegal de un cuantioso arsenal (ametralladoras, rifles, explosivos C-4, dinamita, detonadores, munición y un lanzagranadas, según el Miami Herald).
Con un frondoso prontuario, Álvarez, quien condujo en el barco Santrina al terrorista confeso Luis Posada Carriles, autor del crimen de Barbados, en su fuga desde México a Estados Unidos hace un par de años, dirige desde la cárcel la fundación Rescate Jurídico, que por medio de la SINA canaliza fondos a mercenarios proanexionistas residentes en la isla. Parmly fue exhibido como una vulgar “mula” de Álvarez en el trasiego de fondos para la subversión en la isla, en contravención de los acuerdos bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, y del artículo 41 de la Convención de Viena para las Relaciones Diplomáticas.
El viernes 13, en Madrid, Felipe Calderón alentó una “nueva aurora” en términos de derechos humanos y democracia en Cuba. México, vía la ODCA de Fox y Espino, se ha convertido en una guarida de mercenarios y terroristas patrocinados por el Directorio Democrático Cubano. La agenda de la ODCA es la misma de la AID y la CIA. De allí la duda: ¿diplomacia paralela la de Fox-Espino o complementaria de la calderonista?

domingo, 1 de junio de 2008

La certificación militar

Carlos Fazio


Atrapada en medio de fuertes restricciones presupuestarias, y vulnerable al “fuego amigo” de la guerra en Irak y a las hostilidades entre demócratas y republicanos en un año electoral, la llamada Iniciativa Mérida recorre un tortuoso camino en Wa-shington, pero al final pasará, con certificaciones incluidas, porque se trata de una herramienta de penetración de la nación imperial que, entre otros objetivos, persigue la militarización de México y mayor dependencia de las instituciones armadas del país al Pentágono y a la “comunidad de inteligencia” de Estados Unidos.

El paquete de “ayuda” militar propuesto por la administración de Bush en octubre pasado –mejor conocido como Plan México, dado que es una réplica del Plan Colombia– fue aprobado por el Senado estadunidense el pasado 22 de mayo con una serie de condicionamientos y un sensible recorte en su monto. Inicialmente, la solicitud enviada al Congreso era por 500 millones de dólares para el año fiscal 2008, que termina el 30 de septiembre. Pero el Senado otorgó sólo 350 millones de dólares, y además la entrega a México en “especie” de equipo y tecnología de comunicaciones, control de droga y migratorio (hardware y software de inteligencia, escáneres de rayos gama y rayos equis, bases de datos para control biométrico, etcétera), aviones CASA-235, helicópteros Bell-412 (usados) y eventualmente S-70A (o 60L Black Hawk) artillados, barcos patrulleros y adiestramiento policial y militar, quedará sujeta a una serie de fiscalizaciones impuestas por el Capitolio.

Los condicionamientos incluyen una serie de reformas legales y judiciales en México y la elaboración por parte de Washington de una base de datos “para el escrutinio de las corporaciones policiales y militares mexicanas”, a fin de garantizar que quienes reciban la ayuda no estén involucrados en violaciones de derechos humanos o en actos de corrupción. La iniciativa prevé que el Departamento de Estado certifique que México está haciendo cumplir las prohibiciones contra el uso judicial de testimonios obtenidos mediante tortura.

Asimismo, deberá asegurarse de que las fuerzas armadas de México transfieran a fiscales del fuero civil todos los casos de militares involucrados en acusaciones de violaciones a derechos humanitarios. No obstante, el proyecto de ley del Senado deberá ser consensuado ahora con la Cámara de Representantes antes de ser devuelto al presidente Bush, quien podrá promulgarlo o vetarlo. La coyuntura exhibe a un jefe de la Casa Blanca políticamente débil que deberá negociar el paquete con el liderazgo demócrata en la Cámara Baja, donde podrían surgir algunos cambios.

Tras conocerse la resolución, algunas voces señalaron aquí que la nueva fase de “certificaciones” implicaría una “renuncia” a la soberanía nacional. Se denunció también el descarado injerencismo y la rotunda hipocresía de la iniciativa estadunidense, que retrotrae la relación bilateral a los días en que el Departamento de Estado premiaba o castigaba a otros regímenes, no en función de su compromiso con las garantías individuales o por su lucha contra el crimen, sino a partir de afinidades o desencuentros políticos e ideológicos, o bien como forma de ejercer presiones intervencionistas.

Ahora, como antes, al viejo dicho de sentido común universal de “el que paga manda” se suma el déficit de legitimidad de la administración de Bush, campeona de la violación de derechos humanos en el mundo, como ha quedado probado con las atrocidades cometidas por su personal militar en la cárcel de Abu Ghraib (Irak) y en el campo de concentración de Guantánamo, amén de los vuelos secretos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), transportando prisioneros secuestrados, cuya suerte se desconoce.

Hasta ahora, Felipe Calderón no ha emitido ningún comentario sobre los monitoreos propuestos por el Senado estadunidense a la Iniciativa Mérida. La razón es sencilla: desde antes de ser declarado presidente electo, el Comando Norte del Pentágono le había impuesto a Calderón el plan militar con todo y sus condicionamientos, porque México es una pieza esencial del “perímetro de seguridad” de Estados Unidos, al que nuestro país fue “integrado” de facto. Es más: en parte, el Plan México ya viene operando en el contexto de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, marzo 2005), a través de los llamados operativos espejos y la existencia de un intercambio de información de inteligencia en tiempo real de los organismos de seguridad de ambos países.

A la doble moral de Estados Unidos se añade el hecho de que el régimen calderonista ha venido manejando el paquete que aumentará la dependencia militar de México, como un “acuerdo de voluntades”, “compromiso político” o “esquema de cooperación bilateral” de nivel ejecutivo, artilugio para ponerlo al margen del artículo 76, fracción I de la Constitución, que establece como facultad exclusiva del Senado mexicano analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal y aprobar tratados y convenios internacionales.

Así, el Plan México, definido por el embajador de Estados Unidos, Antonio Garza, como el “proyecto más agresivo” jamás impulsado por la Casa Blanca en el Hemisferio Occidental, carece aquí de control legislativo. El hecho es muy grave. México cede soberanía en áreas estratégicas que tienen que ver con la seguridad nacional. Calderón adoptó la agenda de Bush y su óptica militarista. Y no manchen: los cacareados principios de “confianza mutua”, “responsabilidad compartida” y “reciprocidad” entre dos países asimétricos como Estados Unidos y México es una humorada que intenta desafiar la ley que rige la relación entre el tiburón y la sardina.

