martes, 11 de marzo de 2008

Convertir a paramilitares en "soldados campesinos", la nueva fórmula de Uribe

México D.F. Miércoles 6 de agosto de 2003

Los acuerdos del presidente con las Autodefensas, otra fase del conflicto en Colombia
De escuadrones de la muerte, los paras pasaron a ser verdaderos ejércitos locales

CARLOS FAZIO ENVIADO
Bogota. Los oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que actúan en Colombia los llaman la "contra" en alusión a los grupos campesinos irregulares entrenados, armados y financiados por Washington que operaron en Nicaragua contra el gobierno sandinista en los años 80. Ellos se hacen llamar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Son los paramilitares, vieja arma eficaz del terrorismo de Estado, que en este país evolucionaron de escuadrones de la muerte a verdaderos ejércitos locales que controlan territorios, haciendas, vidas y conciencias.
Hace dos semanas, el gobierno de Alvaro Uribe anunció la concreción de un acuerdo con las AUC, como un primer paso para iniciar una negociación con miras a desmovilizar a cerca de 13 mil paramilitares antes de 2005. Los paras han sido acusados de crímenes de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos, y varios de sus jefes militares, entre ellos Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra, tienen pedido de extradición de Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, lo que, en principio, plantea un serio problema al plan "normalizador" de Uribe.
Sin embargo, existen elementos que indican que el presidente colombiano viene actuando con el consenso de Washington. No sólo porque desde un principio la embajadora saliente de Estados Unidos en Colombia, Anne Patterson, anunció que su país financiará durante los dos primeros años la desmovilización de los paramilitares, sino porque en el origen mismo de las negociaciones aparece la mano de la central de inteligencia estadunidense. Entre marzo y mayo pasados, en una misión clasificada bajo el rótulo de "ultrasecreta", tres emisarios realizaron contactos directos con los principales jefes de las AUC a nombre de la CIA. El objetivo de la operación encubierta fue lograr una fórmula de acuerdo para desmovilizar a los principales grupos irregulares; la entrega de información sobre el negocio del narcotráfico (rutas de la droga, lavado de activos y nuevos jefes de la organización delictiva), y datos sobre la guerrilla de las FARC. A cambio de ello ofrecieron trasladar a Estados Unidos a los principales jefes "contras" y a sus familias.
Otra clave del asunto tiene que ver con la función que han cumplido hasta ahora esos grupos de violencia privada, como herramienta eficaz en las tareas de contrarreforma agraria, control de población y territorios y de la guerra sucia contrainsurgente dirigida por las fuerzas armadas contra el "enemigo interno". En ese sentido, grupos humanitarios y de la sociedad civil consideran que los "acuerdos" de Uribe con las AUC apuntan a una "legalización" y reconfiguración de los paramilitares como "soldados campesinos", la nueva fórmula impulsada por el mandatario colombiano con claras reminiscencias fujimoristas. El proceso abarcaría además una "normalización" de la estrategia irregular del Estado paramilitar en tránsito hacia un Estado militar de rasgos fascistas.
Reingeniería castrense made in USA
Lo anterior embona a su vez con los avances registrados por el Pentágono en sus labores de reingeniería militar en las fuerzas armadas locales, bajo la cobertura del Plan Colombia y con fondos millonarios de la Defensa y del Congreso estadunidenses. Estas actividades comprenden la formación bajo asesoría estadunidense y de empresas de "contratistas" (mercenarios) de nuevos batallones contrainsurgentes de elite en zonas bajo control de la guerrilla o de importancia geoeconómica previstas para el desarrollo de megaproyectos de capital multinacional (explotación petrol era, hidroeléctricas, canal interoceánico, agroindustrias); la restructuración del estamento castrense en áreas de planeación, logística, entrenamiento, doctrina, estrategia, inteligencia, reclutamiento y técnicas de interrogatorio; el suministro de equipos militares, armamento, helicópteros, aparatos e infraestructura de aviación para apoyar vuelos de naves espías y de combate, provistas de radares aire a aire y de modernos equipos de comunicación y sistemas de imagen infrarroja (FLIR, por sus siglas en inglés) para operaciones nocturnas, así como el emplazamiento de una red de radares en tierra diseminados por todo el territorio colombiano.
El contexto se complementa con el presupuesto para la "guerra total" solicitado por Uribe al Congreso, como parte de un plan que comprende duplicar el número de soldados profesionales, el llamado a filas de reservistas y la vinculación de un millón de informantes pagos para actividades de inteligencia y lucha contra la "subversión"; los denominados "soldados campesinos", remedo de las "rondas campesinas" institucionalizadas por Alberto Fujimori en el Perú, con estatuto de "fuerzas complementarias" de las instituciones castrenses en la lucha contrainsurgente.