 

lunes, 19 de mayo de 2008

Un enigma llamado EPR

Carlos Fazio


De manera sorpresiva, el 24 de abril, un par de días después de anunciar la reanudación de sus acciones militares, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) invitó a un grupo de reconocidos miembros de la sociedad civil a que interviniera como mediador en un “diálogo” con el gobierno de Felipe Calderón tendiente a la aparición con vida de dos de sus compañeros detenidos en mayo de 2007. El hecho desató especulaciones, porque el EPR, considerado por los servicios de inteligencia “la guerrilla activa más radical y peligrosa”, se había negado desde su aparición en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1996, a cualquier negociación con las autoridades.

El año pasado, tras la detención-desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el EPR protagonizó sendos sabotajes con bombas contra ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que generaron cuantiosos daños materiales, en lo que fue el inicio de una nueva fase de hostigamiento militar contra objetivos estratégicos en diferentes estados del país. Según sus propios documentos, la guerrilla eperrista es partidaria de todas las formas de lucha; combina las formas legales con las clandestinas, las parlamentarias y las extraparlamentarias, y la resistencia civil pacífica con las acciones militares y la autodefensa de masas. En la etapa actual, dominada por un gobierno que definen como ultraderechista, reaccionario y fraudulento, el EPR había calificado de prioritaria la modalidad de la autodefensa armada de las masas ante el cierre de los espacios legales por el régimen neoliberal de Felipe Calderón, la militarización y paramilitarización del país y el regreso de la tortura, las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales como prácticas de un Estado de tipo contrainsurgente, lo que según la organización armada derivó en un agotamiento de las vías pacíficas de transformación social.

Por eso ahora, la nueva acción política, no armada, del EPR –que no supone una negociación con el gobierno de Calderón ni un reconocimiento de su legitimidad– generó diversas interpretaciones. Entre ellas, que se trata de una “trampa” o “maniobra distractora”, o que propone negociaciones debido a su “debilidad” o “acorralamiento político”. Lo cierto es que han pasado ocho meses de los últimos sabotajes con explosivos en los estados de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, y en ese lapso el EPR se ha venido manifestando mediante comunicados vía Internet, donde exige al gobierno la aparición con vida de sus dos compañeros, bajo amenaza de reanudar las hostilidades.

La propuesta eperrista se dio después de que un conocido militante de la ultraderecha mexicana, José Antonio Sánchez Ortega, vinculado con los servicios de inteligencia, denunció públicamente que Calderón y el EPR estaban “negociando” una tregua militar en lo oscurito. Fue evidente que la “negociación” entre el gobierno y el grupo armado ocasionó cierto malestar en el interior de las fuerzas armadas. El ala “dura”, que considera a los eperristas simples “transgresores de la ley”, recomendó al “comandante supremo” Calderón que se abstenga de reconocer de facto a “otros ejércitos”; piensan que la aceptación tácita a negociar con los “delincuentes” del EPR les da en automático la estatura de ejército.

La denuncia exhibió contradicciones al interior del régimen entre “halcones” y “moderados”. Y si bien la respuesta inicial del gobierno fue condicionar cualquier negociación a una virtual rendición incondicional de la guerrilla (contrapropuesta considerada “alevosa, grosera y tramposa” por el EPR), la marcha atrás gubernamental hizo evidente que Calderón tiene muchos frentes abiertos en lo político y lo militar, por lo que un proceso de negociación con la guerrilla podría desactivar nuevos sabotajes y aminorar las tensiones y la violencia a escala nacional.

Vista así, la ofensiva política del EPR, lejos de expresar debilidad, podría estar obligando al régimen calderonista a definirse en torno al tema de la desaparición forzada de personas, considerado un crimen de lesa humanidad. En ese contexto, documentos de la octava Región Militar con sede en Oaxaca, atribuidos a su comandante, el general Juan Alfredo Oropeza, dieron cuenta de que dos oficiales de la Marina, los tenientes de navío y fragata (respectivamente), Manuel Moreno Rivas y José Manuel Vera Salinas, quienes dirigían las policías ministerial y preventiva de Oaxaca, habrían participado en la detención-desaparición de los dos eperristas. Un día después, la Procuraduría General de la República negó la participación de militares en los hechos.

A su vez, la PGR filtró información que señala como autores intelectuales de sendas desapariciones a gente del círculo íntimo del gobernador Ulises Ruiz, entre ellos un primo del mandatario, Romeo Ruiz. Las investigaciones de la procuraduría apuntan a la desaparecida Unidad Ministerial de Intervención Táctica (UMIT), “grupo de choque” a las órdenes Jorge Franco Vargas, que habría llevado a cabo una guerra sucia contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el EPR. Según un “testigo protegido” de la PGR, la UMIT, integrada por unos 40 agentes de elite de distintas corporaciones policiales, realizaba operaciones ilegales sin uniforme, en automóviles “no oficiales”, con armas largas no registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, y contaba además con equipo electrónico de inteligencia montado en una camioneta y cuatro casas de seguridad.

Lo curioso del caso es que, pese al desmentido de la PGR, en sus propias investigaciones aparece al menos uno de los dos marinos involucrados por la comandancia de la octava Región Militar: José Manuel Vera Salinas, actual jefe policial en Cancún, Quintana Roo. El sorpresivo pase a retiro del general Juan Alfredo Oropeza indica que, sin tirar tiros, el EPR exhibe al gobierno y está haciendo daño.

Convenciones contra el terrorismo

Información proporcionada por el equipo 8 de "terrorismo al por menor" de la generación 2008-2

Hasta la fecha se ha celebrado doce Convenciones que reprimen el terrorismo en campos específicos y limitados. Chile ha ratificado todas

ellas y se encuentran en vigencia. Son las siguientes:

1.- Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (La Haya 1970).

2.- Convención Internacional contra la toma de rehenes (Asamblea Gral.ONU, 1973).

3.- Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional. (Montreal, 1988).

4.- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (Roma, 1988).

5.- Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma 1988);

6.- Convenio sobre marcación de explosivos plásticos para los fines de detección (Montreal, 1991).

7.- Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos abordo de las aeronaves (Tokio, 1963).

8.- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (Montreal 1971).

9.- Convención sobre la prevención y el castigo de los delitos contra las personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (Asamblea General de la ONU, 1973).

10.- Convención sobre la protección física de los materiales nucleares (Viena 1980).

11.- Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo (Asamblea General de la ONU, 1999).

12.- Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas(Asamblea General de la ONU, 1997).


Fuente: Illanes F. Javier, Terrorismo y Derecho Internacional, Pharos (revista semestral de la Universidad de las Américas), Noviembre-Diciembre año 2001 Vol. 8 No. 2, p. 10, Santiago de Chile.

lunes, 21 de abril de 2008

Uribe, el amigo de Calderón

Lunes 21 de Abril de 2008
Carlos Fazio

La semana pasada, en Cancún, la alianza ultraconservadora entre Felipe Calderón y Álvaro Uribe quedó sellada. Al dar su respaldo al pelele fascista de Washington y exonerarlo tácitamente de su acción genocida en el Sucumbíos ecuatoriano, donde fueron asesinados cuatro jóvenes mexicanos y Lucía Morett resultó herida, Calderón exhibió su verdadero rostro. No hay posibilidad de equívocos porque, más allá de la comunión ideológica que ambos profesan, el mexicano conoce los inobjetables vínculos de Uribe con la narco-parapolítica y la saga del terrorismo de Estado colombiano.
Digamos bien claro: Calderón sabe que los principales alfiles de Uribe están en prisión por sus escandalosos nexos con los cárteles de la droga y los grupos paramilitares. Es consciente de que, además de los 28 congresistas presos, otros 51 están siendo investigados por la Suprema Corte por sus pactos secretos con los grupos ilegales, y que varios están acusados de haber participado en masacres y secuestros.
Calderón no ignora que los ocho partidos que llevaron a Uribe al poder están siendo investigados por sus vínculos con la mafia y el paramilitarismo, y que 90 por ciento de los congresistas acusados son uribistas. Sabe también que su amigo Uribe y sus compinches los Santos –uno vicepresidente y el otro ministro de Defensa de Colombia, ambos vinculados al diario El Tiempo– no pueden ocultar sus nexos con el narco-paramilitarismo que sucedió a los cárteles de Medellín y Cali y mediante un fraude electoral tomó por asalto el Palacio de Nariño en 2002.
Desde entonces, gracias a una amplia alianza de conglomerados económico-financieros y sectores del capitalismo agrario y latifundista, en la que convergieron las mafias unificadas del narcotráfico y el paramilitarismo, Uribe logró una descomunal concentración del poder en la autoridad presidencial, lo que, sumado a su talante autoritario, le ha permitido ejercer sus dos mandatos con atribuciones absolutistas de naturaleza cuasi monárquica. En ese contexto, su política de seguridad democrática es una restructuración de la antigua doctrina de seguridad nacional de cuño estadunidense, mediante la cual, y so pretexto de combatir el narcoterrorismo de las FARC (como sustituto del fantasma comunista), “justifica” las ejecuciones extrajudiciales y los crímenes de Estado.
La careta “democrática” de Uribe no admite el menor análisis. Son públicos los nexos orgánicos de la familia Uribe con los antiguos cárteles de Medellín y Cali. También el patrocinio de la última generación de grupos paramilitares en su natal Antioquia.
No es ningún secreto que el padre del mandatario colombiano, Alberto Uribe Sierra, se convirtió de agiotista en testaferro de propiedades de narcotraficantes, en particular del clan Ochoa, y que a mediados de los años 80 en la hacienda familiar recibían entrenamiento grupos paramilitares. Asimismo, son conocidos los nexos del joven Álvaro Uribe, entonces alcalde de Medellín, con el capo Pablo Escobar Gaviria, a quien benefició también autorizándole pistas clandestinas cuando se desempeñó como director de Aeronáutica Civil.
Ya como gobernador, Uribe promovió las Cooperativas de Seguridad Rural, Convivir, grupos irregulares que cometieron matanzas, desapariciones y secuestros con fines políticos. En 1999 su hermano Santiago fue investigado penalmente por la creación de un escuadrón de la muerte conocido como Los Doce Apóstoles, con sede en la hacienda La Carolina, Antioquia, cuya propiedad comparten ambos.
No parece un dato baladí que el hermano del mandatario fue exculpado, mediante un “auto inhibitorio”, por el fiscal Luis Camilo Osorio, actual embajador en México.
Calderón sabe, pues, que el fascismo histérico de Uribe y la alianza de clase que lo sostiene están erigidos sobre 3 mil 500 masacres, 4 mil fosas comunes, 15 mil desaparecidos y 6 millones de desplazados internos. Y lo peor es que desde que asumió el cargo subrepticiamente en Los Pinos, rodeado de militares y policías en el primer minuto de diciembre de 2006, Calderón adoptó el “modelo Uribe”. Por eso no hay contradicción.
La participación de México en las cumbres de la Organización de Estados Americanos en Washington y del Grupo de Río en Santo Domingo fue una maniobra diversionista. En ambos foros, Álvaro Uribe quedó aislado. Los cancilleres y mandatarios de la región se negaron de manera unánime a enmarcar el conflicto armado interno colombiano en la lógica antiterrorista de la administración de Bush, definiendo la confrontación entre el gobierno de Uribe y las guerrillas de las FARC como una guerra de carácter irregular. Ahora quedó claro que la posición mexicana fue oportunista y mentirosa. El propio Calderón, al definir a las FARC como un “grupo terrorista”, exhibió su fariseísmo.
Uribe y Calderón se parecen. Ambos utilizan la mentira como punta de lanza de una diplomacia funcional a los intereses geoestratégicos de la Casa Blanca. Uribe sólo habla de guerra y odio. Calderón parece seguir sus mismos pasos. Por eso, de repetir el camino del colombiano, podría llevar a México al terrorismo de Estado. Los resultados están a la vista: de la mano del Plan Colombia, diseñado y financiado por Estados Unidos, Uribe convirtió a su país en el Israel de Sudamérica, la nación receptora de mayor “ayuda” militar del Pentágono, cuya “misión” ahora es vietnamizar la subregión andina.
A su vez, mediante la Iniciativa Mérida, Calderón va camino de convertir a México en otro enclave militar del imperio; en una república bananera. No toma en cuenta que Colombia es un polvorín social a punto de estallar y que la satanización del adversario como “enemigo interno”, según los manuales de Washington, puede llevar al país a una fase de colombianización, dominada por el militarismo y el estado de excepción.

viernes, 18 de abril de 2008

Invitación: Geopolítica del Medio Oriente: el conflicto israelí-palestino

Hago una invitación a las siguientes actividades sobre la Geopolítica del Medio Oriente: el conflicto israelí-palestino.

Saludos

Abigail Cruz


Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Coordinación de Extensión Universitaria
Centro de Investigaciones Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades
Programa de Investigación "El Mundo en el Siglo XXI"
Seminario Internacional de Pensamiento Crítico

Invitan al:

Taller y proyección de documentales sobre:

Geopolítica del Medio Oriente: el conflicto israelí-palestino

10 de abril al 8 de mayo de 2008. Sala Lucio Mendieta y Núñez

Proyección de Documentales

Jerusalem 72%-28% Living Apartheid
Centro de Información Alternativa (AIC), Jerusalén- Belén
Presentación de El Muro del Apartheid. Construcción, Consecuencias y Fundamentos
Comité Grass Root contra el Muro Segregacionista.
Jueves 10 de abril, 13:00 hrs.
Coordinador: Juan Trujillo.