Es en ese contexto que se entiende la presunta desmovilización de parte de los paramilitares de las AUC, que habrán de disolverse en el millón de "amigos" de las fuerzas armadas, obteniendo impunidad por sus numerosos crímenes de lesa humanidad, con el agravante de que su actividad militar irregular estará legalizada.
Génesis del paramilitarismo
En la pasada coyuntura electoral colombiana, la red alternativa de comunicación Vientos del Sur formulaba una sugerente pregunta: "¿Cómo llegaron los escuadrones de la muerte al poder en Colombia?" La alusión implícita a Alvaro Uribe y a la adopción del paramilitarismo como programa de gobierno no dejaba lugar a dudas. ¿Pero cómo se dio ese fenómeno?
Existen varios estudios sobre el proceso de paramilitarización del actual Estado colombiano, pero muy pocos recogen un dato significativo: el origen de los paramilitares hay que buscarlo en 1962, dos años antes de la formación de las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Ese año, un análisis de inteligencia del Pentágono "identificó al Macizo Andino colombiano (eje del actual Plan Colombia) como un territorio clave. Y ya entonces, incluso antes de que surgiera la insurgencia armada en la región -dice el investigador Hernando Gómez-, el estudio recomendaba al ejército local la instalación allí de grupos de sabotaje y paramilitares".
Pero además, el surgimiento del paramilitarismo como una necesidad del Estado colombiano para el mantenimiento del statu quo en tiempos de guerra, está conectado con las políticas de seguridad diseñadas para América Latina por el presidente estadunidense John F. Kennedy, precisamente en 1962. En un discurso en la academia militar de Westpoint, Kennedy concluía: "Contrainsurgencia son aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, sicológicas y cívicas adoptadas por un gobierno con el fin de derrotar una insurrección subversiva".
La práctica posterior del paramilitarismo, vía los escuadrones de la muerte y otras formaciones irregulares armadas, vino a demostrar que es una modalidad de guerra sucia de la contrainsurgencia clásica o su variable de guerra de baja intensidad. En Malasia y Kenia los ingleses crearon los Homes Guards; en Vietnam los estadounidenses utilizaron a los Boinas Verdes en su estrategia de guerra irregular dirigida a "ganar la mente y los corazones" de la población local; la región latinoamericana conoció los escuadrones de la muerte tipo la Triple A de Argentina o el Comando Caza Tupamaros de Uruguay en los 60, que fueron reconvertidos más tarde en Patrullas de Autodefensa Civil en Guatemala y El Salvador, pasando por la autodefensa popular en el Perú de Fujimori, institucionalizadas luego como Rondas Campesinas y Urbanas, del que se nutren las Autodefensas Unidas de Colombia, hasta llegar a los grupos paramilitares de Chiapas (México), Máscara Roja, Paz y Justicia y Los Chinchulines.
Una definición más reciente de este accionar encubierto del Estado, indica que "paramilitar constituye una actividad anexa o auxiliar de lo militar pero que al mismo tiempo la deforma, desvía o desnaturaliza. En su raíz más honda, el paramilitarismo se sustenta en la difumación de las fronteras entre lo civil y lo militar, y asume dos manifestaciones complementarias: el uso de civiles en el accionar militar y el accionar de militares subespecie civil sustentadas en la necesidad de oscurecer, encubrir, esconder, ocultar, de eludir responsabilidades, fingir identidades, disfrazar acciones, falsificar realidades, poner murallas a las investigaciones, imposibilitar esclarecimientos, confundir, engañar y obstruir la búsqueda de la verdad y obstaculizar la justicia; en otros términos, es de su esencia como ocurrió en la Alemania nazi establecer un imperio de Noche y Niebla" (red alternativa Viento del Sur).
Un elemento que hermana a todas las expresiones del paramilitarismo latinoamericano es que surgieron en el contexto de una doctrina de seguridad nacional de cuño estadunidense, con eje en el "enemigo interno", lo que evidencia su conexión ideológica (ayer contra la "subversión comunista", hoy contra el "terrorismo") y operativa como miembros adscritos a las fuerzas armadas locales, ya sea que se proclamen paramilitares, autodefensas o grupos de justicia privadas. En todos los casos su función es confundir, ocultar o encubrir la responsabilidad del Estado y sus cuerpos de seguridad, de manera que su clandestinidad evite cualquier enjuiciamiento legal o ético del accionar gubernamental.
Atravesada por una guerra civil de 40 años, Colombia no es la excepción. Pero tal vez aquí, incluso con mayores grados de violencia y barbarie, es donde el paramilitarismo responde a una instrumentación intencional y planeada del Estado como modelo de desarrollo de carácter desintegrador de la sociedad. Un modelo que combina transformaciones de tipo económico fundamental en el agro, con una "reforma agraria" reaccionaria hecha desde el poder dominante y al servicio de sus intereses. Ahí deben incluirse los megaproyectos de las multinacionales amparados por el Plan Colombia, primos hermanos de los que están previstos en el Plan Puebla-Panamá para México y Centroamérica.

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