The Garbage Cage y The Hole in the Wall 2
Centro de Información Alternativa (AIC), Jerusalén- Belén
Presentación de Palestina Economics
Comité Grass Root contra el Muro Segregacionista.
Jueves 17 de abril, 13:00 hrs
Coordinador: Marvin Vallejo

Dandees Family y The Transparent Jerusalemites
Centro de Información Alternativa (AIC), Jerusalén- Belén
Presentación de Jordan Valley Short
Comité Grass Root contra el Muro Segregacionista.
Jueves 17 de abril, 13:00 hrs
Coordinadores: Pavel Vallejo y Raúl Romero

Jahalin
Centro de Información Alternativa (AIC), Jerusalén- Belén
Presentación de The Right of Education y School in Palestine. The Journey Starts in Hebron
Comité Grass Root contra el Muro Segregacionista.
Martes 29 de abril
Coordinadores: Luis Perez Torner

lunes, 14 de abril de 2008

Editorial La Jornada: Ecuador, bajo acoso

14 de abril de 2008

Las más recientes acusaciones de la presidencia colombiana contra el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, de que éste habría “desautorizado” operaciones de las fuerzas armadas de su país contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), vuelven a tensar las relaciones entre ambos países sudamericanos y el panorama diplomático regional. Por añadidura refuerzan la idea de que el gobierno progresista de Quito es víctima de una campaña de desestabilización en la que Álvaro Uribe es, hoy por hoy, el operador más visible, pero cuyas directivas proceden de Washington.
Los señalamientos de la Casa de Nariño apuntarían en esa lógica a explotar un punto débil en el esquema gubernamental ecuatoriano: la crisis de confianza recientemente desatada entre la presidencia de Correa y altos mandos del Ministerio de Defensa que fueron removidos cuando se descubrió que estaban infiltrados por el espionaje estadunidense. Ahora es claro que el gobierno del país vecino busca exacerbar las diferencias entre la autoridad civil de Ecuador y las fuerzas armadas, con el propósito de desestabilizar y debilitar esa nación, acaso como preparativo para nuevas provocaciones militares.
Los motivos para ésas y otras acciones están a la vista: la actitud firme de Correa en la defensa de la soberanía de su país, tras la incursión militar colombiana contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, hace mes y medio, en la que murieron más de 20 personas, entre ellas uno de los más importantes líderes de la organización insurgente y cuatro jóvenes mexicanos. Por añadidura, el presidente ecuatoriano se ha puesto en la mira de la Casa Blanca y de su aliado regional, Álvaro Uribe, al cerrar filas con Hugo Chávez –quien gobierna otra de las naciones que pueden sentirse amenazadas por el descontrolado belicismo de Uribe– y promover la fundación de una organización hemisférica que agrupe a las naciones de América Latina y de la que quede excluido Washington, es decir, una organización de estados latinoamericanos.
El propio Chávez es, desde hace mucho tiempo, víctima de una intensa campaña propagandística estadunidense, que la semana pasada alcanzó una nueva cota: el encargado en la administración Bush de coordinar la estrategia “antidrogas”, John Walters, afirmó que Caracas “contribuye con el tráfico de estupefacientes realizado por las FARC”. Washington pretende ahora pasar por alto que sus servicios de inteligencia tienen catalogado a Uribe como político vinculado con el tráfico de drogas –dato que refuerzan diversas investigaciones periodísticas colombianas, particularmente la que señala la relación de amistad que existía entre la familia del actual presidente colombiano y el fallecido capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar–, y se lanza a formular acusaciones carentes de todo fundamento contra el presidente venezolano. Tras pedir a sus aliados europeos que “presionen” a Chávez, Walters basó su acusación en algo tan incierto como que “algunas informaciones recientes de los servicios de inteligencia sugieren que las FARC han estado recibiendo dinero de fuentes externas para atenuar sus problemas financieros”.
Tras el ciclo desastroso de regímenes neoliberales –en el que, por desgracia, sigue estancado nuestro país– han surgido en América Latina gobiernos democráticamente electos, con visiones y propuestas alternativas, menos centradas en la defensa de los intereses financieros internacionales y más atentas a las necesidades de las respectivas poblaciones. Dos de ellos, el de Venezuela y el de Ecuador, parecen haber sido escogidos por Estados Unidos y sus aliados locales para emprender sendas campañas desestabilizadoras que podrían pasar incluso –así lo sugiere el desatino belicista de Uribe– por la gestación de un conflicto armado regional que sirva a Washington de pretexto para intervenir de manera directa en la zona andina. Cabe esperar que la diplomacia regional siga siendo capaz de frustrar este último designio disparatado del gobierno de Bush, y que se pueda preservar la paz en las fronteras entre Colombia y sus vecinos.

martes, 8 de abril de 2008

Washington y sus peones

Carlos Fazio

La participación directa de soldados del Pentágono asentados en las bases de Manta (Ecuador) y Tres Esquinas (Colombia) en el golpe militar quirúrgico contra un campamento clandestino de las FARC en Sucumbíos es una señal de que Estados Unidos ha perdido la iniciativa estratégica. En ese contexto, en receso por ahora la vía del golpe de Estado, Washington necesita fabricar el clima ideológico y las coartadas para sus acciones encubiertas en el área, por lo que echa mano de políticos de medio pelo corruptos como José María Aznar, Vicente Fox, Luis Alberto Lacalle, Jorge Quiroga, Osvaldo Hurtado, Rafael Ángel Calderón Fournier, Marco Vinicio Cerezo y Francisco Flores, y de su enorme ejército de intelectuales orgánicos, entre ellos los neoconversos Mario Vargas Llosa y Jorge Castañeda, Enrique Krauze y el profesional de la industria de la contrarrevolución Carlos Alberto Montaner (ligado a la mafia de Miami), a lo que suma el aparato mass-mediático del gran capital nativo.

A todos los une la histérica denuncia del “populismo radical” y tres o cuatro clichés más fabricados en las usinas propagandísticas de Washington, incluidos el mito y las supersticiones del evangelio neoliberal, que los “idiotas pluscuamperfectos” (Atilio Borón dixit) repiten cual papagayos en sus primitivos cónclaves. Asimismo, tienen como objetivo de fondo construir una fuerza de la ultraderecha liberal, capaz de frenar los avances progresistas y de izquierda y, en forma paralela, coordinar y potenciar de manera subordinada la escalada de agresiones en contra de Raúl Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega.

En ese sentido, marzo ha sido pródigo en acciones diversionistas patrocinadas por la administración Bush con fines propagandísticos y subversivos, en el contexto de una política hemisférica que combina un intervencionismo militar básicamente indirecto con el expansionismo ideológico, bajo la fórmula “democracia de mercado y seguridad”.

La confluencia escalonada de tres actos regionales que impulsan el decadente Consenso de Washington pone en evidencia lo anterior: el foro Solidaridad Latinoamericana al Encuentro de Cuba, celebrado en San José de Costa Rica el 14 de marzo; el seminario Los desafíos de América Latina: entre las falencias institucionales y las oportunidades de desarrollo, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad en Rosario, Argentina, entre el 24 y el 29 de ese mes, y la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en Caracas del 28 al 30 de marzo.

Por razones de espacio nos referiremos al encuentro de Costa Rica dedicado a Cuba. Aunque están devaluados y la conservadora Organización Demócrata Cristiana de América que presiden ya no da lustre, Fox y su fiel escudero Manuel Espino cumplieron allí su “misión”: replicar la voz del amo. Por más que intentan encubrirla, su “agenda” es la de Estados Unidos y sus socios imperialistas de la “vieja Europa”. Financiado por la Konrad Adenauer, el encuentro estaba programado para realizarse en México. Pero tuvo que realizarse en Costa Rica debido a las presiones de Felipe Calderón, quien no quiso ver opacada la labor de reingeniería diplomática de su canciller Patricia Espinosa, quien ese mismo 14 de marzo se reuniría en Cuba con su homólogo Felipe Pérez Roque.

En su carácter de presidente de la ODCA, Manuel Espino dirigió un mensaje imbuido de una nueva retórica dialoguista que es un insulto a la inteligencia: “Este encuentro de recta intención, que no reconoce enemigos ni adversarios, sólo interlocutores de buena voluntad (…) ha sido convocado para reiterar nuestro respeto a la libre autodeterminación de Cuba”. Con eje el “bien común” y énfasis en la “reconciliación nacional” de los cubanos del exterior y la isla, el discurso de Espino recuerda la matriz ideológica y el papel asignado por Washington a la democracia cristiana en la época del neoconservadurismo reaganeano y los conflictos de baja intensidad en Centroamérica, en particular la guerra de la contra, financiada por Estados Unidos contra Nicaragua sandinista.

Según Espino, Cuba “vive un cambio de época con oportunidades imprevistas”, “un momento de transición” que, es el mensaje, debe ser aprovechado por las derechas del hemisferio occidental y sus aliados de Europa para acabar con la Revolución. Ese objetivo quedó más delineado en la Declaración de Costa Rica, donde, previa finta engañabobos dirigida presuntamente contra Estados Unidos (“ningún gobierno de un Estado extranjero puede tomar decisiones que sólo corresponden al pueblo cubano, ni intervenir en sus asuntos o imponer sanciones de manera unilateral”), practica un claro intervencionismo a través de un decálogo de recomendaciones al gobierno de Raúl Castro, que básicamente recoge las directrices de la administración Bush.

La nueva estrategia asignada al binomio Fox-Espino introdujo algunas contradicciones con sus aliados anticastristas de La Florida, en particular con el Directorio Democrático Cubano (DDC). Según un cable de la agencia Efe, fechado en Miami el 1º de abril, el DDC aclaró que, pese a formar parte de la internacional socialcristiana, “ni firmó ni suscribió ni apoyó el texto” de San José, que en una de sus resoluciones propone una reunión con Raúl Castro para impulsar la apertura política en la isla.

La organización lamentó que la ODCA se “aleje del consenso internacional que no le reconoce legitimidad a esta dictadura (la del gobierno cubano)”, y aseguró que no fue consultada sobre la puesta en marcha de “esa estrategia”. Para el DDC, la declaración “hace concepciones ideológicas” y se “alinea” con “la política de apaciguamiento impulsada por el gobierno del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero”. O sea, una doble vía para un mismo fin.

martes, 25 de marzo de 2008

Sobre cómplices y cipayos

Carlos Fazio

Uno. El asesinato selectivo de Raúl Reyes, principal negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue una acción planificada al detalle por los gobiernos de George W. Bush y Álvaro Uribe, en el contexto de una vasta operación de guerra sicológica inscrita en el Plan Colombia y desarrollada en dos tiempos y varios escenarios.
No fue una “persecución en caliente” ni una acción militar de legítima defensa. Las ejecuciones de Reyes y sus compañeros, incluidos cuatro estudiantes mexicanos, no se produjeron en combate. Cuando la aviación del eje Washington-Bogotá bombardeó el campamento, Reyes y sus acompañentes dormían. Se trató de un golpe quirúrgico, de un asesinato selectivo como los que suelen realizar la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y el Mossad israelí al margen del derecho internacional. Varios malheridos recibieron tiros de gracia. Fue, pues, una masacre, un acto genocida.
Más allá del necrofílico show mediático con fines diversionistas montado por Uribe y el Pentágono, Colombia violó el espacio aéreo y el territorio de Ecuador de manera deliberada. A través del cipayo Uribe, la administración de Bush ha decidido dar visibilidad a su doctrina de guerra preventiva en el hemisferio. Washington ha convertido a Colombia en su portaviones terrestre en el corazón de América del Sur, en su nuevo enclave político-militar en la subregión. Junto con Israel y Egipto, Colombia es el país que recibe más ayuda militar estadunidense.
En los últimos siete años, a un costo de más de 6 mil millones de dólares, Washington ha venido militarizando Colombia, brindado entrenamiento especializado a sus fuerzas armadas (200 mil hombres) y policiales (30 mil), y dotándola de un sofisticado equipo bélico (armamento, helicópteros Black Hawk, una red de siete radares), lo que ha sido complementado con la presencia in situ de mil 500 asesores y fuerzas de elite de la CIA y el Pentágono; docenas de comandos e instructores israelíes, y la subcontratación de corporaciones privadas de seguridad, como DynCorp y TRW, que, entre otras labores, se encargan de producir información de inteligencia. Lo que ha llevado a una mercenarización o tercerización del conflicto interno colombiano. A lo que se suma el uso del paramilitarismo, bajo control del Ejército gubernamental.
Dos. En forma paralela y, como parte de la misma estrategia, el eje Washington-Bogotá montó un verdadero circo mediático, recurriendo a los clásicos trucos sucios de las acciones encubiertas y la propaganda de guerra, para presentar al país agresor como víctima e intentar involucrar a diferentes actores regionales con las FARC.
Escudados en la “seguridad nacional”, durante los conflictos bélicos los gobiernos mienten, tergiversan los datos y calumnian al enemigo, queriendo hacer pasar por información objetiva lo que en realidad es propaganda y/o acciones de guerra sicológica. Para construir la “verdad oficial” se utilizan genéricamente tres tipos de propaganda: blanca, gris o negra.
La propaganda negra es aquella que aduce otra fuente y no la verdadera. Afirma algo que no es posible corroborar con certeza y de esa manera la “información” (propaganda) queda plantada como si fuera una “noticia”. Para encubrir su origen y sus intenciones se la rodea de ambigüedades, secretos y misterios. Verbigracia, la laptop de Reyes.
La guerra sicológica utiliza una caracterización simplista y maniquea (negro/blanco, terrorismo/democracia) para estereotipar al enemigo y aislarlo, recurso efectivo en una “opinión pública” que ha sido religiosamente adoctrinada sobre el bien y el mal desde la cuna. Al utilizar el mito de la guerra, el propagandista busca satanizar al adversario, arrancarle todo viso de humanidad y cosificarlo, de tal modo que eliminarlo no equivalga a cometer un asesinato.
Tres. En la segunda fase de la agresión militar extraterritorial quedó exhibido, una vez más, el papel colaboracionista de los grandes medios electrónicos e impresos de la región, con las operaciones subversivas de Estados Unidos. En la coyuntura, destaca el papel jugado por los diarios afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), primer eslabón creado y financiado por la CIA a finales de la Segunda Guerra Mundial para homogeneizar a la opinión pública de las Américas.
De origen panamericanista y permeada por el espíritu de Coolidge –el presidente de Estados Unidos que en los años 20 del siglo pasado envió los marines a Nicaragua para aplastar a Sandino y a Sacco y Vanzetti a la silla eléctrica–, durante la guerra fría la SIP fue utilizada por Washington para convertir a la “prensa libre” en ecos metálicos de la voz del norte; en mera repetidora de información tergiversada o inventada por la CIA y distribuida por la Agencia de Información al Público de Estados Unidos (USIA). Washington proporcionaba los argumentos y los medios, y los grandes diarios, como ocurre hoy, prestaban sus nombres.
En nuestros días ha sido vergonzoso el papel colaboracionista de varios diarios y comentaristas mexicanos que han seguido al pie de la letra el guión del eje Washington-Bogotá. Con el linchamiento mediático y la criminalización de Lucía Morett y sus compañeros asesinados –bajo el silencio cómplice de Felipe Calderón, socio político e ideológico de Bush y Uribe–, y mediante la fabricación de los presuntos nexos estudiantes de la UNAM-FARC-Círculos Bolivarianos-EPR-narcoguerrilla, la prensa clasista abona el aterrizaje del Plan México, funcional a Estados Unidos para consolidar un bloque militarizado de Canadá hasta Colombia. Con un agregado: la militarización del país y la privatización de Pemex son las dos caras de una misma moneda. Las armas para la represión permitirán al clan Bush y sus compinches apropiarse del “tesoro escondido” en las aguas del Golfo y en todo México.

martes, 11 de marzo de 2008

El conflicto colombiano, a un paso de la vietnamización

MARTES 29 DE AGOSTO DE 2000

* Estados Unidos refuerza la ayuda antiguerrillera
* Por la vía de los hechos se intensifica la lucha contra la insurgencia

Carlos Fazio *

Apenas arrancaba 1998, cuando el diario The Washington Post dijo que la Casa Blanca creía que el ejército colombiano podía perder la guerra contra la insurgencia. Analistas estadunidenses aseguraron entonces que la guerrilla controlaba 40 por ciento del territorio colombiano.
Durante un seminario organizado por la embajada estadunidense en Colombia, el coronel austriaco Edwin Micewsky, experto en liderazgo militar, expresó que ante la diversificación de grupos armados ese país podría quedar dividido en tres. La visión sobre el peligro de una fragmentación del Estado colombiano, en caso de que las autoridades no pudieran recuperar el monopolio de la fuerza, fue compartida por el general Paul Valleley, ex subcomandante del ejército de Estados Unidos en el Pacífico.
Un funcionario de la Casa Blanca declaró que Colombia representaba "una amenaza mayor que Bosnia, pero recibe menos atención. Luego, la política (hacia Colombia) se define por residuo". Según el diagnóstico que entregó entonces al Congreso el jefe del Comando Sur, general Charles Wilhem, los militares colombianos care- cían de estrategia y liderazgo, no tenían moral, afrontaban problemas de indisciplina en sus filas y contaban con una inteligencia "terrible". Esa ev aluación estaba en la base del memorando de cooperación militar suscrito en diciembre de 1998 por el secretario de Defensa, William Cohen, y su homólogo colombiano, Rodrigo Lloreda.
En este contexto se inscribe el viaje que este miércoles comenzará en Colombia el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien desde 1997 comenzó a diseñar su propia agenda para esa nación sudamericana. Quizá el componente más significativo de la gira fue que el mandatario incluyó en su delegación a nueve congresistas, algo que rara vez suele hacer.
En la lista aparece el presidente del Congreso, Dennis Hastert, el tercer hombre más poderoso de Estados Unidos, a quien se le sumarán los republicanos Porter Goss, Bob Graham, Mike de Wine, Doug Bereutr y los demócratas Bill Delahunt, Jim Moran, Ruben Hinojosa y Joseph Biden. Ellos expresan el sello de la continuidad del proyecto intervencionista.
Desde 1997 Washington echó mano de la socorrida estrategia imperial del garrote y la zanahoria. En el plano diplomático apoyó las negociaciones de paz gobierno-guerrilla en Colombia y al presidente Andrés Pastrana. Pero en forma paralela el Pentágono fue alistando las condiciones para la guerra y colocando al conflicto interno colombiano al borde de una vietnamización.
Halcones y palomas
En diciembre de ese año, la "reunión secreta" entre emisarios del Departamento de Estado y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Costa Rica, exhibió esa doble vía que en Estados Unidos enfrenta a halcones y palomas. Peter Romero, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, dijo entonces que Washington no permitiría una Farclandia en los 42 mil kilómetros cuadrados de la zona desmilitarizada por el gobierno y la guerrilla, y condicionó la ayuda para el programa de erradicación de drogas ­la parte formal del Plan Colombia, que intenta encubrir sus fines contrainsurgentes­ a una "reinserción" de las FARC a la vida civil.
Romero encarna a los partidarios de la "zanahoria", que insisten en darle una oportunidad a la vía negociada. Allí alinean funcionarios del Departamento de Estado y la Casa Blanca que están a favor de mantener contacto directo con los diversos actores del conflicto armado y de participar de modo activo en las negociaciones, con algunas condiciones como la continuidad de la lucha antinarcóticos, resolver la situación de los ciudadanos estadunidenses secuestrados en Colombia y la obtención de garantías para las empresas e inversiones de aquéllos en ese país.
El grupo "guerrerista" lo integran republicanos de ultraderecha y la Secretaría de Defensa, y promueven la derrota militar de la guerrilla. A comienzos 1998, cuando Washington decidió convertir a Colombia en el tercer receptor mundial de ayuda militar, detrás de Israel y China, con 420 millones de dólares ese año, los estrategas del Pentágono avanzaron un paso más en su plan de recuperar la capacidad operativa del ejército colombiano.
Adam Isaacson, especialista en política de seguridad de la Universidad de Yale, afirmó que entre 1995 y 1999 la ayuda del Pentágono al ejército colombiano se había multiplicado por ocho. Dijo que 95 por ciento de la ayuda se destinó a ese cuerpo y a la Policía. Sólo 5 por ciento se aportó a desarrollo y otros rubros. Washington "está financiando la guerra en Colombia. Se optó por las armas en vez del desarrollo", concluyó. Pero James Zackrison, analista del Pentágono, argumentó que si no hay fuerzas armadas fuertes o "garrote en mano", se le está regalando el país a la guerrilla. Para él, la guerra o el "garrote" es el último instrumento de la diplomacia o la "zanahoria". Zackrison avala la teoría de la narcoguerrilla, que sirve para justificar el desvío de la ayuda antinarcóticos a la guerra contrainsurgente, lo que está prohibido por el Congreso.
El punto nodal del Plan Colombia ­como parte de la cooperación militar estadunidense que incluye armas, infraestructura de inteligencia y entrenamiento contrainsurgente­ fue la creación de una fuerza de tarea aerotransportada para combatir a la guerrilla. Analistas de asuntos de inteligencia señalaron que las FARC no intervenían en el narcotráfico, pero permitían los cultivos ilícitos y el transporte de la mercancía. Por eso, congresistas y oficiales del Pentágono propusieron dejar de disfrazar la ayuda militar a Colombia bajo el rubro de "antinarcóticos" y declararla como ayuda contrainsurgente, por ser la guerrilla un "enemigo" para la seguridad nacional estadunidense. Esa posición no obtuvo un consenso inicial, pero se fue instrumentando por la vía de los hechos.
En enero de 1998, el diario colombiano El Espectador reveló que en breve llegarían al país 300 instructores de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, un número indeterminado de expertos en sofisticados aparatos de "inteligencia electrónica" de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y centenares de toneladas de equipo de artillería, transporte y guerra tecnológica.
Los diagnósticos sobre la guerra en Colombia coincidían en determinar que el ejército local no tenía capacidad para localizar al enemigo ni prevenir sus ataques debido a su poca movilidad y a la falta de equipo de "inteligencia electrónica" que le permitieran advertir la movilización de guerrilleros. Por eso, el paquete de ayuda militar incluye la utilización de aviones espías y vigilancia por satélite a las selvas de la Orinoquia y la Amazonia, que podrán proveer imágenes de calor e infrarrojas en las cuales se podrán identificar las concentraciones de combatientes de las FARC en la jungla y monitorear sus comunicaciones, incluyendo su localización.
Los integrantes del primero de los tres batallones de elite fueron seleccionados entre miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta con sede en la recuperada base militar de Tres Esquinas, en Caquetá, donde fueron instalados los receptores de señales que envíen los satélites, los aviones y las tropas de tierra, para constituir un comando de inteligencia que proporcionará información inmediata para y sobre el desarrollo de las operaciones.
Los asesores, "objetivo militar"
El entrenamiento de esa fuerza estuvo destinado a formar una unidad que tuviera capacidad para proteger desde tierra las operaciones aéreas de fumigación de cultivos ilícitos . Eso implicó consolidar posiciones en lo más profundo de la selva y fortalecer el control del ejército sobre el tránsito en los ríos amazónicos, actualmente en poder de las FARC. Tras dos años de preparativos, la tropa tiene una localización exacta de los guerrilleros en la selva, pero tendrá que enfrentarse en combate de tierra con ellos cuando busquen reagruparse o huir por los ríos, previo el ataque aéreo de aviones OV-10 Bronco o de helicópteros artillados Blackhawk, y serán recibidos en el río por lanchas de combate artilladas.
Hace dos años, un vocero de las FARC declaró al noticiero Caracol que los asesores norteamericanos eran considerados "objetivos militares". El 23 de julio de 1999, la caída del avión militar de espionaje estadunidense, Havilland RC-7, en la zona de Putumayo, en el sur colombiano, demostró que el Pentágono estaba interviniendo directamente en el conflicto. Desde marzo de ese año existían informes del Government Accounting Office (GAO, brazo investigativo del Congreso de Estados Unidos) sobre el suministro de inteligencia militar de Washington, vinculada con las actividades guerrilleras, a las fuerzas armadas colombianas.
Analistas de la Universidad Nacional dijeron que el involucramiento de Estados Unidos llevará a una vietnamización del conflicto interno colombiano. Según Adam Isaacson, el Pentágono quiere repetir el modelo de El Salvador. "Estados Unidos empezó a dar ayuda militar a ese país en 1979 (un millón de dólares diarios durante 1984) y la guerra terminó 13 años después. El gobierno no recuperó el área guerrillera, murieron 80 mil personas y hubo un millón de refugiados. Fue un empate en desangre. El Salvador es un mal ejemplo a seguir".
La Casa Blanca utilizó en El Salvador la política del garrote y la zanahoria. La doble vía política y militar. Tras el derrumbe del Muro de Berlín se han reducido de modo sustancial los conflictos de interés estratégico para Estados Unidos. A medida que otras guerras se solucionan, el conflicto colombiano adquiere importancia para el Pentágono, que justifica su enorme presupuesto en función de las guerras en que pueda participar. Sobre todo si se toma en cuenta que el Pentágono tiene la obligación de decirle al Congreso cuánto gasta, pero no en qué emplea el dinero.

Paramilitar y con rasgos neofascistas, el gobierno de Uribe: Comisión Intereclesial

México D.F. Martes 5 de agosto de 2003

Medios e Iglesia católica avalan la "mano dura" del mandatario colombiano
El Poder Ejecutivo y las fuerzas militares, fuertes; Legislativo y Judicial, debilitados

CARLOS FAZIO ENVIADO
Santafe de Bogota. La violencia y el terror no cesan y lo impregnan todo. La mención de los "violentos" y su contraparte "salvadora", las fuerzas armadas, es cotidiana en los medios masivos con un sentido uniforme y unidireccional en su manejo maniqueo: gobierno "víctima", guerrilla "culpable". Unanimidad peligrosa, de mercadeo de imagen y guerra sicológica, de culto al jefe del Ejecutivo, concentrada, sin disonancias, manipuladora. Que cuestiona al que protesta y lo estigmatiza como "izquierdista" o "subversivo", para luego aislarlo, anularlo o silenciarlo.
Sacrificados en el altar de la seguridad nacional, el desmonte de los derechos humanos es ostensible. Pero de eso no se habla y mucho menos se informa. Como tampoco tiene rango de noticia la destrucción cotidiana del tejido social. Una realidad con un alto saldo sonante y contable en víctimas de carne y hueso; de asesinados, desaparecidos, torturados y desplazados de manera forzosa. De pérdidas, despojos y rupturas. De cifras escalofriantes que dibujan el escenario de una catástrofe humanitaria: 68 por ciento de la población (30 millones) vive en condiciones de pobreza absoluta y más de 11 millones bajo la línea de indigencia, es decir, no dispone del ingreso de un dólar diario. A ello se suma el desplazamiento forzoso de 2 millones 900 mil personas, no sólo como producto de la guerra, sino también de una estrategia oficial inscrita en una dinámica de control de población y territorial, como forma de concentración violenta de la tierra en manos de un puñado de terratenientes (1.3 por ciento de propietarios posee 48 por ciento de la tierra) y corporaciones multinacionales.
Todo eso forma parte de la otra guerra detrás de la guerra. La de la propaganda. Una guerra oculta que ha permitido al bloque de poder en Colombia, el Grupo Santo Domingo, emporio cervecero con ramificaciones en Perú y Panamá; el Grupo Sudamericana, propietario de los principales bancos con fuertes intereses en las industrias alimenticia, textilera y cementera, y al Grupo Aval, cuyo propietario, Luis Carlos Sarmiento, posee 25 por ciento del capital financiero del país, ir desarrollando una opinión pública contrainsurgente. Y, finalmente, poner en el puesto de mando al hombre que está concentrando todos sus esfuerzos en la promoción de la guerra y su ejercicio, y que prometió acabar con la insurgencia armada en 18 meses: Alvaro Uribe Vélez, el "aliado de Washington", a quien muchos definen ya como "presidente de los paramilitares".
Fujimorismo desembozado
Portadora de un pasado con aroma a narcotráfico, la gestión presidencial de Uribe (Medellín, 1952) nació en agosto del año pasado bajo el signo de un autoritarismo de nuevo tipo que él no tiene empacho en exhibir. En tan corto lapso ha sido, el suyo, un gobierno de "mano dura" que no permite presagiar nada bueno para los colombianos y que podría derivar en lo que algunas voces de la llamada sociedad civil no dudan en tipificar como un "Estado fascista" en ciernes.
Partidario de la "guerra total" contra los alzados de izquierda, Uribe persigue el exterminio o la derrota militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del debilitado Ejército de Liberación Nacional (ELN), o su rendición incondicional en una mesa de negociaciones. En forma paralela, y con el aval de la jerarquía de la Iglesia católica local, hace unas semanas firmó un acuerdo para la presunta desmovilización y regularización de los grupos armados derechistas integrados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que incluye a sus principales jefes militares, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, prototipos del narcoparamilitarismo, cuya extradición ha sido pedida por Estados Unidos.
El gobierno de "manos libres" de Uribe, que no puede disimular cierto tufillo fujimorista, ha venido dando pasos firmes y constantes hacia un objetivo bien definido: la centralización del poder en el Ejecutivo, la potenciación de la fuerza militar, el debilitamiento progresivo de los poderes Legislativo y Judicial y la creación de un clima de miedo y terror permanentes. Apoyado en el estado de conmoción interna, una medida constitucional de carácter excepcional que recorta las garantías civiles y políticas y a cuyo amparo se ha venido legislando, Uribe busca trascender ahora hacia un régimen de seguridad permanente, el estatuto antiterrorista, que lo provea de las herramientas jurídicas y operativas para la guerra contrainsurgente y que a la vez salvaguarde la impunidad de las fuerzas armadas. Como botón de muestra, la iniciativa, que busca el fortalecimiento del fuero militar, convierte en actos de servicio cualquier delito cometido por integrantes del estamento castrense.
La lógica que permea la nueva política de "seguridad democrática" gubernamental, con eje en el "enemigo interno", tiene sustento en la vieja doctrina contrainsurgente de la seguridad nacional y empata ciento por ciento con la "guerra al terrorismo" de la administración Bush. Hace unas semanas el Senado aprobó una iniciativa de reforma constitucional que permite a las fuerzas militares hacer arrestos y allanamientos, así como interceptar comunicaciones y correspondencia, sin orden judicial. A su vez, remedo de la ley patriótica estadunidense a la colombiana, el estatuto antiterrorista está dirigido a la construcción de una superestructura estatal de neto corte autoritario que busca consolidar la militarización de la sociedad.
Mano dura con agua bendita
Pero Alvaro Uribe no es un improvisado. Heredero de una de las familias de terratenientes más acaudaladas de Antioquia, fue alcalde de Medellín cuando el capo Pablo Escobar era el rey de la región y también gobernador de su estado natal, periodo en el cual organizó una red de cooperativas de seguridad y vigilancia privada, conocidas como Convivir, identificada por los observadores locales como una forma encubierta de las autodefensas o grupos paramilitares de extrema derecha, adscritas a la lucha contrainsurgente bajo el patrocinio y control del ejército.
Para Danilo Rueda, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, el gobierno de Alvaro Uribe está abocado a "la construcción de un Estado militar neofascista", en el marco de "un proyecto de guerra contrainsurgente" que abarca a toda la sociedad. En ese escenario, dice, el acuerdo firmado entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia forma parte de un plan para "normalizar" la estrategia irregular del "Estado paramilitar" que el mismo Uribe ayudó a crear hace varios años.
Por eso, a su juicio, "no se trata de una negociación. Negociación supone un diálogo entre dos partes. Pero esto es un monólogo. El Ejecutivo colombiano actual y las AUC son parte de un mismo cuerpo". Añade que el paramilitarismo constituye hoy un "poder político" con representación en el Congreso nacional (35 por ciento de los legisladores) y que tiene en el propio mandatario a su máximo exponente. Pero también constituye un "poder social", ya que con base en una dinámica de matanzas y violencia terrorista, seguida de políticas de "participación comunitaria" en los territorios "conquistados" bajo cobertura oficial, los paramilitares lograron "cooptar" sindicatos obreros y organizaciones campesinas, imponiendo finalmente "su ley y orden".
"Un poder paramilitar que también abarca la espiritualidad", dice Rueda, ya que con el aval de la jerarquía de la Iglesia católica local se viene impulsando desde el gobierno una política "de reconciliación con fórmulas de reparación del daño sui generis: el genocida pide perdón, estrecha la mano de su víctima y le pide trabajar juntos por el progreso. Esa es la reconciliación". De esa forma, "el alma, con sus anhelos y utopías, de quienes luchan por un proyecto de vida frente al proyecto de muerte gubernamental, es apropiada por una estrategia macabra dirigida contra toda la sociedad".
Una estrategia de "seguridad democrática" que fue bendecida por el cardenal primado de Colombia, Pedro Rubiano, presidente de la Conferencia Episcopal, el 7 de agosto de 2002, cuando tras su visita protocolar al Palacio de Nariño en el periodo de la transmisión de mando sentenció: "El país necesita mano dura". Monseñor Rubiano no hacía sino ratificar la posición de Roma, simbolizada en la misa de acción de gracias que celebró el cardenal Darío Castrillón, prefecto de una congregación vaticana, con la familia de Alvaro Uribe en Medellín, tras la victoria electoral del antioqueño.